Cuidar la vida no puede entrar en el ajuste

Bolivia está discutiendo cómo sobrevivir a una crisis económica profunda. Se habla de déficit, reservas, combustible, deuda, Fondo Monetario Internacional, tipo de cambio, gasto público y reducción de subsidios.

Todo eso es importante, pero hay algo todavía más importante: la vida de las personas.

Hasta el 23 de septiembre, 63 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia, según el registro de la Fiscalía General del Estado. Son tres más que en el mismo periodo de 2025. La cifra no necesita demasiadas interpretaciones: seguimos teniendo un problema gravísimo de violencia contra las mujeres.

Detrás de cada número hay una familia, hijos, padres, hermanos y una vida que no volverá, por eso preocupa que, mientras el Estado enfrenta restricciones financieras, no se perciba con la misma claridad una discusión sobre cómo garantizar los recursos necesarios para prevenir la violencia, atender a las víctimas, investigar las denuncias y acompañar los procesos hasta el final.

No podemos permitir que la emergencia económica termine debilitando justamente las instituciones que deben proteger a quienes están en mayor riesgo.

La denuncia de violencia no es un trámite cualquiera. Para una mujer que vive bajo amenaza, denunciar puede significar enfrentarse a su pareja, a su familia, a su entorno económico y, en muchos casos, al miedo de que la violencia se intensifique después de acudir a una institución.

Una denuncia archivada, una investigación que no consigue pruebas suficientes, un proceso que termina en sobreseimiento o una acusación que no llega a sentencia no son ni mucho menos una denuncia falsa, sino el enésimo fracaso de un sistema que no protege a sus víctimas

Hace falta mucho valor para denunciar. Hace falta todavía más para sostener una denuncia cuando el proceso se prolonga, cuando faltan recursos, cuando hay que volver una y otra vez ante las autoridades y cuando la víctima tiene que demostrar permanentemente que lo que sufrió ocurrió.

Por eso no compartimos la tendencia a colocar el debate sobre las llamadas “denuncias falsas” en el centro de la discusión sobre la violencia de género.

Una denuncia deliberadamente falsa, si se demuestra que lo es, debe tener las consecuencias legales que correspondan. Eso forma parte del debido proceso, pero una denuncia archivada, una investigación que no consigue pruebas suficientes, un proceso que termina en sobreseimiento o una acusación que no llega a sentencia no son ni mucho menos una denuncia falsa, sino el enésimo fracaso de un sistema que no protege a sus víctimas.

Confundir esas categorías puede tener consecuencias muy peligrosas, porque si una mujer percibe que denunciar puede convertirla en sospechosa, acusada o socialmente señalada, muchas simplemente no denunciarán y el silencio volverá a imponerse.

Quedan preguntas urgentes. Por ejemplo, ¿Cuántas de las 63 mujeres asesinadas habían pedido ayuda anteriormente?

La información oficial sobre feminicidios no permite todavía responder suficientemente esa pregunta. Y ahí está una de las grandes tareas pendientes: conectar las denuncias previas con el desenlace posterior.

Si una mujer denunció violencia y terminó asesinada, el Estado necesita saber qué ocurrió entre ambos hechos. Estas preguntas no son burocracia. Pueden significar la diferencia entre una mujer viva y una mujer asesinada.

La violencia contra las mujeres tampoco se resuelve únicamente con leyes más duras. Se necesita prevención, educación, Policía capacitada, fiscales especializados, jueces, psicólogos, trabajadores sociales, refugios, seguimiento y coordinación institucional. Y, sobre todo, continuidad.

63 feminicidios en nueve meses deberían ser una alarma nacional. No otra estadística. No otro discurso. No otra ley que después nadie pueda aplicar. Cuidar la vida cuesta dinero. Pero no hacerlo cuesta vidas. Y hay gastos que un Estado no puede permitirse recortar.