San Jacinto: recuperar el control para pensar el futuro
Revisar el contrato de San Jacinto es una decisión razonable si las condiciones perjudican a Tarija, pero debe abrir una estrategia de “soberanía” energética departamental, basada en renovables y compatible con las necesidades del riego
Hay contratos que, por su duración y sus condiciones, terminan convirtiéndose en asuntos pendientes de una administración a otra. El convenio que permite a ENDE Guaracachi operar la central hidroeléctrica de San Jacinto durante 30 años parece ser uno de ellos. La Gobernación de Tarija sostiene que el reparto de ingresos, con un 92% para la empresa estatal y apenas un 8% para el departamento, resulta desfavorable y ha planteado buscar una terminación de mutuo acuerdo. La iniciativa merece ser respaldada, siempre que se conduzca con rigor, transparencia y una visión que vaya más allá de la disputa contractual.
El acuerdo fue firmado en 2015, en un contexto institucional complejo para los servicios eléctricos departamentales cuando el título habilitante de Setar estaba en riesgo. Nadie lo reconocerá, aunque todo el mundo lo asume. Una década después, corresponde examinar aquellas condiciones abusivas y condicionadas para que el departamento reciba una compensación razonable por un recurso estratégico para su desarrollo. Que una empresa estatal opere la central no elimina la obligación de justificar las condiciones económicas ni convierte el contrato en intocable, sobre todo porque Tarija sigue pagando religiosamente la obra de San Jacinto aun cuando el crédito con el que se construyó fue condonado al Estado. Los intereses públicos también deben revisarse cuando los resultados no parecen equitativos.
Conviene además precisar el objetivo. No se trata simplemente de cambiar un porcentaje por otro, ni de reemplazar a un operador por otro para continuar haciendo lo mismo. Tarija necesita conocer las cuentas, las obligaciones de mantenimiento, los costos de operación, los ingresos reales y las condiciones para una eventual transición. La negociación debe partir de información verificable y terminar en un acuerdo que pueda explicarse a la ciudadanía. Una rescisión precipitada, sin evaluar las cláusulas y sus consecuencias, podría abrir nuevos problemas en lugar de resolver los existentes.
San Jacinto tampoco puede analizarse como una central eléctrica aislada. Su importancia para el valle central reside en su doble función: generar energía y almacenar agua para el riego agrícola. Esa condición obliga a compatibilizar las necesidades de la producción eléctrica con las de los agricultores, especialmente en los periodos secos. El embalse no es únicamente un activo que genera ingresos; es también una infraestructura esencial para sostener cultivos, empleos y actividad económica. Cualquier nuevo acuerdo debe establecer con claridad cómo se administra el agua, quién toma las decisiones operativas y qué garantías tienen los regantes.
La central aporta una fracción pequeña de la electricidad que consume Bolivia, pero su importancia regional no se mide solo en megavatios hora. Precisamente por eso, la negociación debe contemplar un modelo de gestión que proteja sus dos funciones y que permita a Tarija obtener un beneficio justo sin poner en riesgo la continuidad del servicio ni restringir el acceso al agua. La transparencia en los ingresos y la rendición de cuentas deben formar parte de cualquier solución.
Sin embargo, el debate más importante está todavía por delante. Tarija no puede limitar su política energética a negociar mejores condiciones sobre una infraestructura construida hace décadas. El departamento necesita una estrategia propia para aprovechar sus recursos, reducir vulnerabilidades y participar de manera más activa en la transformación de la matriz energética boliviana. La “soberanía” energética departamental es un concepto teórico, pues el monopolio exige vender toda la electricidad al sistema interconectado nacional que suministra después a todas las distribuidoras como Setar, pero eso no impide que el departamento tenga capacidad de planificar, producir y gestionar energía para participar de un mercado atractivo y, dado el caso, atender las necesidades regionales. La autosuficiencia es una de las claves del actual mercado mundial.
Esa estrategia debe mirar hacia las fuentes renovables. Tarija dispone de condiciones para estudiar y desarrollar proyectos solares – Yunchará -, eólicos – La Ventolera sigue abandonado - y otras alternativas compatibles con su territorio, sus recursos hídricos – en Huacata hay potencialidad de aprovechamiento de sobra - y sus actividades productivas.
El horizonte tarijeño debe ser avanzar hacia una matriz más limpia y menos dependiente de las termoeléctricas alimentadas con combustibles fósiles cada vez más escasos en nuestro departamento. No se logrará de un día para otro, ni sería responsable desmantelar capacidades de respaldo antes de contar con alternativas suficientes. Pero sí se puede dejar de tratar la dependencia térmica como un destino inevitable y establecer metas graduales, con inversiones y plazos verificables. La transición energética necesita planificación, no consignas.
Para ello habrá que explorar fórmulas institucionales y económicas. El proyecto de la Empresa Departamental de Energía quedó en el olvido, pero está respaldado, mientras que existen otras fórmulas como las asociaciones público – privada que pueden abrir nuevos horizontes para Tarija.
Tarija tiene derecho a exigir condiciones justas por sus recursos y a participar de manera más activa en las decisiones que afectan su desarrollo, pero ejercer ese derecho exige algo más que reclamar una parte mayor de los ingresos.
