El Chaco, la federalización y la política
Tras la bonanza, demasiadas obras principales en la región autónoma siguen sin poder acabarse mientras las autoridades guardan “obediencia” estratégica
El nuevo aniversario del Gran Chaco llega en un momento delicado en lo político y lo económico para con la región, que sigue viviendo su transición interna de una forma un tanto desordenada. El 12 se conmemora la conformación de la provincia, pero hace más de 20 años que el Chaco luchaba por una autonomía regional que se ha conseguido, aunque los efectos prácticos no acaben de convencer a todos.
La Autonomía Regional se incorporó ya en la Constitución de 2009, hace 14 años, pero se tardó demasiado en redactar un Estatuto Regional que, además, parece colisionar con los objetivos que a priori se trazaron. Todo el texto parece estar destinado a proteger el pacto fiscal departamental de los 80 – 90 que otorga el 45% de las regalías e IDH al Chaco y a detallar muy claramente cómo se reparte, que es concretamente a partes iguales entre los tres municipios que conforman la región autónoma: Yacuiba, Villa Montes y Caraparí en un ejercicio loable de solidaridad intermunicipal, pues no se vincula a la producción de gas porque básicamente en Yacuiba nunca hubo, pero que deja la estructura vacía.
Como la motivación fue el reparto por municipios, el resto del texto tiene ciertas partes tragicómicas, como que se elija una “Máxima Autoridad Ejecutiva” que siempre será de Yacuiba mientras Caraparí y Villa Montes eligen a sus ejecutivos de desarrollo, pero que al fin, los tres gestionan un presupuesto similar y tienen el mismo grado de representación institucional.
Se trata tal vez de un ejercicio de federalización llevado al extremo, al fin y al cabo, el decidido por las autoridades de ese entonces y refrendado en las ánforas por el pueblo, por lo que serán esos mismos actores quienes deban definir los cambios que desde diferentes foros se vienen sugiriendo.
La Autonomía Regional es básicamente un espacio de planificación que deja manos libres a las autoridades regionales para priorizar sus inversiones y gastos de acuerdo a sus necesidades. El problema es que no hay un ente que mire por el conjunto del Chaco a pesar de que muchos de los asuntos entre manos benefician a los tres municipios, pues ni el túnel del Aguaragüe es una cosa de Caraparí, ni el aeropuerto de Yacuiba, ni la salud del Pilcomayo o su utilización, de Villa Montes. La doble vía, el Fray Quebracho, etc., son proyectos comunes que deberían tener una institución concentrada solo en ellos, al margen de lo que hicieran los ejecutivos de desarrollo.
Parte de esta trampa en la que se ha metido la autonomía regional tiene que ver con una interpretación errónea de los lineamientos políticos. La demanda de la autonomía regional es histórica y ningún partido o persona debería pretender atribuírsela. Los chaqueños deben concentrarse en proteger sus avances y en exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por encima de cualquier otra condición.
El Chaco sigue siendo una de las regiones con más potencialidad del país, por sus recursos hidrocarburíferos, agrícolas y productivos, por su clima y por su gente. Una de las regiones históricamente más olvidadas y castigadas del país en el que su gente noble solo quiere trabajar duro para salir adelante mientras contempla demasiadas veces como los mercenarios de la política lo convierten en objeto de cambio, en mera mercancía. Seguramente es hora de que los pueblos alcen la voz, porque la “obediencia política” les está dando muy escasos resultados.
