Un año de promesas fallidas
Rodrigo Paz ganó prometiendo un cambio de rumbo, pero su primer aniversario electoral encuentra a Bolivia con combustibles más caros, un acuerdo con el FMI y una agenda de reformas estructurales todavía pendiente. El ajuste avanza; la transformación del Estado, no tanto.
Hoy se cumple un año de la victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira. Fue un triunfo incontestable que despertó ciertas expectativas de renovación y que, sobre todo, expresó el deseo de una mayoría de bolivianos de dejar atrás un modelo agotado, marcado por la crisis económica, la pérdida de reservas, la escasez de dólares y el deterioro de las instituciones, pero sin entrar en una revolución. El nuevo presidente recibió un mandato para cambiar las cosas. Doce meses después de aquella victoria, corresponde preguntarse cuánto de ese cambio se ha materializado y cuánto continúa siendo una promesa.
El balance no puede ignorar las dificultades heredadas. Bolivia no llegó a esta crisis por accidente, y sería injusto exigir que un Gobierno resolviera en meses problemas acumulados durante años – aunque en campaña se entrara en absurdas competencias de 100 días, tres meses, un día…-. La caída de los ingresos del gas, el déficit fiscal, la debilidad de las reservas y la dependencia de las importaciones de combustibles condicionaban cualquier decisión. Pero reconocer ese contexto no significaba un cheque en blanco para el Ejecutivo, que hasta hoy sigue victimizándose. Precisamente porque la situación era tan delicada, la ciudadanía tenía derecho a esperar una hoja de ruta clara, coherente y capaz de distinguir entre las medidas urgentes y las transformaciones necesarias para salir del ciclo de crisis. En lugar de eso y a pesar de contar con una mayoría “natural” en la Asamblea, se dedicó a abrir frentes políticos – con Lara, con Patria, con Lupo, etc., que lo convirtieron en medianía.
En el terreno económico, el Gobierno ha tomado decisiones de impacto, pero dejando a mucha gente atrás. Ha flexibilizado el esquema cambiario – quizá lo único que había anticipado en campaña -, y ha eliminado la subvención al diésel, mientras el encarecimiento de los combustibles y sus efectos sobre el transporte y los alimentos trasladan una parte importante del ajuste a los hogares y al aparato productivo. También ha recurrido al Fondo Monetario Internacional, pese a que durante la campaña Paz había descartado esa posibilidad. El acuerdo por 1.900 millones de dólares implica compromisos fiscales y reformas que seguirán golpeando a los más débiles.
No todas estas decisiones son necesariamente equivocadas, aunque probablemente todas han sido mal gestionadas y peor comunicadas. Bolivia necesita estabilizar sus cuentas, recuperar la disponibilidad de divisas y dejar atrás distorsiones que consumen recursos sin resolver los problemas de fondo. La cuestión es cómo se hace, quién asume los costos y qué se obtiene a cambio. Si el sacrificio de las familias y las empresas se convierte en la principal evidencia de la transformación, mientras las reformas que deberían generar producción, empleo y oportunidades continúan demoradas, el Gobierno corre el riesgo de perder el respaldo que hizo posible su victoria.
La contradicción más visible está en la distancia entre la velocidad del ajuste y la lentitud de las reformas estructurales. Se han tomado decisiones que modifican de manera directa el costo de vivir y producir, pero todavía se espera una agenda consistente para transformar la justicia, establecer nuevas reglas económicas, reformar el régimen de hidrocarburos y reorganizar el sector energético. Bolivia necesita seguridad jurídica, instituciones que funcionen, inversión productiva y un Estado capaz de regular sin asfixiar y de promover sin repartir privilegios. No alcanza con cambiar precios o conseguir financiamiento: hace falta construir las condiciones para que la economía vuelva a generar riqueza.
No haber apostado por una constituyente o una reforma constitucional avalada en las ánforas le seguirá penalizando, pues la seguridad jurídica no se declama. En la misma línea, la apuesta inconsulta por el Escudo de las Américas de Donald Trump implica concesiones que condicionarán la soberanía, algo que ya está quedando patente con la lentitud con la que se abordan asuntos clave como el litio.
Es posible que Rodrigo Paz ya no tenga tiempo para corregir el rumbo y acercarse siquiera algo a lo que prometió en campaña. El tiempo político no es ilimitado. La confianza se desgasta cuando las decisiones difíciles llegan antes que las soluciones y cuando las reformas anunciadas no se convierten en hechos. Bolivia no necesita un Gobierno que se limite a administrar la crisis y a pedir sacrificio a unas personas mientras otras se toman vacaciones en Boca Ratón. Bolivia necesita un gobierno capaz de aprovechar la urgencia para transformar las estructuras que la hicieron posible. Un año después de la victoria, la pregunta ya no es si el presidente recibió un mandato para cambiar el país. La pregunta es si tiene al menos voluntad de intentar algo distinto a cruzar los brazos y esperar a que las “fuerzas del mercado” y las instrucciones del FMI operen, con el riesgo de canibalización que eso supone.
