La emergencia del Gobierno Autónomo Departamental

La Ley de Emergencia Financiera planteada por el Gobierno Departamental de Tarija es sin duda una operación milimétrica para ordenar la distribución del gasto de la institución y, de alguna forma, garantizar su sobrevivencia en el mediano plazo.

Esencialmente contempla cuatro medidas, un parate y un contrataque.

Primero, la necesidad de vincular el monto destinado al programa Solidario Comunal (Prosol) que beneficia a las comunidades rurales productivas a un porcentaje fijo de regalías – la discusión será si es sobre presupuesto o sobre lo efectivamente cobrado -. Hasta ahora cada gobernador había decidido destinar montos alegremente al programa en función de sus cálculos y pálpitos, lo que ha provocado serios desajustes, por lo que no haber tomado antes esta medida, es ciertamente irracional e irresponsable.

Segundo, elimina la entrega de la canasta alimentaria al adulto mayor a todas aquellas personas que sigan trabajando o cobren una pensión de jubilación. El programa se creó en un momento de alta bonanza, más para incentivar la producción local que para cuidar la alimentación de los más mayores, pero eso tampoco tuvo éxito. Los tiempos han cambiado y la medida puede ser impopular, pero necesaria y comprensible.

Tercero, ya entrando en terrenos pantanosos, señala que la Gobernación solo pagará ítems de salud del tercer nivel, que al fin y al cabo es lo que dice la norma de distribución de competencias, aunque se han hecho otros manejos que parecen insostenibles, y que no van a caer bien ni en el Sedes ni en los municipios.

Cuarto, suspende la asignación de recursos a proyectos concurrentes municipales, aunque se compromete a acabar los firmados en los últimos tres años, sin duda una medida que causará polémica y que difícilmente pasará en una asamblea plagada de políticos que aspiran a ser alcaldes en 2026.

El parate apunta al nivel central y dice que no va a seguir financiando algunas actividades competencia del nivel central, seguramente en referencia al bono de vacunación o las actividades del Día de la Bandera, pero que podrían ser mucho más amplias sí, por ejemplo, se exige que la Renta Dignidad se pague con otros recursos.

Y el contrataque viene de la mano del Decreto 003/2022, que ya en su momento intentó reducir la enorme estructura del Servicio Departamental de Caminos a una unidad operativa funcional y que judicialmente no le fue bien. Los tiempos han cambiado.

Lo curioso de la Ley es que ha tomado forma en 2025, a un año de elecciones y con el país en llamas y cuando el Gobernador ya ha anunciado que no pretende buscar un cargo electo en los siguientes retos. La Asamblea se va a tomar su tiempo, porque así funciona, no por el interés del departamento o de la propia institución del Gobierno Departamental, en serio riesgo de colapso, sino por los intereses personales de cada uno.

La Ley llega tarde después de cinco años de crisis y recortes en una gestión que no ha dejado otra impronta más allá de sostener algunos programas de salud y acción social, pero al menos, ojalá sirva para que las instituciones de la Autonomía se mantengan a flote hasta que lleguen tiempos mejores.