Combustibles: sincerar precios sin romper a la sociedad
Eliminar la subvención puede ser inevitable, pero hacerlo sin sincerar también los ingresos y sin una transición real puede convertir una corrección económica necesaria en una crisis social
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional deja pocas dudas sobre el camino que seguirá Bolivia: el Presupuesto General del Estado de 2027 ya no contemplará recursos para subvencionar los combustibles y, desde enero, los precios internos deberán alcanzar el nivel de recuperación de costos. Todo esto hay que ponerlo en hipotético, por motivos evidentes, pero es la intención declarada.
Es una decisión que puede entenderse. La subvención a los hidrocarburos instalada – impulsada primero por Bánzer en el 97 y “perfeccionada” por Mesa en 2004 - ha sido durante años una política fiscalmente insostenible y socialmente regresiva. Quien consume más combustible recibe, en términos absolutos, un mayor beneficio. Y alrededor de esa distorsión también crecieron el contrabando, el mercado paralelo y una serie de actividades que encontraron en el precio artificialmente bajo una oportunidad de negocio.
Reconocer eso no significa desconocer lo que viene, porque una cosa es eliminar una subvención y otra muy distinta es conseguir que una sociedad pueda absorber el impacto de hacerlo de golpe.
El Gobierno parece confiar en que una mayor asistencia social focalizada permitirá amortiguar el golpe sobre los hogares vulnerables. Es necesario. Pero hay que preguntarse si será suficiente atendiendo al mecanismo instalado en enero de 2026 que compensó con apenas 450 bolivianos al año una subida de casi el doble. El precio del combustible no afecta solamente al propietario de un vehículo. Entra en el costo del transporte, de los alimentos, de la producción agrícola, de los servicios, de la construcción y prácticamente de toda la economía, y ahí aparece el problema que no puede resolverse con un bono.
La subvención benefició durante años al que más tenía; su eliminación puede terminar castigando al que menos tiene. La paradoja es evidente
La subvención benefició durante años al que más tenía; su eliminación puede terminar castigando al que menos tiene. La paradoja es evidente. El Estado pretende corregir una política regresiva mediante una medida que, si no está cuidadosamente diseñada, puede convertirse también en regresiva.
Hay además un sector que suele quedar atrapado entre ambos extremos: la clase media. No es suficientemente pobre para acceder a los escasos mecanismos de protección social, pero tampoco tiene capacidad para absorber aumentos sustanciales en sus gastos cotidianos. Un tanque de combustible que pase a costar alrededor de mil bolivianos —dependiendo del vehículo y del precio final— no es una simple modificación de una partida familiar. Para miles de hogares puede significar dejar de ahorrar, reducir alimentación, educación, salud, recreación o directamente prescindir del automóvil.
Si sube el transporte, suben los alimentos. Si sube el transporte de mercancías, suben los costos de producción. Si suben los costos empresariales y los salarios permanecen congelados, cae el consumo. Y si cae el consumo, también se resienten las pequeñas empresas y el empleo, por eso el debate no puede reducirse a una cuestión contable sobre cuánto le cuesta la subvención al Tesoro. Hay que discutir cuánto le costará a la sociedad retirarla y quién asumirá ese costo.
El Gobierno ha decidido proteger los precios hasta diciembre de 2026 precisamente porque reconoce que un ajuste brusco puede tener consecuencias sociales importantes. Esa misma prudencia debería acompañar la transición de 2027.
Sincerar los precios exige, en paralelo, sincerar la economía. Si el combustible se acerca a costos internacionales y el tipo de cambio deja de ser un ancla artificial, no se puede pretender que los ingresos de los trabajadores permanezcan congelados mientras todo lo demás se encarece.
No se trata de decretar aumentos salariales imposibles ni de alimentar una espiral inflacionaria. Se trata de diseñar una política que permita que los ingresos recuperen capacidad de compra en función de la nueva realidad de precios. De lo contrario, el ajuste recaerá fundamentalmente sobre quienes viven de un salario. La función empresarial en todo este equilibrio va a ser más que clave.
También será indispensable explicar con números qué ocurrirá con el transporte público, la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los servicios. Y definir con anticipación cuánto durará la asistencia temporal, quiénes recibirán apoyo y bajo qué criterios.
La sostenibilidad fiscal no puede convertirse en una licencia para ignorar la sostenibilidad social. El Gobierno tiene todavía algunos meses para preparar esa transición. Debe utilizarlos para algo más que cambiar una fórmula de precios. Debe construir un pacto de adaptación, pero las cualidades demostradas hasta ahora para ello son escasas.
