El debate de la exploración
El país necesita recuperar su capacidad hidrocarburífera, pero la nueva etapa no puede consistir en repetir el modelo que convirtió las reservas en renta de corto plazo. Explorar y producir debe volver a ser una política de Estado.
Hay una discusión que Bolivia debería recuperar sin complejos: la exploración y explotación de hidrocarburos. Durante demasiado tiempo el debate quedó atrapado entre dos extremos. De un lado, quienes creen que el gas resolverá nuevamente todos nuestros problemas y que es cuestión de tiempo que eso pase. Del otro, quienes parecen asumir que, porque la era del gas fácil terminó, Bolivia debe resignarse a importar energía y observar cómo otros países desarrollan sus recursos.
Ninguna de las dos posiciones sirve. Bolivia necesita seguir explorando. Y necesita producir aquello que encuentre en los lugares oportunos. No porque el país deba volver al pasado, sino precisamente porque el futuro energético exige tener recursos, infraestructura, mercados y capacidad de decisión.
Lo cierto es que Bolivia consumió buena parte de la renta generada por los hidrocarburos sin garantizar suficientemente la reposición de reservas. El resultado es conocido: menor producción, pérdida de mercados y creciente dependencia de combustibles importados. Según los datos, la producción de gas cayó 57% en una década y las reservas también se redujeron significativamente. Son cifras que deberían obligar a discutir menos sobre consignas y más sobre cómo recuperar capacidad productiva.
Hay una diferencia fundamental entre nacionalizar un recurso y administrarlo bien. El Estado tiene todo el derecho —y también la obligación— de defender los intereses nacionales sobre sus recursos naturales, pero soberanía no significa cerrar las puertas a la inversión, ni confundir control estatal con gestión estatal eficiente. Tampoco significa que toda empresa privada sea sospechosa por definición.
El petróleo y el gas pertenecen al Estado boliviano. Eso no impide que capitales privados, nacionales o extranjeros participen en la exploración y explotación bajo reglas claras, pagando los impuestos y regalías correspondientes y sometiéndose a la legislación nacional.
Bolivia no necesita regalar sus recursos. Necesita establecer condiciones suficientemente atractivas para que el capital asuma el riesgo de explorar, suficientemente exigentes para que el Estado capture una parte justa del beneficio y suficientemente transparentes para evitar que los contratos terminen convertidos en negociaciones políticas.
Y, sobre todo, necesita entender que explorar no es producir. Un descubrimiento no significa automáticamente ingresos inmediatos. Mayaya, por ejemplo, puede tener potencial, pero requiere inversión, infraestructura, ductos, mercados y condiciones contractuales que permitan desarrollar ese potencial.
La exploración es una apuesta de largo plazo. Puede haber pozos secos. Puede haber descubrimientos que no sean comercialmente viables. Puede haber gas debajo de la tierra que resulte demasiado caro de extraer o transportar. Por eso resulta todavía más absurdo haber tratado durante años la exploración como una cuestión secundaria.
Bolivia necesita una política energética que mire treinta años hacia adelante y no solamente el presupuesto del próximo año. La propia Fundación Jubileo plantea que el país confundió durante décadas política energética con política hidrocarburífera y que la transición será larga. Eso no significa abandonar el gas. Significa utilizar el tiempo que todavía queda para el gas para construir la siguiente matriz energética.
Y aquí aparece una cuestión especialmente importante para Tarija. Nuestra región no puede limitarse a reclamar cuánto recibirá de regalías, ni vincular aspectos esenciales del desarrollo a ello. Tarija no es un territorio virgen al que venir a explotar donde sea y porque sí, y aun así, esa condición no será eterna.
Las áreas con potencial hidrocarburífero deben ser evaluadas con criterios técnicos, ambientales y económicos. La discusión sobre Tariquía, además, no debería convertirse en una guerra de consignas. Donde exista una reserva natural deben cumplirse las restricciones ambientales correspondientes; donde existan áreas hidrocarburíferas fuera de ellas, corresponde discutir seriamente su potencial y las condiciones para explorarlas.
La misma lógica vale para las nuevas tecnologías. El fracking no es una varita mágica, pero tampoco debería convertirse en una palabra prohibida. Es una técnica que debe ser evaluada caso por caso, con regulación ambiental, información pública y condiciones claras.
Bolivia necesita, finalmente, dejar de pensar en hidrocarburos solamente como una fuente de gasto público. Cada dólar obtenido del gas que queda debería servir también para construir aquello que vendrá después del gas: infraestructura, electricidad, agroindustria, logística, tecnología, ahorro e inversiones productivas.
Y esto lo hemos oído demasiadas veces.
