El ajuste y los salarios
Bolivia enfrenta un cambio brusco en precios, tipo de cambio y combustible. En ese escenario, congelar los salarios no es moderación: es trasladar el costo de la crisis a quienes viven de su trabajo
Hay una idea que se ha instalado en el debate económico boliviano como si fuera una verdad indiscutible: que, a pesar del ajuste, los salarios deben congelarse. La teoría dice que es para evitar que “las empresas pierdan competitividad” y para impedir una mayor inflación, aunque en Bolivia apenas hay empleados asalariados más allá del sector público y el sector financiero y algunas empresas sólidas que atienden el mercado nacional.
Lo cierto es que Bolivia ya tiene salarios demasiado bajos.
El salario mínimo nacional fue elevado a Bs 3.300 en enero de 2026, en el mismo decreto que congeló todo el resto de salarios y estableció nuevas reglas para los precios de los combustibles. Pero desde entonces el escenario cambió profundamente: el diésel se encareció, el tipo de cambio se movió – convirtiendo 475 dólares en apenas 300 - y el costo de numerosos bienes y servicios comenzó a trasladar esas nuevas condiciones.
Pretender que los salarios permanezcan inmóviles frente a ese proceso equivale a decirle al trabajador que debe financiar con su bolsillo la estabilización de la economía sacrificando todas y cada una de sus aspiraciones de mejora, decisión que, a la vez, paraliza la economía nacional. No parece razonable.
Hay un problema todavía mayor. Bolivia tiene alrededor del 85% de su empleo en la informalidad, según datos citados por el propio FMI. ¿De verdad la respuesta puede ser crear todavía más informalidad?
No necesitamos más personas vendiendo comida en un carrito porque no encontraron un empleo formal ni más emprendedores vendiendo artesanías sin margen de ganancia. No necesitamos más trabajadores sin seguro, sin aportes, sin estabilidad y sin posibilidades de jubilación. No necesitamos que el pequeño comercio y el autoempleo de subsistencia sigan absorbiendo a quienes son expulsados del mercado laboral formal.
Necesitamos más empleo formal y mejores salarios, por eso resulta equivocado colocar el salario como primera variable de ajuste, porque no, los programas de emergencia financiados a crédito para construir enlosetados o cloacas que decía Cerimedo, son apenas un analgésico.
El Gobierno tiene otras áreas donde cargar el esfuerzo. Puede y debe revisar el gasto público, los privilegios, la burocracia, las empresas estatales deficitarias, las compras innecesarias, la evasión tributaria, el contrabando, los gastos improductivos y las rentas extraordinarias que todavía existen en determinados sectores. El Gobierno tiene que controlar la fuga de divisas de una vez, porque por esa vía pueden volver a salir los 1.900 millones de dólares del FMI, y los que sea que vengan.
A partir de ahí, el gobierno debe estimular el crecimiento, tarea en la que los empresarios – esta vez sí – deben ser claves y asumir su función empresarial, que es también su función social, porque un país no sale de una crisis empobreciendo a sus trabajadores. Sale produciendo más, exportando más, invirtiendo más y generando empleos que permitan vivir dignamente, y eso no lo debe hacer el Estado.
El argumento de que subir salarios puede afectar el empleo merece ser escuchado, pero no puede convertirse en una excusa automática para congelarlos. El propio FMI reconoce que la enorme informalidad limita el alcance de las políticas salariales y advierte sobre los riesgos que determinados aumentos pueden generar sobre la informalización.
El programa acordado con el FMI habla de reducir la informalidad y generar mejores oportunidades laborales. Pues bien: esa debe ser una de las pruebas fundamentales del ajuste, porque si después de tres años de sacrificios Bolivia termina con menos empleo formal, más vendedores ambulantes, más pequeños negocios de subsistencia y trabajadores que necesitan dos o tres ocupaciones para llegar a fin de mes, habremos estabilizado algunas cifras a costa de desestabilizar la vida de millones.
El país necesita disciplina fiscal. Necesita reconstruir reservas. Necesita inversión. Necesita recuperar productividad. Necesita corregir los desequilibrios acumulados… pero poco se logrará de forma sostenible en un país sin mercado interno.
El objetivo de una política económica no puede ser simplemente que las cuentas cierren. También tiene que conseguir que las personas puedan vivir con lo que ganan. Y hoy, en Bolivia, eso ya es demasiado difícil.
