El momento de Evo en la justicia
La acusación tiene una evidente connotación política, pero las acusaciones son de una magnitud suficiente como para exigir una explicación
El momento de la verdad ha llegado. A las 9.30 de este martes está fijada la audiencia de medidas cautelares en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija para que Evo Morales e Idelsa Pozo den las explicaciones pertinentes sobre un presunto caso de trata de menores, un proceso retomado “oportunamente” por la Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez justo en el momento cúspide de la pugna en el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre los que defienden la legitimidad del expresidente Evo Morales a seguir postulando y presidiendo el país, y quienes creen que es tiempo de renovación y ven justo que Luis Arce u otra persona busquen la presidencia con el bloque popular.
El matiz político de esta denuncia es indisimulable. De hecho, fue una de las bazas jugadas por el gobierno de Jeanine Áñez, que estuvo once meses buscando una manera de desacreditar al expresidente sin encontrar (o hacer públicos) indicios de corrupción que lo involucraran, pero sí una caterva de indicios sobre su dudosa conducta moral y sexual en la parcela íntima.
Siempre cabe aclarar que cuando Noemí Meneses acompañó a Morales en Buenos Aires ya tenía la mayoría de edad
La investigación por este caso: la inscripción de una niña hija de una menor de edad en el Registro Civil atribuyendo la paternidad a Evo Morales, se abrió en 2020 y el Fiscal General de entonces, Juan Lanchipa, elegido por el MAS en la Asamblea, manejó los tiempos sin ningún entusiasmo. El ministro de Gobierno de aquel entonces, Arturo Murillo, optó por airear entonces elementos de otra investigación que hacía al mismo tema – las fotografías de la relación con Noemi Meneses extraídas de su teléfono tras una detención exprés -, porque el objetivo era descalificar moralmente al expresidente a nivel nacional e internacional. Seguramente airear docenas de fotografías íntimas vulneró varios preceptos constitucionales, pero cuando el asunto habla de menores las regulaciones se relativizan por el interés superior del niño.
El caso – el de la inscripción del bebé de una menor - se cerró ni bien el MAS volvió al poder, a finales de 2020 mientras que Morales nunca negó la relación con Noemí Meneses, retratada en varias crónicas periodísticas de la época, como la de Jon Lee Anderson o el más reciente libro de su biógrafo, Martín Shivak, y de la que han dado testimonio varios colaboradores de la época incluido el presidente Luis Arce, cayendo en una suerte de autoinculpación por encubrimiento, aunque siempre cabe aclarar que cuando Noemí Meneses acompañó a Morales en Buenos Aires ya tenía la mayoría de edad.
En ese silencio, el estigma no se borró y más bien se siguieron difundiendo documentos cuestionables sobre el trato del expresidente con la mujeres y niñas que lo “condenaban” socialmente.
La reposición del caso por parte de la Fiscalía a partir de un informe policial en el que se estima una posibilidad de trata, luego de que la supuesta abuela de la nieta de Evo Morales, madre de la menor, hubiera recibido contraprestaciones como una candidatura y posteriormente un alto cargo jerárquico en el municipio de Yacuiba, tiene un evidente cariz político, pero precisamente por ese cariz es que Morales está obligado a responder.
En la respuesta se juega buena parte de su colofón político y sin duda, esconderse en silencio detrás de la legión de abogados buscando chicanas y apelando al “lawfare”, con tanto que nos conocemos todos en este país, no parece ser el mejor sonido para su epitafio.
