Paz, los audios y la transparencia
Los audios verificados que involucran a figuras del poder colocan al Gobierno en una hora decisiva. No corresponde dictar condenas anticipadas, pero tampoco refugiarse en la frase «que investigue la justicia» mientras crecen las sospechas y las familias soportan una crisis cada vez más dura
Un Gobierno puede sobrevivir a una mala decisión, a una promesa incumplida e incluso a una crisis económica difícil. Lo que no puede permitirse es que la ciudadanía sospeche que, mientras se le piden sacrificios, quienes ocupan los espacios de poder conversan sobre negocios, cargos e influencias como si el Estado fuera un tablero para repartir ventajas. Ese es el riesgo que enfrenta hoy, y desde hace muchos meses, la administración de Rodrigo Paz ante la difusión de audios atribuidos a algunas de sus figuras más influyentes.
Las verificaciones realizadas sobre la autenticidad de las grabaciones elevan la obligación de responder. Conviene mantener una distinción fundamental: comprobar que un audio no ha sido manipulado no demuestra automáticamente que todo lo dicho sea cierto, que se haya cometido un delito o que cada conversación tenga el sentido que se le atribuye. Eso debe establecerse mediante investigaciones serias, con pruebas y garantías. Pero esa cautela jurídica tampoco puede convertirse en una excusa para eludir la responsabilidad política.
La respuesta que se repite —«que investigue la justicia»— es necesaria, pero insuficiente, sobre todo luego de que se descabezara al Ministerio Público y se eligiera de madrugada en la Asamblea a un Fiscal General sugerido por un empresario o por el presidente Rodrigo Paz – nadie quiso finalmente aclararlo -. En ese marco, el Gobierno tiene el deber de aclarar qué relación mantienen los señalados con la administración pública, si intervinieron en decisiones o nombramientos y si existen indicios de conflictos de intereses. No puede limitarse a observar desde la barrera una crisis que compromete su propia credibilidad.
La transparencia exige medidas concretas: entregar a las autoridades la información pertinente, preservar documentos y registros, facilitar las investigaciones y explicar los procedimientos de contratación, designación y toma de decisiones que puedan estar bajo sospecha. Si hay funcionarios con responsabilidades ejecutivas directamente comprometidos en conversaciones que sugieren posibles negocios o tráfico de influencias, corresponde evaluar su apartamiento preventivo de esas funciones mientras se aclaran los hechos, sin convertir esa medida en una declaración de culpabilidad. La presunción de inocencia protege a las personas, pero no obliga al Estado a permanecer inmóvil.
Tampoco basta con negar, relativizar o descalificar a quienes difundieron la información. Si las grabaciones están fuera de contexto, que se explique cuál es el contexto completo. Si las conversaciones se refieren a asuntos legítimos, que se presenten los antecedentes que lo demuestren. Si hubo irregularidades, que se identifiquen responsabilidades y se actúe. El silencio y las respuestas genéricas solo agrandan las sospechas.
La gravedad política aumenta por el momento en que ocurre. Muchas familias están al límite, enfrentadas al encarecimiento de la vida, la incertidumbre económica y la dificultad de llegar a fin de mes. A los ciudadanos se les exige paciencia, se les habla de ajustes y se les pide confiar en que las decisiones difíciles abrirán un camino mejor. Esa confianza se erosiona cuando aparecen conversaciones que proyectan la imagen de un poder ocupado en repartir oportunidades, influencias o negocios. La distancia entre el sacrificio de la gente y las conductas que sugieren esos audios resulta intolerable.
Rodrigo Paz llegó al Gobierno con la promesa de cambiar prácticas que deterioraron la confianza en las instituciones. Por eso, su respuesta no puede consistir en administrar el escándalo hasta que la atención pública se desplace a otro asunto. La renovación se demuestra cuando se aplican estándares exigentes también a los propios, cuando no se protegen aliados y cuando las reglas se cumplen sin excepciones.
No hay condenas previas, se trata de que el Gobierno comprenda que la investigación judicial no agota sus obligaciones. La justicia determinará las responsabilidades penales; el Ejecutivo debe responder por la transparencia, la idoneidad de sus equipos y la integridad de las decisiones públicas.
El momento es crítico y la confianza no se recuperará con declaraciones. Se necesitan información completa, explicaciones precisas, cooperación real con los investigadores y decisiones oportunas. Mientras las familias hacen cuentas para sobrevivir, el Gobierno no puede hacerse el desentendido. Gobernar también significa dar la cara, especialmente cuando las preguntas alcanzan a quienes están más cerca del poder.
