Volver a pactar Bolivia

Bolivia atraviesa una de esas crisis que ya no pueden explicarse únicamente por la coyuntura. Los bloqueos, las movilizaciones, las disputas políticas, la desconfianza institucional y la creciente polarización son apenas síntomas de un problema más profundo: el agotamiento de los consensos que durante años permitieron una convivencia relativamente estable entre sectores, regiones y visiones distintas del país, y que, sin ser ingenuos, se sostuvieron sobre todo por el clima de bonanza que vivió el país.

La tentación habitual en estos casos es buscar una salida rápida. Un acuerdo puntual. Una negociación de emergencia. Un cambio de gabinete. Una elección anticipada. Un nuevo reparto de cuotas de poder. Son medidas que pueden aliviar tensiones momentáneamente, pero difícilmente resolverán los problemas estructurales que vuelven a aparecer una y otra vez bajo diferentes formas.

Lo que Bolivia necesita es algo más ambicioso: una conversación nacional sincera sobre el país que quiere construir en las próximas décadas.

Las preguntas pendientes son muchas. ¿Qué modelo económico es sostenible después del ciclo del gas? ¿Cómo se distribuyen las competencias entre el nivel central, los departamentos y las autonomías regionales? ¿Qué papel deben jugar los pueblos indígenas en la toma de decisiones? ¿Cómo se garantiza la independencia de la justicia? ¿Qué reformas institucionales requiere un Estado que muestra señales evidentes de agotamiento? ¿Qué derechos y obligaciones deben priorizarse en una sociedad cada vez más diversa y compleja?

Los bloqueos y la polarización son síntomas de un problema más profundo: el agotamiento de los consensos que durante años sostuvieron la convivencia política e institucional del país

Son cuestiones que no pueden resolverse mediante decretos ni discursos presidenciales. Requieren deliberación, participación y voluntad política.

Por eso no debería ser un tabú hablar de una reforma constitucional profunda o incluso de una nueva Asamblea Constituyente. No porque la Constitución sea la causa de todos los problemas del país, como a veces se pretende simplificar, sino porque los grandes pactos democráticos necesitan actualizarse cuando dejan de reflejar los equilibrios reales de la sociedad.

Naturalmente, una discusión de esa magnitud genera temores. Bolivia ya conoce los riesgos de los procesos constituyentes convertidos en instrumentos de imposición partidaria. También conoce las frustraciones que producen las reformas diseñadas para beneficiar a una sola fuerza política. Pero precisamente por esa experiencia debería entender mejor que nadie qué errores no deben repetirse.

Un pacto democrático no consiste en que una mayoría imponga su visión sobre los demás. Tampoco en que una minoría bloquee cualquier posibilidad de cambio. El pacto democrático es, por definición, un acuerdo entre diferentes. Entre quienes piensan distinto. Entre quienes representan intereses distintos. Entre quienes tienen proyectos distintos para el país.

La hegemonía puede producir obediencia temporal. Lo que no produce es estabilidad duradera. Ninguna sociedad plural logra convivir durante mucho tiempo si una parte pretende monopolizar la verdad política, moral o histórica.

Bolivia necesita recuperar la capacidad de discutir sus diferencias sin convertirlas automáticamente en enemistades irreconciliables. Necesita volver a construir instituciones que todos reconozcan como legítimas. Necesita definir un horizonte compartido que vaya más allá de la próxima elección o de la próxima crisis.

Quizá el momento no sea mañana ni el próximo mes. Pero cuanto más se postergue ese debate, más costoso será cuando finalmente llegue. Porque los problemas de fondo no desaparecen por ignorarlos. Se acumulan.

La crisis actual debería servir al menos para una enseñanza: el país ya no puede seguir funcionando únicamente sobre equilibrios precarios y acuerdos implícitos. Es tiempo de volver a pactar Bolivia. Y hacerlo sin miedo a las grandes preguntas.