Justicia: reformar antes que presionar
Bolivia no necesita simplemente más presupuesto judicial. Necesita una justicia independiente, eficiente y capaz de recuperar la confianza ciudadana
Pocas instituciones arrastran hoy un nivel de desgaste tan profundo ante la ciudadanía boliviana como el sistema judicial. Durante años, la administración de justicia ha acumulado cuestionamientos por retardación, falta de independencia, interferencia política, inseguridad jurídica, corrupción estructural y una progresiva pérdida de confianza pública que hoy atraviesa prácticamente todos sus niveles. No se trata de una crisis coyuntural ni de un problema aislado: hablamos probablemente de una de las principales debilidades institucionales que enfrenta Bolivia desde hace décadas.
En ese contexto, sorprende que parte de las máximas autoridades del Órgano Judicial hayan optado por amenazar con un paro escalonado nacional como mecanismo de presión para exigir mayor asignación presupuestaria y otras demandas institucionales. Naturalmente, resulta legítimo plantear necesidades operativas y reclamar mejores condiciones para el funcionamiento del sistema. Lo que resulta profundamente equivocado es hacerlo desde una lógica de presión corporativa, como si el país estuviera obligado a responder automáticamente a una institución que lleva demasiado tiempo sin ofrecer resultados proporcionales a los recursos y competencias que ya administra.
Sin un Tribunal Constitucional Plurinacional plenamente operativo y una reforma estructural de fondo, no puede existir verdadera seguridad jurídica en el país
La respuesta del presidente del Senado, Diego Ávila, al señalar que este tipo de advertencias están fuera de lugar, parece en este caso razonable. Las instituciones del Estado disponen de mecanismos formales de coordinación precisamente para canalizar este tipo de demandas sin recurrir a medidas que terminan deteriorando todavía más la ya debilitada confianza pública en el sistema judicial.
Pero el problema de fondo es mucho más profundo que una discusión presupuestaria puntual.
Bolivia necesita abordar de manera urgente una reforma integral de la justicia. Y no hablamos de ajustes administrativos menores ni de reformas superficiales diseñadas para administrar temporalmente la crisis. El país necesita replantear estructuralmente el funcionamiento de uno de los poderes más sensibles del Estado, empezando por revisar procedimientos, mecanismos de selección de autoridades, independencia institucional, acceso ciudadano, fiscalización interna y, llegado el momento inevitable, una reforma constitucional que permita corregir defectos de diseño que llevan años bloqueando cualquier posibilidad real de mejora.
Bolivia no necesita simplemente más presupuesto judicial. Necesita un sistema de justicia que vuelva a ser confiable, independiente y capaz de garantizar seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e instituciones
Existe además un elemento especialmente delicado que no conviene minimizar. Bolivia arrastra todavía vacíos institucionales en órganos fundamentales del sistema, particularmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya estabilidad y funcionamiento resultan indispensables para garantizar seguridad jurídica efectiva. Sin un tribunal plenamente consolidado y sin reglas institucionales claras, el país entero opera bajo una permanente incertidumbre normativa que termina afectando inversiones, actividad económica, estabilidad política y confianza democrática.
No existe desarrollo posible sin seguridad jurídica. Ninguna economía atrae inversión sostenible cuando los conflictos legales pueden quedar atrapados en sistemas lentos, cuestionados o institucionalmente incompletos. Ninguna democracia funciona correctamente cuando los ciudadanos perciben que el acceso a la justicia depende más de influencias o coyunturas políticas que del imperio efectivo de la ley.
Por eso conviene ordenar prioridades. Antes que exigir nuevos recursos bajo amenaza de paralización, corresponde al propio sistema judicial asumir autocríticamente la profundidad de la crisis que enfrenta y comprometerse activamente en la reforma que el país lleva años postergando.
La justicia boliviana necesita recursos, sin duda. Pero sobre todo necesita legitimidad. Y esa legitimidad no se recupera mediante paros o advertencias corporativas, sino demostrando voluntad real de transformación.
Bolivia ya no puede seguir posponiendo esta discusión.
Porque sin una reforma judicial profunda no habrá institucionalidad sólida. Y sin institucionalidad sólida no existirá jamás verdadera seguridad jurídica.
