Los desiguales esfuerzos contra la crisis

El Gobierno ha tirado la puerta: No habrá un nuevo diferimiento de créditos en el país en este año. La medida “estrella” del Gobierno de Jeanine Áñez, impulsado con altas dosis de populismo y un cálculo electoral bastante elemental que finalmente no tuvo ningún resultado, pues la expresidenta acabó declinando la carrera.

Con todo, Áñez trató de ganar puntos hasta el final, pues al parche inicial y tardío le siguió una ampliación hasta fin de año en los mismos términos, es decir, con la suficiente nebulosa como para que la Banca hiciera lo que quisiera y los clientes se metieran en problemas si no tenían el respaldo de un gremio fuerte.

Y es que el diferimiento de créditos ha tenido efectos dispares en la economía nacional; mientras la banca ha cerrado el grifo de la financiación a proyectos nuevos, que por otro lado se han disipado y se han endurecido las condiciones para aquellos que tenían créditos en vigor, también ha recibido ayudas públicas y la administración de los varios bonos de emergencia impulsados en el marco de los programas internacionales, que sirvieron también para la pelea partidaria en Bolivia.

Mientras que la Ley de Alquileres plantea “repartir esfuerzos” de forma proporcional, la del Diferimiento prevé el cobro íntegro de las cuotas y sus intereses

La decisión del Gobierno contrasta frontalmente con las propuestas que durante la gestión de Jeanine Áñez se hicieron desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se logró establecer un marco de oposición que hizo daño al Gobierno de transición. Ese marco se tejió con una serie de leyes que tenían por justificación el apoyo a los sectores populares y que finalmente puso en apuros al Gobierno de Áñez, que después de declinar sus intenciones electorales se vio nomás obligado a mediar a favor de los sectores a los que representa.

Con todo, las justificaciones de las diferentes leyes aprobadas tuvieron discrepancias, y la más notable de ellas fue precisamente la diferencia que hay entre la Ley de Alquileres, por ejemplo, y la de los diferimientos de créditos. Mientras en la Ley que establece condonar el 50% de determinados alquileres en favor del arrendatario apelando a la necesidad de repartir los esfuerzos, nada dice al respecto sobre los poderosos bancos y financieras, que demorados o no, se establece que se cobren todos y cada uno de los intereses diferidos sin perdonar un solo boliviano.

La crisis no ha terminado y la incertidumbre de la segunda ola en Bolivia es aún mayor que la primera, puesto que se ha perdido no ya el miedo sino el propio respeto al Covid y las medidas de bioseguridad brillan por su ausencia en las grandes ciudades del país. Por mucho que el Banco Mundial – instrumento que vive de la expectativa - prevea un crecimiento del 3,9% del PIB en Bolivia tras una destrucción del 14%, no se trata de una buena noticia.

Los argumentos del Gobierno hoy son prácticamente los mismos que los del Gobierno de Áñez en la última época, ya cuando el tren de la elección había pasado. “Grave error”, “estabilidad del sistema”, “mover la economía”, “autorregulación” y el resto de los conceptos de la ortodoxia liberal que tan pocas respuestas están dando a esta y las últimas crisis. La primera crisis del Gobierno con sus bases está en ciernes.