Los silencios de la crisis en Tarija
Las decisiones de Lino Condori no emanaban de Lino, evidentemente, sino que tenían el respaldo en un mecanismo utilizado por el Ministerio de Economía: los certificados “de disponibilidad presupuestaria”
La delicada situación económica de Tarija no parece tener fin. Sea por unos o sea por otros, la escasez de recursos viene marcando la actualidad de la Gobernación desde hace ya siete años, los mismos que se lleva en recesión, y sin embargo nadie acaba de ponerle el cascabel al gato.
Escuchar al gobernador Óscar Montes estos días en los que anda lidiando con el asunto de Margarita, pero también con los problemas de liquidez derivados de las decisiones judiciales, es volver a revivir la historia de los últimos años desde que Lino Condori dejó el interinato.
En esta ocasión el asunto particular tiene que ver con el interconectado eléctrico a la red nacional, que por cierto encuentra buena parte de sus recursos de provisión en la termoeléctrica del Chaco quemando gas a precio de mercado interno. Se trata de un convenio antiguo firmado por Lino Condori en su largo interinato al frente de la Gobernación, que coincidió además con los años de súper bonanza económica (2012 – 2014) en los que los recursos departamentales superaban los 400 millones de dólares anuales por los apenas 100 que llegan actualmente.
El convenio establecía que Tarija iba a pagar por su interconectado a diferencia de lo que se hacía en otras regiones y a pesar de que la extensión del cable beneficiaba, sobre todo, a Ende. Sin embargo, eran los tiempos de la bonanza y nadie pareció reparar en esos detalles, pues como ese proyecto hubo muchos.
Las decisiones de Lino Condori no emanaban de Lino, evidentemente, y tampoco en exclusiva de su círculo palaciego, nombrado casi en exclusiva por el presidente y el vicepresidente del Estado, sino que tenían el respaldo en un mecanismo utilizado por el Ministerio de Economía de la época que extendía los denominados certificados “de disponibilidad presupuestaria”.
Coincidentemente, cuando el candidato del MAS perdió y Adrián Oliva entró a la Gobernación, el barril de petróleo se derrumbó de los 100 dólares de 2014 a los 30 dólares de enero de 2016 y en la misma proporción desaparecieron los ingresos del Tesoro Departamental, pero ahí estaban los proyectos comprometidos con su certificado de disponibilidad presupuestaria.
Un juez parece haber decidido que es más importante que Tarija pague a Ende, un gigante eléctrico que ejerce el monopolio con mano de acero, a que pueda cumplir con sus programas sociales y compromisos adquiridos llegando incluso a congelar las cuentas, según señala el gobernador, y exigiendo el pago inmediato de unos 120 millones de bolivianos para saldar esa deuda.
Van siete años en los que la Gobernación no ha dejado de nadar en retroceso: negociar plazos, planes de pagos y acudir a la deuda privada con entidades bancarias con intereses comerciales altos no deja de ser una trampa, aunque sea lo que aparentemente hay que hacer.
En algún momento, sin embargo, habrá que pedir responsabilidades de verdad a quien las tuvo en su momento, a los que hicieron la fiesta, a los que la alimentaron y a los que la toleraron sin advertir el fiasco que se avecinaba. En algún momento también habrá que hablar de un modelo de financiación autonómica ridículo e insostenible. En algún momento, alguien deberá pagar las cuentas.
