Tarija, el asalto a la caja
Las soluciones a nuestro desarrollo no llegarán a través de miniproyectos en cada uno de los municipios sino con cambios estructurales
El presidente de la Asamblea, Alan Barca, consiguió el cargo rompiendo la bancada de Unidos y “aceptando” la ayuda del Movimiento Al Socialismo (MAS). Su justificación oficial fue que haría más cosas por los municipios que a su juicio, estaban siendo relegados por la gestión de Óscar Montes.
El resultado ha sido un déficit gigantesco en una institución que no muestra su utilidad; contrataciones generosas a medios inexistentes, un malabarismo imposible con la enésima propuesta de modificar la Ley del 45% y una chapuza a traición recuperando el débito automático y elevando la cuantía al 1,5% de los recursos de la renta petrolera de la autonomía departamental para cada uno de los municipios no chaqueños.
Sin entrar a valorar estas cuestiones competenciales de la autonomía por las que la autonomía departamental está construida sobre unos recursos volubles vinculados a las regalías y ligados a unas competencias y la autonomía municipal, que depende íntegramente del Gobierno Nacional y de un sistema de financiación obsoleto, pero vigente, lo que queda en evidencia es que la lucha por las migajas puede acabar por devorarnos.
El Estatuto de Autonomía incluye un artículo por el que se promueve la coparticipación en proyectos locales en concurrencia con los gobiernos municipales. Era una fórmula pergeñada en los tiempos de bonanza y en un momento político muy específico: la gobernación necesitaba mecanismos para sumar voluntades y llegar a los nichos populares de votación en el territorio.
Aquello nunca se reguló por Ley Orgánica, como debía haber sido, partiendo del debate y vinculando la inversión a algunos criterios que fueran de interés departamental, como por ejemplo el agua o la vertebración caminera o eléctrica, o priorizado montos en los municipios más pobres. Al contrario, el Movimiento Al Socialismo capitaneado entonces por Álvaro Ruíz desde la AMT vio la oportunidad de pescar recursos y mortificar al gobernador Adrián Oliva y planteó una Ley de reparto equitativo y obligatorio para lo que los alcaldes definieran y, además, con debito automático de parte del Gobierno Nacional. Algunos de los que ayudaron hoy protestan.
Aunque a principios de gestión la bancada de Unidos logró librarse del débito automático, el asunto ha vuelto a la agenda por un asunto fundamental: Los municipios productores han vuelto a poner sobre la mesa la redistribución del 45% y Alan Barca, asambleísta por Caraparí, no puede aceptarla si, como todos los asambleístas, quiere aspirar a ser alcalde.
La ley del 1,5% para cada municipio, que suma el 12% del 55%, o modificar el pacto fiscal departamental que entrega el 45% de las regalías a la que fue la región más olvidada de Bolivia comparten el mismo criterio, y el mismo problema: las soluciones a nuestro desarrollo no llegarán a través de miniproyectos en cada uno de los municipios. No es ninguna solución cerrar la Gobernación y repartir la plata por municipios, que luego será por barrios, por calles, y al final, por familias. Lo que urge es encontrar lo que nos une, desarrollar proyectos comunes de alto impacto que ayuden al departamento a crecer y a ofrecer mejores soluciones para sus habitantes. Tarija necesita cambios estructurales que incentiven un horizonte compartido en el que todos los municipios y todos los habitantes salgan beneficiados. Lo contrario es subvencionar alguna farra y mostrarnos cada vez más pequeños, más lejanos y por ende, más vulnerables.
Destacado.- El Estatuto de Autonomía incluye un artículo por el que se promueve la coparticipación porque se necesitaban mecanismos para sumar voluntades
