Mujeres indígenas: ningún derecho puede justificar un abuso

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. La fecha recuerda a Bartolina Sisa, símbolo de resistencia y liderazgo indígena, y constituye una oportunidad para reconocer a millones de mujeres que han sostenido lenguas, conocimientos, tradiciones y formas de vida que forman parte de la diversidad cultural de nuestros pueblos.

Tarija no es ajena a esa realidad. En nuestro departamento existen comunidades indígenas con una enorme riqueza cultural y organizaciones que desde hace años trabajan acompañando sus procesos de desarrollo, educación y defensa de derechos. También existen historias de exclusión, pobreza y discriminación que no pueden ser ignoradas.

En cualquier caso, hay una conversación todavía más incómoda que debemos ser capaces de tener. Se han denunciado casos de abuso sexual y otras formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas dentro de algunas comunidades. Son denuncias que deben investigarse con rigor, sin generalizaciones y con pleno respeto a las comunidades involucradas, pero precisamente porque hablamos de derechos humanos, hay una frontera que no puede ser relativizada.

Ninguna tradición vale más que la dignidad de una mujer. Ninguna costumbre puede estar por encima del futuro de una niña.

Respetar a los pueblos indígenas no significa guardar silencio frente a los abusos que puedan producirse en su interior. La diversidad cultural es un valor. La identidad comunitaria es un derecho. La preservación de las lenguas, las costumbres y las formas propias de organización merece protección, pero ninguna de esas cosas puede utilizarse para justificar una agresión sexual, impedir que una niña estudie, someter a una mujer a violencia, negarle la posibilidad de decidir sobre su propia vida o convertir una relación de poder en una supuesta costumbre.

No hay contradicción entre defender los derechos de los pueblos indígenas y defender los derechos de las mujeres indígenas. Al contrario: ambas luchas deberían formar parte de la misma defensa de la dignidad humana.

Bolivia ha construido un marco constitucional que reconoce el carácter plurinacional del Estado y los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Ese reconocimiento es uno de los grandes avances de nuestra democracia, pero también reconoce derechos individuales fundamentales.

La autonomía y las formas propias de organización tienen límites. No pueden convertirse en territorios exentos de derechos ni en espacios donde las víctimas tengan menos posibilidades de encontrar protección. El Estado tiene la obligación de garantizar que una niña indígena tenga el mismo derecho a la educación, a la integridad física y sexual, a la salud y a una vida libre de violencia que cualquier otra niña boliviana, y aquí aparece una responsabilidad especialmente importante para las instituciones.

No se trata de llegar con una mirada paternalista a decirles a los pueblos indígenas cómo deben vivir, se trata de algo más sencillo y más profundo: escuchar también a las mujeres indígenas.

No basta con hablar de ellas como guardianas de la cultura. Hay que garantizarles la posibilidad de decidir qué cultura quieren preservar, cómo quieren desarrollarla y qué prácticas quieren transformar. Las culturas están vivas precisamente porque cambian. Ninguna comunidad debería sentirse obligada a conservar una práctica dañina simplemente porque alguna vez fue considerada tradicional.

En el caso de las niñas, la responsabilidad es todavía mayor. Una niña no puede cargar sobre sus hombros la obligación de preservar una tradición a costa de su futuro. Su educación, su seguridad y su desarrollo no son negociables. Este 5 de septiembre, entonces, corresponde celebrar a las mujeres indígenas por su fortaleza y por su contribución a la vida de nuestras comunidades. Pero también corresponde escucharlas cuando denuncian aquello que les hace daño.