Soberanía y libertad de mercado, los debates de la Ley Eléctrica

El Gobierno envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables. La propuesta busca reemplazar la Ley 1604, vigente desde 1994, y actualizar las reglas de un sector que hoy incluye empresas estatales, privadas y mixtas, además de tecnologías como la generación solar y eólica, el almacenamiento de energía y la electromovilidad. La Asamblea tendrá que revisar el texto y formular sus observaciones de acuerdo a la dinámica parlamentaria. Unidad se reúne este miércoles en Santa Cruz para analizar varios temas y Libre también lo está analizando.

En general, se identifica el proyecto como otro híbrido entre dos corrientes, muy al estilo del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Así, combina dos apuestas que pueden generar debate: Por un lado, conserva un papel fuerte para el Estado: planificar la expansión del sistema, fijar políticas, otorgar licencias y regular precios y tarifas. Por otro, propone atraer inversión pública y privada, abrir procesos de licitación y subasta, facilitar contratos de largo plazo y ampliar las posibilidades de exportar electricidad.

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Una lectura nacionalista

Desde una mirada nacionalista, la electricidad es un recurso estratégico y un servicio esencial. No se trata solo de producir energía, sino de garantizar que haya suministro suficiente dentro del país, que las tarifas sean razonables y que las decisiones sobre infraestructura respondan a prioridades nacionales. Desde esta perspectiva, la planificación estatal puede ayudar a coordinar proyectos de largo plazo y evitar que la rentabilidad privada determine por sí sola dónde se invierte y quién recibe el servicio.

Pero esa misma visión puede plantear reparos al proyecto. Aunque el Estado conserva funciones centrales, el texto permite exportar excedentes e incluso considera plantas construidas directamente para la exportación. También propone contratos de suministro de al menos quince años y licencias que pueden extenderse hasta cuarenta. Una crítica nacionalista podría preguntar qué garantías hay de que el mercado interno tendrá prioridad, cómo se distribuirán los beneficios de las exportaciones y cuánto margen conservarán los futuros gobiernos para cambiar de rumbo. La ley dispone que las exportaciones deben corresponder a electricidad excedente y que el regulador debe verificarlo; el debate será si esos resguardos bastan y cómo se aplicarán.

Una visión liberal

Desde una mirada liberal-libertaria, el principal desafío puede ser el peso de la intervención estatal. El proyecto reserva al Gobierno y al regulador decisiones sobre planificación, licencias, tarifas, expansión de redes y condiciones de operación. También impone a las empresas privadas límites de participación y separación entre actividades, mientras permite que empresas públicas vinculadas operen en varios segmentos bajo ciertas reglas. Para esta perspectiva, esas normas pueden reducir la competencia, limitar la libertad de organización empresarial y dejar decisiones económicas importantes sujetas a la discrecionalidad de autoridades públicas.

Sin embargo, el proyecto también contiene elementos que podrían atraer a quienes priorizan la inversión y la competencia. Prevé licitaciones y subastas para incorporar generación y ampliar redes, reconoce la iniciativa privada y busca dar previsibilidad mediante contratos de largo plazo. La pregunta liberal sería si esos mecanismos serán realmente abiertos y competitivos, o si el diseño de las licencias, los topes empresariales y las tarifas reguladas terminará restringiendo la entrada de nuevos participantes. La estabilidad jurídica que el texto promete dependerá tanto de sus artículos como de los reglamentos que se aprueben después.

¿Y las tarifas?

Las tarifas muestran con claridad la tensión entre ambas visiones. El proyecto mantiene precios y tarifas bajo regulación y define cómo calcular varios de sus componentes. Para una postura nacionalista, esa regulación puede proteger a los usuarios y limitar cobros excesivos. Para una postura liberal, los controles pueden distorsionar señales de precios o dificultar que las empresas recuperen inversiones. El texto fija una tasa de actualización anual del diez por ciento en términos reales y vincula el retorno reconocido a un indicador de empresas de servicios públicos de Estados Unidos. Esa fórmula merece atención legislativa: ¿refleja adecuadamente las condiciones del país?, ¿cómo repercute en las tarifas?, ¿qué margen queda para que el regulador ajuste los parámetros con evidencia y transparencia?

Hay otros asuntos donde el desacuerdo no se limita a la economía. La norma reconoce la consulta previa y los derechos de pueblos indígenas, pero también asigna al nivel central responsabilidades amplias de planificación y promoción de proyectos. La Asamblea podría examinar si la consulta y la protección ambiental quedan suficientemente desarrolladas en la ley o si dependen demasiado de futuras reglamentaciones. Asimismo, el proyecto permite cortar el suministro a consumidores regulados tras dos facturas impagas, sin un trámite previo, un punto que plantea preguntas sobre protección de usuarios vulnerables y cumplimiento de obligaciones de pago, además de planteamientos constitucionales específicos.

Un análisis político y técnico

A falta de que las bancadas se posicionen y al margen de las interpretaciones finales de cada artículo, los expertos por ahora consideran que conviene distinguir entre el debate político y el examen del articulado: el proyecto no es simplemente una privatización ni una estatización. Mantiene un Estado planificador y regulador, pero abre espacios para nuevos actores privados, contratos de largo plazo y comercio internacional.

La tarea legislativa será precisar cómo se equilibran esos componentes, por ejemplo, incluyendo reglas que garanticen que se cubra prioritariamente la demanda interna con margen de desarrollo, como garantizar la competencia y cómo proteger al usuario vulnerable.