¿Qué reemplazo de las AFP?
Tanto se ha esforzado el Gobierno en decir que nada cambiará que hasta su gerente de inversiones ha reivindicado como logro uno de los grandes problemas: la exportación del ahorro
Hace más de una década se anunció la nacionalización del sistema de pensiones a bombo y platillo, aunque después todo fue tomando la forma de salida pactada. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas que operaban en el país desde los tiempos de Sánchez de Lozada se alistaron para retirarse de mutuo acuerdo, asegurándose de no perder y de tampoco ir a ningún litigio de esos interminables. Así, el tiempo extra de esas AFP ha llegado hasta mayo de 2023.
El sistema de capitalización individual implementado tiene evidentemente sus lagunas en un país donde reina la informalidad y la trampa como el nuestro. De hecho, son las administraciones públicas a través de esa figura del “consultor” quienes más estafan a sus trabajadores y al colectivo.
El sistema además tiene sus “fallas de concepción” que es común al de la mayoría de los países del mundo, aunque en el caso de Bolivia, con una esperanza de vida precaria, resulta aberrante una fórmula de cálculo que contemple beneficiarios de más de 120 años, lo que al final hace que las pensiones sean por demás bajas.
En los más de 10 años desde que se anunció la intervención estatal apenas se han ajustado algunas cantidades en los aportes para lograr una mejora de las pensiones más bajas, que de momento no son solución para los adultos mayores, pero que al menos mejorará lo colectivo.
El traspaso de la administración de pensiones de los fondos privados a la Gestora Pública es probablemente la transformación más profunda de las que iba a enfrentar este gobierno, una oportunidad tal vez para plantear diferencias y hablar de un sistema tal vez más social y solidario, asuntos por los que casi nunca transita el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuando plantea sus propuestas. Sin embargo, nada de esto ha pasado, más bien, todo lo contrario.
Será miedo, será prudencia, será incapacidad, el gobierno se ha esforzado en asegurar que nada iba a cambiar con el cambio de administradores de privados a públicos, algo que de entrada ya se preveía, pues la mayor parte de la administración de los fondos constituidos por los ahorros jubilatorios de los bolivianos están regulados por ley.
Tanto se ha esforzado el gobierno en mostrar que nada cambiará que hasta su gerente de inversiones ha puesto sobre la mesa uno de los grandes problemas de esta concepción, para ratificarla: la mayor parte de los fondos está puesto en el sistema financiero que, a su vez, deposita esos millones de dólares en banca extranjera triple A, es decir, de las potencias hegemónicas.
El sistema está así montado. Estados que no tienen ya nada que vender ni explotar en sus propios suelos sostienen altísimos trenes de vida con altísimos niveles de deuda externa que, en demasiadas ocasiones, contratan países pobres. Sí, los ahorros bolivianos financian el bienestar de europeos y norteamericanos que ambicionan apropiarse de recursos como el litio, que sin embargo no sirven a Bolivia para respaldar su propio crecimiento, pues sus bonos de deuda cuestan cinco veces más.
No son paradojas del sistema, es el sistema mismo que muy pocos se atreven a cuestionar. Pero resulta complejo que quienes se llaman revolucionarios hagan tantos esfuerzos por mostrarse como fieles garantes del mismo.
