La transparencia de YPFB
Bolivia no puede seguir administrando su futuro energético entre anuncios políticos y falta de información verificable sobre exploración, producción y combustibles
Durante casi dos décadas, buena parte del destino económico de Bolivia estuvo ligado directamente a una institución: YPFB. La estatal petrolera no solo administró el ciclo de mayor bonanza económica de la historia reciente gracias a la exportación de gas natural, sino que terminó convirtiéndose en el verdadero corazón financiero del modelo económico boliviano, sosteniendo inversión pública, gasto estatal, subsidios e incluso buena parte de la estabilidad política que marcó aquella etapa.
Hoy, sin embargo, la situación es radicalmente distinta. La caída sostenida en la producción, el agotamiento progresivo de reservas, el creciente peso de la importación de combustibles y las constantes dudas sobre la sostenibilidad energética del país han colocado nuevamente a YPFB en el centro de la discusión pública. Y una vez más, lo que domina no es la certidumbre, sino la opacidad.
En los últimos días, el propio ministro de Economía ha afirmado públicamente que durante las anteriores administraciones la petrolera estatal operó como un verdadero “nido de corrupción”, involucrando implícitamente gestiones anteriores tanto del gobierno de Evo Morales como de la administración de Luis Arce. Se trata de una acusación grave, no solamente por el volumen de recursos públicos que administra la empresa, sino porque involucra directamente la gestión de uno de los sectores más sensibles para el futuro económico del país.
Si el propio Gobierno denuncia corrupción estructural en YPFB, el país tiene derecho a exigir investigaciones concretas y responsables identificados
Pero precisamente por eso resulta imposible no formular una pregunta elemental: si existió corrupción sistemática, ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde están las responsabilidades concretas? El último presidente de YPFB, Armin Dorgathen, salió del país sin que nadie pudiera detenerlo pese a las leyes vigentes y nadie ha podido activar siquiera un sello rojo o azul para encontrarlo.
No resulta razonable convertir denuncias de esta magnitud en simples instrumentos discursivos de diferenciación política mientras no exista una voluntad institucional seria de investigar, transparentar y eventualmente sancionar aquello que se denuncia. Es tiempo de pasar de las palabras a los hechos.
Si durante años YPFB fue un espacio de corrupción, el país merece conocer responsables concretos; y si no lo fue, corresponde dejar de utilizar acusaciones políticas sin consecuencias institucionales, pues lo que más bien parece es que los negocios están cambiando de manos y poco más.
La preocupación no termina ahí. Paralelamente, Bolivia sigue enfrentando enormes interrogantes respecto al futuro energético nacional. Continúan existiendo dudas razonables sobre los costos reales de importación de combustibles, sobre los mecanismos de contratación, sobre la sostenibilidad del esquema de subsidios y, sobre todo, sobre el verdadero estado de los proyectos de exploración y explotación que deberían garantizar la recuperación del sector hidrocarburífero en los próximos años.
Durante demasiado tiempo el país ha vivido entre anuncios grandilocuentes sobre nuevos descubrimientos, promesas de reactivación exploratoria y proyecciones optimistas que rara vez terminan acompañadas de información técnica verificable o cronogramas suficientemente claros. Casos recientes como el megacampo Mayaya han vuelto a demostrar que en materia hidrocarburífera la política suele adelantarse demasiado a la evidencia.
Bolivia no puede permitirse seguir administrando el sector energético bajo lógicas comunicacionales. La etapa del gas fácil terminó hace tiempo y lo que hoy está en juego no es simplemente el prestigio de una empresa estatal, sino la capacidad del país de garantizar seguridad energética, estabilidad macroeconómica y financiamiento público para sostener buena parte de su estructura institucional.
YPFB necesita recuperar algo más importante que producción o rentabilidad: necesita recuperar credibilidad. Y esa credibilidad solo puede construirse de una manera: con transparencia absoluta, rendición de cuentas permanente, información pública verificable y responsabilidad institucional tanto sobre el pasado como sobre el presente y el futuro.
Porque cuando se trata del principal activo estratégico del país, Bolivia ya no puede permitirse seguir funcionando a base de relatos.
