La crisis se mide en platos vacíos
Uno de cada tres hogares consultados por la Defensoría del Pueblo está reduciendo sus comidas por falta de dinero. Ese dato debería obligar al país a mirar la crisis económica desde donde importa: la mesa de las familias
Las cifras macroeconómicas hablan de inflación, reservas, déficit, créditos y ajustes. Pero hay una cifra que debería pesar más que todas: una de cada tres familias consultadas por la Defensoría está comiendo menos veces al día porque el dinero ya no alcanza.
La Defensoría encontró que el 71% de los consultados considera insuficiente su presupuesto para alimentarse, el 94% redujo la cantidad de alimentos que compra y el 86% modificó sus hábitos. El 11% incluso redujo gastos de salud para destinar esos recursos a la alimentación.
Es difícil encontrar una descripción más concreta de la crisis.
Según la Encuesta de Hogares 2025 del INE, 44,7% de los bolivianos estaba en situación de pobreza y 16,7% en pobreza extrema. Además, 34,1% de los hogares tuvo dificultades para consumir alimentos saludables y nutritivos por falta de dinero y 23,9% declaró haber comido menos de lo que debería.
Esto debería cambiar la manera en que se discute el ajuste.
El retiro de la subvención al diésel era una decisión que tarde o temprano debía abordarse. Una subvención generalizada, costosa y regresiva no podía sostenerse indefinidamente. Pero reconocer esa necesidad no significa ignorar sus consecuencias.
El problema aparece cuando el ajuste se diseña como si todos los hogares tuvieran la misma capacidad para absorberlo.
Una familia de ingresos altos puede cambiar marcas, reducir consumos o postergar una compra. Una familia que ya destina casi todo su ingreso a alimentación, transporte y vivienda no tiene mucho margen. Cuando el precio sube, no necesariamente compra menos porque quiere: compra menos porque no puede comprar lo mismo.
Ahí está el verdadero rostro de esta crisis. No está solamente en el tipo de cambio, las reservas o la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Está en la calidad de la alimentación, en la salud que se posterga, en la deuda que crece y en la cantidad de comidas que desaparecen de una mesa.
Ninguna política económica puede considerarse exitosa si para estabilizar al Estado obliga a las familias a desestabilizar su alimentación para toda la gente.
El acuerdo con el FMI aporta recursos y puede ayudar a estabilizar las reservas, pero no es una solución mágica. Son recursos que deberán ser devueltos y vienen acompañados de compromisos de ajuste. Si a la eliminación de las subvenciones se suman congelamiento salarial, reducción del gasto y una eventual flexibilización cambiaria, el impacto sobre los hogares dependerá de cuánto pueda crecer la economía y de qué mecanismos de protección se establezcan.
Por eso no basta con decir que el ajuste es inevitable. Hay que preguntarse quién lo paga. Si los salarios pierden poder adquisitivo mientras aumentan alimentos, transporte y servicios, la estabilidad de las cuentas públicas puede terminar construyéndose sobre la inestabilidad de las familias. Y eso no sería una verdadera solución.
Bolivia no puede acostumbrarse a una economía donde la primera variable de ajuste sea el plato de comida.
Si hay que recortar gasto, hay que revisar privilegios, burocracia, empresas públicas deficitarias, compras innecesarias y toda erogación que no produzca valor. Si hay que ordenar las cuentas, hay que proteger las capacidades productivas. Si hay que reformar los subsidios, hay que acompañar el cambio con mecanismos focalizados para quienes producen y para quienes realmente necesitan protección, porque una cosa es eliminar una subvención generalizada y otra muy distinta es dejar a las familias solas frente al shock.
El país necesita salir de la crisis, pero no puede hacerlo empobreciendo a quienes ya son pobres. Necesita estabilizar sus cuentas, pero también recuperar el poder de compra. Necesita reservas, pero también alimentos. Necesita inversión, pero también empleo. Necesita disciplina fiscal, pero también una política social que impida que el ajuste termine convertido en hambre.
Una economía sana no es aquella en la que solamente cuadran las cuentas del Estado. Es aquella en la que las familias pueden vivir dignamente con sus ingresos.
Por eso, antes de celebrar cualquier indicador macroeconómico, deberíamos preguntarnos qué está pasando en las cocinas de Bolivia.
Si uno de cada tres hogares está reduciendo sus comidas por falta de dinero, la crisis ya no es una amenaza futura. Está servida en la mesa.
Y ninguna política económica puede considerarse exitosa si para estabilizar al Estado obliga a las familias a desestabilizar su alimentación para toda la gente.
