La pobreza que el Estado no sabe medir
Bolivia distribuye bonos y ayudas sin contar con una radiografía completa, actualizada y verificable de los ingresos y el patrimonio de los hogares. Sin esa información, la política social atiende categorías administrativas antes que necesidades reales.
Un Estado que no sabe con suficiente precisión quién necesita ayuda difícilmente puede distribuirla bien. En Bolivia, esta limitación se ha convertido en una de las grandes deudas de la política social: no contamos con un sistema integral, actualizado e interoperable que permita aproximarnos con rigor a la situación económica real de cada hogar, sus ingresos, sus bienes, sus cargas familiares y su vulnerabilidad. No es que el país carezca de estadísticas o de registros de beneficiarios. El problema es que esa información no conforma todavía una herramienta sólida y común para orientar, evaluar y corregir las ayudas públicas.
La pobreza, además, no siempre se deja reconocer a simple vista. Tener un empleo formal no significa necesariamente ganar más que quien trabaja por cuenta propia. Un pequeño comerciante puede generar ingresos superiores a los de un asalariado; un profesional independiente puede tener meses buenos y otros sin facturación; una familia puede poseer una vivienda modesta y, aun así, no disponer de dinero para comer: un campesino puede tener docenas de hectáreas y lotes a su disposición. También hay hogares con ingresos relativamente altos, pero con deudas, dependientes o gastos extraordinarios. Si el Estado clasifica a las personas mediante señales indirectas, corre el riesgo de dejar fuera a quien necesita apoyo e incluir a quien no lo necesita tanto.
Algo parecido ocurre cuando se utilizan características como el tipo de colegio al que asisten los hijos para inferir la capacidad económica de una familia. Esos indicadores pueden aportar información, pero no sustituyen una evaluación integral. La realidad es demasiado diversa para reducirla a una casilla: empleo formal o informal, escuela fiscal o privada, domicilio en una zona u otra. Las categorías administrativas son útiles para gestionar, pero se vuelven injustas cuando se confunden con una medida exacta de la necesidad.
Aquí hay una responsabilidad histórica que no se puede eludir. El Movimiento al Socialismo gobernó durante casi dos décadas y atravesó años de bonanza extraordinaria. Amplió las transferencias sociales y construyó programas que llegaron a millones de personas, pero no aprovechó esos recursos y ese tiempo para consolidar un registro socioeconómico integral, confiable y periódicamente actualizado que permitiera conocer mejor a la población y dirigir las políticas con mayor precisión. No bastaba con repartir beneficios: también había que fortalecer la capacidad del Estado para saber quién los necesitaba, medir sus resultados y evitar duplicaciones, exclusiones o errores.
Señalar esa deuda no exonera a los gobiernos actuales ni a los que vengan. Un país no puede seguir usando las omisiones del pasado como explicación permanente para no resolver problemas urgentes del presente. La administración de Rodrigo Paz tiene la oportunidad —y la obligación— de convertir esta tarea en una prioridad nacional, con reglas claras, protección de datos personales, coordinación entre instituciones y mecanismos para actualizar la información sin castigar a quienes viven de actividades informales o ingresos variables.
Los bonos pueden cumplir funciones legítimas. El Juancito Pinto puede contribuir a sostener la permanencia escolar; la Renta Dignidad representa un ingreso fijo para personas mayores, especialmente para quienes no tienen una jubilación contributiva; y el PEPE busca aliviar la presión sobre hogares vulnerables. El problema no es que existan estas ayudas – de montos paupérrimos, por cierto - sino creer que eso es una política social integral. Trescientos bolivianos al año para un estudiante, o una transferencia extraordinaria de 150 bolivianos al mes durante unos pocos meses, apenas representan un alivio y no cambian por sí solos las condiciones que empujan a una familia a la pobreza.
Cuando el Gobierno exhibe un bono como prueba de protección social, debería responder preguntas más exigentes: ¿a quién llega?, ¿quién queda fuera?, ¿qué necesidad cubre?, ¿cuánto mejora la vida del beneficiario?, ¿qué cuesta financiarlo y cómo se mide su impacto? Sin datos fiables, la política pública se convierte demasiado fácilmente en anuncio, cálculo electoral o reparto basado en aproximaciones.
Construir un registro socioeconómico no significa etiquetar a los ciudadanos ni abrir la puerta a la vigilancia arbitraria. Significa establecer un sistema transparente, con garantías de privacidad, criterios verificables, auditorías independientes y vías sencillas para corregir errores. Debe combinar encuestas de hogares con registros administrativos, información tributaria y patrimonial legalmente accesible, y mecanismos que reflejen la informalidad y la inestabilidad de los ingresos. Ninguna fuente aislada contará toda la historia; cruzarlas responsablemente puede acercarnos a una imagen mucho más justa.
La meta tampoco debe ser limitarse a “identificar pobres” para repartirles una ayuda. La información debe permitir diseñar políticas diferenciadas, evaluar si funcionan y acompañar a las familias hacia mejores oportunidades: empleo, formación, salud, educación, cuidados y acceso a servicios básicos. La pobreza no se resuelve con un padrón, pero sin conocerla adecuadamente es mucho más difícil combatirla.
Bolivia ya ha perdido demasiadas oportunidades para construir instituciones que duren más que un gobierno. La bonanza no vuelve, las necesidades crecen y los recursos públicos son limitados. Seguir improvisando criterios mientras se anuncian bonos cada vez más pequeños frente al costo de la vida es una manera de aplazar el problema, no de resolverlo. El MAS debe responder por no haber hecho lo suficiente cuando tuvo la oportunidad; el Gobierno actual debe responder por lo que haga —o deje de hacer— ahora.
Antes de que la desconfianza y la arremetida ultra termine por vaciar de sentido la política social, Bolivia necesita saber mejor cómo viven sus habitantes y qué necesita cada hogar. No para convertir la pobreza en una etiqueta permanente, sino para que la ayuda llegue con justicia y para que deje de ser necesaria. Un Estado serio no presume solamente de cuánto reparte: demuestra que sabe a quién ayuda, por qué lo hace y qué resultados consigue.
