La política y los negocios transgénicos
La escalada inflacionaria alimentaria mundial tiene que ver con la especulación, pero también con estrategias de presión para modificar ciertas normas y autorizar mayor uso de la biotecnología
El gobierno necesita aliados para sostener su gestión, y en ese marco se han reabierto las conversaciones al alto nivel con los grandes agroindustriales cruceños, que tampoco suelen tener dudas sobre qué espacios ocupar para utilizar la política de la forma más viable para sus intereses.
El marco de negociación lo ha establecido el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que ha señalado las dos prioridades de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo): introducir más eventos biotecnológicos y aumentar los cupos de exportación, dos asuntos que el gobierno de Arce está dispuesto a negociar.
En un contexto inflacionario fuerte aumentar la producción es sinónimo de nuevos recursos económicos disponibles en corto plazo
El uso de la biotecnología está al alza en todo el mundo, pues incluso en Europa se ha empezado a abrir la mano a las producciones con semillas genéticamente modificadas – habitualmente conocidas como transgénicos – ante la sustancial alza de precios de los alimentos que ha azotado a todos los mercados mundiales por encima de la pandemia y por encima de la guerra de Ucrania y Rusia, los dos países que producen el 40 por ciento del trigo del mundo.
El problema de los precios no es tan coyuntural sino una cuestión que responde a las proyecciones demográficas del planeta: para final de siglo se estima que hayamos alcanzado los 10.000 millones de personas en el mundo y que la inmensa mayoría de ellas tenga los recursos necesarios, al precio actual, de comer tres veces al día, lo que según algunos estudios hará que no se produzcan los suficientes alimentos para alimentar a tanta gente.
En esas, la escalada inflacionaria tiene que ver con la especulación, pero también con estrategias de presión para modificar ciertas normas y autorizar mayor uso de la biotecnología. En Bolivia sólo existe un evento transgénico autorizado legalmente: la soya RR, pero circulan cientos de semillas introducidas de contrabando o durante la vigencia de los decretos 4232 y 4238, que autorizó Jeanine Áñez, y que establecían un procedimiento abreviado para cientos de eventos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
En el marco de la sequía persistente en la región, los agroindustriales insisten en solicitar que se autoricen modificaciones genéticas en las semillas que palíen los malos resultados, mientras que el gobierno de Arce apenas se ha mostrado tajante en negar los eventos relacionados a la papa y el maíz, por ser una riqueza autóctona, lo que ha abierto expectativas con otros cultivos.
Pegado a esto aparece la negociación por los cupos de exportación: en un contexto inflacionario fuerte aumentar la producción es sinónimo de nuevos recursos económicos disponibles en corto plazo, pero poco podrá hacer el gobierno de Luis Arce si no garantiza que esos recursos de la exportación vuelvan al sistema financiero boliviano y no suceda como en la Argentina, donde los recursos se quedan en paraísos fiscales, algo que también sumó en la quiebra del banco Fassil.
El pulso es delicado y va mucho más allá de la política o la economía. La salud y los compromisos con la Madre Tierra están sobre la mesa. Veremos si en esta ocasión vuelven a primar los intereses económicos a corto plazo.
