El golpe peruano

No conviene caer en el engaño ni dejarse llevar por oscuras intenciones. Lo que está en marcha en Perú es el enésimo golpe parlamentario a un presidente constitucional, amparado por un texto ambiguo y destinado a otros fines, pero en el que los diputados han encontrado un filón para sus ambiciones.

Pedro Castillo es el presidente legítimo de Perú, ganó en las ánforas después de un agónico conteo voto a voto de un tribunal elegido por el parlamento de mayoría fujimorista y bajo la presión de todos los actores políticos, mediáticos y empresariales de la élite limeña, que sigue viviendo de espaldas a su país, reproduciendo lógicas racistas y clasistas impropias de estos tiempos.

Castillo es un presidente nacionalista y con su claro corte popular, que tiene un programa meridianamente claro para el Perú: Constituyente, nacionalización de determinadas minas y yacimientos, pero que está encerrado en un sistema unicameral que otorga amplios poderes a los diputados, y que sin una bancada mayoritaria – en primera vuelta nadie pasó del 20 por ciento – cualquier ley o acuerdo exige un amplio trabajo de consenso para el que no parece vaya a tener tiempo.

La moción de vacancia por “incapacidad moral permanente” contemplada en la Constitución se pensó con otros fines, es decir, para apartar a presidentes que realmente fueran nefastos para la imagen del país, pero últimamente se usa para fulminar presidentes, aunque para ello haya que escarbar en el pasado y obviar el debido proceso. Pedro Pablo Kuczynski cayó por sus lazos evidentes con Oderbrecht; Martín Vizcarra por una corruptela menor que no fue ni juzgada en su momento hace años, y Pedro Castillo parece tendrá que someterse por una sospecha de prevaricación en una Ley de ascensos militares…

Lo de la presunción de inocencia no es algo que se lleve muy a gala en este rincón del mundo. En Bolivia, por ejemplo, la Ley Marco de Autonomías contemplaba la suspensión de gobernadores y alcaldes a simple imputación fiscal luego de ser tratada en el órgano legislativo, y que, aunque luego fue eliminada del ordenamiento jurídico, se cobró la cabeza de varios ejecutivos, como Mario Cossío en Tarija o Ernesto Suárez en el Beni. Figuras similares se usaron en Paraguay para apartar a Fernando Lugo o en Brasil para apartar a Dilma Rousseff. Cossío fue encontrado no culpable, pero el daño ya estaba hecho.

Castillo hace apenas cinco meses que ejerce el poder, y muy limitado por la coyuntura. Ya ha tenido que cambiar su gabinete dos veces y prescindir de aliados clave por aquello del qué dirán, pero aun así, nada es suficiente. Ha bastado con que sugiera una Ley para nacionalizar Camisea, el yacimiento de gas más importante del país, para que los tambores de guerra suenen fuertes.

Son tantos los enemigos de Castillo y tan poderosos, que resulta factible imaginarse a los diputados díscolos frotándose las manos y calculando cuándo será el mejor momento para aprobar esa sanción, y la siguiente, y la siguiente, hasta que haya de nuevo elecciones. Ese será el momento, seguramente, de ajustar las cuentas.