La autonomía necesita recursos, no discursos
El reclamo de las gobernaciones no debe ser visto como una pelea por dinero. Es una discusión pendiente sobre qué Estado queremos construir y cuánto poder real estamos dispuestos a entregar a las regiones
Por fin las gobernaciones parecen haber entendido que, separadas, tienen poca capacidad de negociación; juntas, pueden abrir una discusión que Bolivia lleva demasiados años postergando.
Los gobernadores de los departamentos se declararon en estado de alerta y dieron al Gobierno nacional hasta el 31 de octubre para responder a una agenda que combina el impacto del nuevo precio del diésel con la prometida redistribución de recursos y el fortalecimiento de las autonomías.
El reclamo es legítimo, no porque todo lo que se presenta bajo el rótulo del 50/50 deba aceptarse automáticamente. El 50/50 es, esencialmente, una consigna política. La discusión seria debe determinar qué porcentaje corresponde a cada nivel de gobierno de acuerdo con las competencias que efectivamente ejerce, las necesidades de la población, los costos territoriales y la capacidad de generar ingresos, pero hay algo que ya no admite discusión: no puede existir autonomía real si las gobernaciones tienen competencias constitucionales, pero no cuentan con recursos suficientes para ejercerlas. Ese es el problema de fondo.
Durante años Bolivia ha construido un modelo en el que las regiones reciben responsabilidades, pero buena parte de los recursos y de las decisiones permanece concentrada en el nivel central. El resultado está a la vista.
Gobernaciones endeudadas, proyectos paralizados, hospitales que requieren recursos, carreteras que necesitan mantenimiento y administraciones departamentales obligadas a pedir autorización para resolver problemas que deberían poder atender desde el territorio. Ahora aparece además el diésel.
El Gobierno decidió eliminar la subvención y establecer para el combustible un precio de Bs 17,95 por litro, bajo un mecanismo vinculado al precio de paridad de importación. La decisión puede tener razones fiscales y económicas que deben discutirse, pero existe una consecuencia evidente: si el costo de una competencia pública aumenta de manera extraordinaria, el presupuesto que financia esa competencia también tiene que adecuarse.
Las gobernaciones utilizan diésel para mantener caminos, operar maquinaria, atender emergencias y sostener servicios públicos. La agenda presentada al Gobierno reclama precisamente una transferencia extraordinaria del Tesoro para cubrir ese diferencial, además de modificaciones presupuestarias y la incorporación del nuevo costo en el PGE 2027.
Necesitamos departamentos capaces de planificar a diez, quince o veinte años. Capaces de invertir. De endeudarse responsablemente para proyectos estratégicos. De atraer capital. De construir infraestructura. De generar empleo. De aprovechar sus ventajas productivas, y para eso necesitan recursos previsibles.
La demanda de recuperar el 12% del IDH y revisar el destino de los recursos vinculados al FPIEEH forma parte de una vieja discusión que tampoco debería ser despachada como una pelea regional. El gas fue un recurso nacional, pero también generó obligaciones, expectativas e inversiones territoriales. Las regiones productoras tienen legítimos argumentos para reclamar una participación más directa en los beneficios de una actividad que durante décadas sostuvo las finanzas nacionales.
Y hay otra cuestión que resulta todavía más sencilla. El Gobierno central no puede trasladar competencias que considera nacionales a las gobernaciones y luego esperar que sean estas quienes paguen la factura.
Si los prediarios, determinados bonos, obligaciones educativas o sanitarias y otras cargas corresponden al nivel nacional, deben ser financiados por el nivel nacional. Si durante años fueron pagados con recursos departamentales, corresponde revisar esas cuentas y establecer mecanismos de compensación.
El 31 de octubre puede ser una fecha importante. No debería convertirse en el inicio de otro ciclo de bloqueos, amenazas y enfrentamientos. Debería convertirse en el plazo para presentar números, propuestas y leyes.
El Gobierno tiene que poner sobre la mesa cuánto recauda, cuánto distribuye, cuánto cuesta cada competencia y cuánto puede transferirse sin poner en riesgo la estabilidad fiscal.
Las gobernaciones, por su parte, tienen que hacer exactamente lo mismo: demostrar cuánto reciben, cuánto gastan, cuánto deben, qué competencias ejercen y qué resultados ofrecen.
Autonomía también significa responsabilidad. Bolivia necesita salir de la lógica de que descentralizar es simplemente repartir dinero. Necesita construir un verdadero pacto fiscal: Uno que premie la eficiencia, compense las desigualdades territoriales, reconozca las particularidades de los departamentos fronterizos, productores o despoblados y permita que cada región tenga herramientas para construir su propio futuro.
Y ese pacto debe comenzar ahora, porque el PGE 2027 ofrece una oportunidad concreta. Bolivia necesita un Estado autonómico de verdad, y un Estado autonómico sin recursos es solamente una promesa escrita en la Constitución.
