La “superausteridad” de Montes y los más necesitados
Las cuentas no salen según la Gobernación, por lo que toca hacer priorizaciones mientras se ordenan las competencias
La Gobernación de Tarija está a punto de tocar fondo, y lejos de cambiar de política o implicarse en la gestión para exigir soluciones en el nivel central, su propuesta sigue yendo por el ajuste extremo.
El lunes el gobernador Óscar Montes reconoció que la Ley de Emergencia Financiera tramitada la semana pasada no lograría los apoyos en una Asamblea plagada de candidatos a alcalde y decidió convertir su contenido en un decreto de “emergencia extrema” que presentará hoy, pero del que esencialmente se conocen algunos detalles.
Las cuentas que hace el Gobernador son bastante claras: se tiene previsto ingresar este año unos 240 millones de bolivianos por regalías, apenas el 10% de lo de hace una década. De ese monto hay que dedicar unos 100 millones a pagar deuda financiera a los bancos que en su día prestaron para culminar las obras de Lino Condori, otros 60 millones se destinan al gasto operativo de la institución y se pretenden reservar unos 40 millones para cuestiones de emergencia, sin especificar.
El Gobierno Departamental tiene que garantizar la representación de los intereses y necesidades de Tarija y buscar alternativas
A partir de ahí, señala el Gobernador, se necesitan unos 140 millones para cumplir con los programas y otras obligaciones adquiridas, como la canasta del adulto mayor, las asignaciones a los municipios, los ítems de salud y el Prosol.
La Ley ya preveía vincular el Prosol a un porcentaje fijo sobre las regaláis efectivamente transferidas; dejar de pagar los ítems, eliminar la canasta para los adultos mayores con trabajo o pensión y suspender las nuevas asignaciones a municipios, pero el problema es que la mayoría de esos programas tienen Ley y por ende, deben ser reformados por otra Ley en la Asamblea, aunque veremos hoy si el equipo jurídico ha encontrado resquicios para poder controlar esos recursos de otra manera.
Lo que sí prometió fue el enésimo recorte salarial, recortar y fusionar varias unidades, cerrar otras (con el Sedeca en la mira, de nuevo) y sobre todo, dejar solo cuatro secretarías operativas en toda la Gobernación.
Hacer viable el Gobierno Autónomo Departamental es imprescindible. Tarija siempre ha tenido una vocación autónoma, en todas sus épocas. Los chiriguanos fueron duros, para la Colonia fuimos uno de esos territorios incómodos al que le iban buscando acomodo en diferentes administraciones, se luchó la independencia con tesón y en los 200 años de Bolivia, siempre hemos tenido vocación de autogobierno, abriendo las miras a los demás. Cerrar y esperar un prefecto designado no puede ser una opción.
A partir de ahí toca deducir qué es lo imprescindible, pero también cuál es la función del entramado. El Gobierno Departamental tiene que garantizar la representación de los intereses y necesidades de Tarija, y hoy por hoy es urgente revisar las competencias asignadas en la Constitución y su fuente de financiación.
Lo que es necesario es que, mientras esto suceda, los más desamparados que dependen de las instituciones públicas en Hogares y demás, al menos ellos, reciban lo que necesiten para sobrevivir. Incapaces de buscar estrategias para incrementar ingresos, es el tiempo del ajuste total, pero no dejemos a nadie fuera.
