Las cuentas del litio
Más allá de los detalles técnicos, es importante que los candidatos expresen su opinión sin dobleces sobre qué hacer con el litio
Las posibilidades políticas de que los contratos del litio pasen por la Asamblea Plurinacional con resultados positivos deberían tender a cero si cada cual atendiera a sus bancadas y al propio calendario electoral, pues nadie quiere concederle una victoria al gobierno a estas alturas del baile, a solo seis meses de las elecciones, pero en una legislatura en la que la bancada del MAS se ha partido en dos o tres; la de CC ha perdido casi la mitad de sus efectivos y la de Creemos, elementalmente también, incluso antes de que su referencia acabara en Chonchocoro, siguen manteniendo esa opción viva en lo que a todas luces parece una carrera al sprint.
El apuro en sí despierta recelos. El contrato con los alemanes, que esencialmente era similar y generó una reacción aún más dura en Potosí por el tema de regalías, fue anulado en noviembre de 2019 casi como última concesión de Evo Morales para salvar el cargo. No lo logró. Jeanine Áñez no movió nada en ese espinoso asunto y Luis Arce ha tenido cuatro largos años para desarrollar una nueva estrategia que insertara los recursos naturales de Bolivia en la gran apuesta mundial por la transformación energética limpia donde las baterías de litio juegan un rol fundamental.
La gran apuesta mundial es por la transformación energética limpia donde las baterías de litio juegan un rol fundamental, y eso no es opinable
El plan ha pasado por desarrollar contratos de servicios, similares a los que se operan en hidrocarburos, con empresas chinas y rusas, donde quien venga a invertir esencialmente recibe un pago en carbonato de litio, además de una amortización de la inversión en ese mismo producto, y el resto se queda como producción nacional para su exportación o utilización, hasta que finalmente la planta pase a titularidad boliviana, aunque probablemente para entonces las tecnologías hayan cambiado.
El contrato es complejo, con muchas simulaciones, datos técnicos y científicos, estimaciones y demás para los que efectivamente es necesario que hablen los expertos, y aunque la sombra de la sospecha en un país como el nuestro es fácil de extender sobre el que toma las decisiones, seguramente lo sano sería darle credibilidad a los que velan por el interés del Estado al menos hasta que se demuestre lo contrario.
Lo cierto es que no es difícil encontrar elementos de crítica sobre cualquier proyecto a poco que se pone esfuerzo, pero probablemente no sea el detalle en el que se debería concentrar la discusión, sino en el marco grande: ¿Estamos de acuerdo en explotar 1,36% del Salar? ¿O el 25%? ¿O el 50%?
Los políticos deben hablar sin tapujos ni vueltas ni cálculos si quieren que el país participe directamente de ese negocio o prefieren que venga alguien a manejarlo, y si es así a cambio de qué: ¿De una regalía del 3% y sus impuestos de Ley? ¿De una regalía del 50%? ¿De unas cuantas acciones en grandes holdings?
Estamos en el tiempo de la política, porque como es sabido, todos los contratos después de firmados se negocian, se amplían, se cancelan o se ejecutan satisfactoriamente, o no tanto. Es importante que se fijen las posturas de verdad para que los ciudadanos sepamos qué va a pasar a partir de agosto, y no venga otro aventurero a probar suerte durante cinco años para volver a perder el tren.
