La violencia y el territorio
Los últimos asesinatos, amenazas y hallazgos de restos humanos en Santa Cruz y Beni vuelven a encender las alarmas. No hay que precipitar conclusiones sobre sus conexiones, pero sí exigir que el Estado cumpla su obligación de proteger a la población y enfrentar a las organizaciones criminales.
Bolivia no puede acostumbrarse a las noticias de hombres acribillados, cuerpos abandonados, restos humanos calcinados y amenazas dirigidas a autoridades. La sucesión de hechos violentos registrada en los últimos días en Santa Cruz y Beni debería preocuparnos mucho más allá de la crónica policial. No porque todos los episodios respondan necesariamente a una misma organización o tengan un vínculo demostrado, sino porque muestran una realidad que se vuelve cada vez más difícil de ignorar: hay territorios donde la violencia vinculada a actividades ilícitas parece disputar espacio a la autoridad del Estado.
El asesinato de un hombre en el Cordón Ecológico cruceño, junto a un mensaje amenazante dirigido al viceministro de Defensa Social, Peter Maldonado, tiene una gravedad particular. No se trata únicamente de un crimen brutal. La advertencia busca intimidar a una autoridad pública y transmitir la idea de que existen organizaciones capaces de imponer sus propias reglas y exigir cuentas al Estado desde la violencia. Si esa amenaza pretende condicionar la actuación de las instituciones, la respuesta no puede ser el silencio ni la resignación.
A ello se suman el asesinato a tiros de un hombre en Guayaramerín y el hallazgo de restos humanos calcinados en una comunidad beniana. Las investigaciones deberán establecer identidades, móviles y responsabilidades. Sería irresponsable atribuir automáticamente todos estos episodios a una misma estructura criminal o presentarlos como consecuencias directas de disputas específicas sin pruebas. Pero también sería ingenuo ignorar el contexto de expansión de redes vinculadas al narcotráfico y la presencia de organizaciones criminales transnacionales en zonas fronterizas.
La aprehensión de Sebastián Marset en marzo y las posteriores detenciones de ciudadanos brasileños presuntamente relacionados con organizaciones como el Primer Comando da Capital y el Comando Vermelho han vuelto a poner de relieve la dimensión regional de estas redes. Sin embargo, detener a algunos operadores no significa desarticular las estructuras que sostienen sus actividades. El narcotráfico dispone de recursos, conexiones, capacidad de intimidación y mecanismos para recomponer sus redes. Combatirlo exige mucho más que operativos puntuales y conferencias de prensa.
El Gobierno tiene que asumir plenamente su responsabilidad. La seguridad ciudadana no puede quedar reducida a reaccionar después de cada asesinato ni a anunciar investigaciones que luego desaparecen de la agenda pública. Hace falta fortalecer la inteligencia policial, mejorar la coordinación entre las instituciones, controlar las rutas y los pasos fronterizos, perseguir el lavado de activos e identificar las redes financieras que permiten sostener estas organizaciones. El sicariato es la expresión más visible de un negocio criminal que necesita logística, dinero, protección y complicidades.
También es imprescindible proteger a los funcionarios que enfrentan estas estructuras. Una amenaza contra un viceministro no debe convertirse en un asunto personal ni en una disputa entre un hombre y una organización criminal. Es un desafío a la institucionalidad. La Fiscalía y la Policía deben investigar con independencia, preservar las pruebas y llegar hasta los responsables, sin presiones ni privilegios.
La violencia tiene, además, un costo que va mucho más allá de las víctimas directas. Deteriora la convivencia, condiciona la actividad económica, expulsa inversiones, genera miedo en las comunidades y compromete la confianza en las instituciones. Las regiones fronterizas no pueden quedar marcadas por la sospecha de que sus actividades comerciales y productivas están subordinadas a intereses ilícitos. Tampoco podemos permitir que la población termine considerando normales los asesinatos por encargo o las amenazas como parte inevitable de la vida cotidiana.
Bolivia necesita recuperar la autoridad del Estado en todo su territorio, pero hacerlo dentro de la ley y con instituciones capaces de investigar y sancionar. La respuesta no puede ser la violencia estatal indiscriminada ni los discursos de mano dura sin resultados. La seguridad se construye con prevención, inteligencia, justicia y presencia pública efectiva.
El país arrastra demasiados problemas como para añadir a ellos la normalización del miedo. Las organizaciones criminales no pueden decidir quién vive, quién muere o qué autoridad puede ejercer sus funciones. Erradicar la violencia es una tarea de Estado y una condición indispensable para cualquier proyecto de desarrollo. El Gobierno debe actuar ahora, con firmeza y resultados, porque cada territorio que pierde ante el crimen es también una oportunidad que pierde Bolivia.
