Primero las instituciones
Sin una justicia plenamente legitimada y un Tribunal Constitucional fuerte, cualquier cambio seguirá caminando sobre terreno inestable
Las leyes pueden cambiar una economía. La Constitución puede redefinir un modelo de Estado. Pero ninguna reforma será duradera si antes no existe una justicia capaz de hacerlas cumplir y generar confianza. Bolivia vuelve a discutir qué debe reformarse primero, si la Constitución Política del Estado o un paquete de leyes estructurales. Sin embargo, existe un paso previo que con demasiada frecuencia se omite: reconstruir la institucionalidad.
El país necesita nuevas reglas para atraer inversiones, recuperar el sector energético, modernizar la minería y dinamizar la economía. Son debates legítimos y urgentes. También es razonable que existan posiciones distintas sobre si esos cambios requieren modificar previamente la Carta Magna o si pueden impulsarse mediante leyes ordinarias. Esa discusión forma parte de la democracia.
Lo que no puede repetirse es la historia de reformas concebidas para durar décadas que terminan estrellándose contra recursos constitucionales, interpretaciones contradictorias o decisiones judiciales que nadie termina de comprender. Bolivia acumula demasiados ejemplos de normas aprobadas con gran expectativa que luego quedaron bloqueadas, parcialmente anuladas o simplemente inaplicables.
La seguridad jurídica no empieza con una nueva ley. Empieza cuando existe la certeza de que las reglas serán interpretadas por tribunales independientes, completos y plenamente legitimados. Mientras persistan vacíos institucionales, magistraturas incompletas o tribunales cuya legitimidad sigue siendo objeto de disputa, cualquier reforma corre el riesgo de nacer debilitada.
Especialmente importante resulta recuperar plenamente el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. No porque deba convertirse en un obstáculo para las reformas, sino precisamente porque debe ser el garante de que esas reformas respeten el orden constitucional y ofrezcan estabilidad a largo plazo. Ningún inversor serio, ningún ciudadano y ningún empresario deposita confianza en un sistema donde las reglas pueden cambiar o quedar suspendidas según la coyuntura política.
Por eso sorprende que el debate se concentre casi exclusivamente en el contenido de las futuras leyes y mucho menos en las condiciones institucionales que permitirán aplicarlas. La calidad de una norma depende tanto de su redacción como del sistema encargado de interpretarla y ejecutarla.
La otra gran condición es la transparencia. Si el país va a debatir reformas de semejante profundidad, debe hacerlo de cara a la ciudadanía. Sin atajos parlamentarios, sin negociaciones opacas, sin mayorías circunstanciales que pretendan imponer cambios estructurales sin el mayor consenso posible. Las grandes transformaciones requieren legitimidad social además de respaldo político.
Las llamadas "chicanas" jurídicas tampoco pueden seguir sustituyendo al debate de fondo. Durante demasiados años la política boliviana ha utilizado recursos procesales, interpretaciones creativas y maniobras legales para ganar tiempo o bloquear decisiones. Esa práctica deteriora tanto la confianza como cualquier mala ley.
Bolivia necesita reformas. Probablemente muchas. Pero también necesita aprender de sus propios errores. Antes de abrir nuevos frentes constitucionales o aprobar paquetes legislativos de enorme alcance, conviene asegurar que las instituciones llamadas a protegerlos funcionen plenamente y cuenten con la credibilidad necesaria.
Las leyes pueden escribirse en pocos meses. La confianza institucional tarda años en construirse y apenas unos días en perderse. Por eso, el primer paso no debería ser elegir entre Constitución o leyes. El primer paso debe ser recuperar plenamente el Estado de derecho.
