El atasco autonómico
La autonomía versada en la Constitución no se aplica y hasta el momento apenas significa una multiplicación del gasto corriente
El sistema institucional boliviano tiene varias anomalías. Una de ellas es la relacionada al Estado Autonómico. O más bien, al fallido Estado Autonómico.
Incluido en el texto Constitucional de 2009 después de dos años de dura batalla entre el gobierno central y los cívicos de la periferia, constituidos entonces en aquello que se llamó la Media Luna o la Coordinadora Nacional Departamental (Conade), se convirtió pronto en una falla estructural a la que nadie quería mirar.
De entrada, se constituyó un Estado Autonómico sin financiación estable, es decir, el único sustento procedía de regalías mineras o petroleras, por lo tanto, de ingresos dependientes de cotizaciones internacionales en mercados donde de ninguna manera se podía influir. Como consecuencia, tampoco quedaron claras cuáles eran las competencias que iba ejercer cada uno de los niveles del Estado dejando todo en una vaga concurrencia que permite vincularlo todo a las simpatías o antipatías políticas. Si se hace bien, sí no, también. Así, el Estado nunca ha querido soltar ni las competencias en Educación ni en Salud más allá de los Sedes a pesar de que la autonomía precisamente permite asignar mejor los recursos en el terreno al tener mayor conocimiento.
Como el desconcierto era mayúsculo, pues unos cuantos habían llegado a la autonomía por adelantado, con Estatuto y todo, se aprobó la Ley Marco de Autonomías donde se pretendió reglar más o menos todos los procesos parra que nada quedara demasiado al aire, así, dio un plazo a unos para adaptar su Estatuto a la Constitución y a los otros para aprobar su propio Estatuto. En ambos casos se llevó con desgana supina e incluso los textos de departamentos como La Paz, Potosí y Oruro fueron rechazados en referéndum creando un vacío mayúsculo que bien podía haber derivado en crisis constitucional si realmente la autonomía estuviera sirviendo para algo en ese entonces.
La Ley tal vez resolvió los problemas, pero lastró la autonomía, pues incluyó procedimientos de control presupuestario y de gastos que maniataron la planificación y, además, incluyó otros que acabaron por cercenar la voluntad popular con suspensiones del ejecutivo a simple acusación fiscal.
Esa misma Ley instaba a, en el plazo de seis meses después del censo que tocaba en 2011 acordar un nuevo Pacto Fiscal entre los diferentes niveles del Estado. El Censo se hizo en 2012, se dieron resultados dos años después y a la fecha todavía no se han redistribuido recursos, lo que sigue impidiendo el desarrollo autonómico de aquellas regiones que sí tienen vocación de autogobierno, como es el caso de Tarija.
La cuestión es cuánto tiempo se debe esperar para cambiar algo que no funciona. La autonomía versada en la Constitución no se aplica y hasta el momento apenas significa una multiplicación del gasto corriente, duplicando estructuras, que hasta ahora no pueden dar respuestas a problemas sencillos de la gente, que se burocratizan y se traban porque “hay que coordinar”.
Bolivia necesita soluciones para ser más eficiente en su gasto. Urge abrir el melón.
