La frontera y el abandono
Las restricciones argentinas al paso de mercancías amenazan el sustento de miles de familias de Yacuiba y Bermejo en un momento en el que el crimen organizado gana terreno
Las fronteras suelen aparecer en el discurso nacional cuando hay una crisis diplomática, un operativo contra el contrabando o una oportunidad para anunciar inversiones. Después, vuelven a quedar lejos de las prioridades. En Yacuiba y Bermejo, sin embargo, la frontera no es una línea dibujada en un mapa: es el lugar donde se trabaja, se compra, se vende y se sostiene a miles de familias que tienen pocas alternativas económicas. Por eso, las nuevas restricciones argentinas al ingreso de mercancías – de forma legal - no son un asunto menor de aduanas. Son una amenaza directa para una economía regional frágil, que lleva años esperando una estrategia de desarrollo y que ahora se encuentra ante otro golpe.
La decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina, que limita el paso de determinadas mercancías y establece topes por persona, ya está repercutiendo en los bagayeros, los transportistas, los comerciantes y quienes viven de actividades vinculadas al movimiento fronterizo. Detrás de cada carga que deja de pasar hay ingresos que desaparecen, un puesto de venta que factura menos, un vehículo que no consigue trabajo y una familia que debe recortar gastos. Los gremiales advierten que también puede resentirse el abastecimiento de productos básicos y aumentar el precio de alimentos e insumos que forman parte de la vida cotidiana de la región, especialmente en Tarija capital.
El problema no se limita a quienes transportan mercadería. La economía fronteriza funciona como una cadena: cuando se reduce el movimiento, pierden los vendedores, los restaurantes, los taxistas, los fleteros y los pequeños negocios. Si además escasean insumos como la harina y la manteca, el impacto puede llegar a las panaderías y trasladarse al precio del pan y de otros productos. En un contexto de combustible caro, dificultades de abastecimiento y pérdida de poder adquisitivo, cada incremento adicional golpea a hogares que ya hacen esfuerzos para llegar a fin de mes.
Argentina, más allá de sus discursos grandilocuentes sobre el libre comercio, tiene derecho a regular sus fronteras y combatir las irregularidades aduaneras para tratar de contener su inflación. Bolivia no puede exigir que el vecino mantenga indefinidamente condiciones comerciales que responden a sus propias decisiones soberanas, y de hecho más nos hubiera valido invertir esfuerzos en garantizar nuestra producción nacional y no confiar en el tráfico de la frontera, pero en cualquier caso, los efectos de la medida es algo que hay que discutir de forma bilateral.
La respuesta boliviana no puede limitarse a lamentar lo ocurrido ni a esperar que el problema se resuelva solo, porque como se sabe por demás, el crimen organizado está al acecho para ganar territorios y la vulnerabilidad económica es, sin duda, la que más facilita los procesos.
Yacuiba y Bermejo llevan demasiado tiempo dependiendo de una economía fronteriza vulnerable a decisiones tomadas al otro lado de la línea internacional. Esa actividad genera empleo y sostiene a numerosas familias, pero también se desarrolla en un terreno donde la informalidad, la precariedad laboral y la falta de controles eficaces pueden abrir espacio al contrabando, la explotación y el crimen organizado. Cuando el trabajo se reduce y no existen alternativas, aumentan los incentivos para buscar ingresos por vías más riesgosas. No se trata de criminalizar a quienes trabajan para sobrevivir, sino de reconocer que el abandono estatal crea condiciones que las redes ilegales saben aprovechar.
Precisamente por eso, la solución no puede ser una respuesta policial aislada ni una flexibilización improvisada que termine beneficiando a quienes operan fuera de la ley. Se necesita distinguir entre el pequeño trabajador que depende de transportar mercancías para alimentar a su familia y las estructuras que lucran con el contrabando organizado. La formalización debe ser posible, gradual y acompañada de oportunidades reales. No se puede exigir que una economía entera cambie de un día para otro si el Estado no ofrece crédito, capacitación, infraestructura, mercados ni alternativas de empleo.
La frontera necesita también una política productiva. Tarija tiene que plantearse cómo abastecer mejor a sus ciudades, cómo conectar a sus productores con los mercados nacionales, cómo reducir los costos de transporte y cómo aprovechar su posición geográfica para desarrollar servicios logísticos, comercio formal y pequeñas industrias.
Yacuiba y Bermejo no necesitan compasión ocasional ni promesas cada vez que estalla una crisis. Necesitan presencia estatal, respuestas inmediatas y una estrategia que les permita vivir de su trabajo sin depender de la próxima carga que consiga cruzar la frontera. La urgencia es hoy; el desarrollo, una obligación que ya no admite más postergaciones.
