Estado de excepción
Abrogar una Ley garantista implica darle piedra libre al Gobierno para dictar medidas asumiendo toda la responsabilidad, pero la Constitución seguirá vigente
24 días después de que iniciaran las protestas y al final de la segunda semana especialmente violenta, por un lado, e incompetente por el otro, el gobierno parece haber apostado definitivamente por la vía de “la mano dura” para enfrentar un conflicto social que, al parecer, no entiende.
La figura del Estado de Excepción siempre ha estado sobre la mesa, se trata de una figura presente en todas las democracias del mundo y que se usa sobre todo para enfrentar amenazas externas. En América Latina se ha usado en países donde los índices de homicidios se habían disparado preocupantemente, como en El Salvador de Nayib Bukele y en el Ecuador de Daniel Noboa. En ambos casos se trataba de violencia de pandillas y de grupos íntimamente ligados al narcotráfico que siembran el pánico con fines estrictamente delincuenciales.
La aplicación en Bolivia es radicalmente distinta. Los movilizados son organizaciones sociales por demás conocidas en todo el país, con un amplio historial de luchas sociales a sus espaldas y con una agenda política definida. De hecho, la mayoría de los miembros de las organizaciones hoy movilizadas le dieron su voto a Rodrigo Paz y Edmand Lara en las elecciones de octubre tras escuchar sus propuestas. Haber dinamitado esa confianza en apenas seis meses merecía alguna reflexión más por parte del gobierno.
La declaración del Estado de Excepción estaba perfectamente desarrollada en una Ley garantista, es decir, que resumía en un texto las libertades y derechos que el estado de emergencia no podía socavar bajo ningún concepto. El gobierno, sin embargo, ha acudido a la Asamblea Plurinacional para resguardarse políticamente, aun abriendo ante sí un abismo que deberá recorrer en solitario.
Estamos en la antesala del enésimo episodio negro en la historia de Bolivia - si es que nadie lo remedia antes - que simboliza el fracaso de un Gobierno incapaz de cumplir su programa y aunar a todos los bolivianos en un proyecto común.
La abrogación de la Ley 1341, desarrollada por la Asamblea de mayoría masista durante la gestión de Jeanine Áñez, pensando sobre todo en que no se volvieran a cometer excesos, implica que el gobierno puede actuar dictando el decreto solo aferrándose al artículo 137 de la Constitución, así, tiene piedra libre para dictar qué se puede y qué no se puede hacer. Escuchar al presidente del Senado, el tarijeño Diego Ávila, señalar que la abrogación responda a un nivel democrático superior porque se trataba de una Ley masista, cuando lo que se protegen son los Derechos Humanos, es algo más que un despropósito.
Como tampoco hay Tribunal Constitucional, no habrá el control preceptivo. En la práctica implica que las bancadas se lavan las manos y por ende, será el gobierno el que asuma las consecuencias definitivas de su decisión. Decisión que aún no ha tomado.
No es necesario andarse con medias tintas. El gobierno tiene en sus manos la potestad de decidir el uso de fuerza letal contra los manifestantes y limitar libertades elementales, pero eso no implica suspender la Constitución y sus mandatos.
Estamos en la antesala del enésimo episodio negro en la historia de Bolivia - si es que nadie lo remedia antes - que simboliza el fracaso de un Gobierno incapaz de cumplir su programa y aunar a todos los bolivianos en un proyecto común. Esa, y no otra, es la misión del gobierno. Esa, y no otra, es la forma de lograr estabilidad para poner “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”. Poca seguridad jurídica ofrece un gobierno que requiere recurrir a la medida extrema para garantizar su día a día.
Sea lo que sea que pase, caerá en las espaldas de Rodrigo Paz Pereira.
