El Gobierno y el reparto de esfuerzos en la crisis
El “reparto de cargas” no se aplica en otras normativas en las que se regulan, por ejemplo, las relaciones entre los bancos y sus clientes, las AFP y los aportantes o Impuestos y las empresas
El equipo económico que acompaña a Luis Arce no es un equipo novato ni un equipo que necesita adecuarse al manejo institucional y burocrático del Gobierno, sino todo lo contrario. Los altos cargos de todas las instituciones, empezando por el propio Luis Arce, han manejado la economía nacional los últimos 14 años. Un periodo de tiempo que ellos mismos han catalogado de muy exitoso, y que de hecho lo es de acuerdo a los indicadores ortodoxos de la economía liberal: crecimiento del PIB por encima de todas las cosas.
La cautela, sin embargo, es la pauta que viene aplicando en estas primeras semanas de retorno al poder, donde las señales económicas han sido muy pocas más allá de un par de anuncios sobre la catastrófica situación de las arcas del Tesoro General del Estado dejada por Jeanine Áñez y compañía, y la promesa de poner en circulación el Bono Contra el Hambre antes de fin de año, aun sin tomar las previsiones necesarias – más allá de la mera recomendación – para evitar que el mismo se vaya a la importación de mercadería barata en el mejor de los casos, o al contrabando en el peor.
Salvar los puestos de trabajo formal, aquellos que dan las garantías para invertir en el mediano plazo, debería ser prioridad, pero hay pocas señales públicas que así lo manifiesten
El equipo socialista muy keynesiano del nuevo Gobierno defiende la reactivación económica a partir de la inyección de recursos en el mercado, para incentivar la demanda, y aunque en el pasado ha quedado claro que esos incentivos sin las precauciones descritas no han contribuido a estimular la producción local, sino a destruirla – véanse los efectos del doble aguinaldo en la mediana empresa –, por el momento no parece que se ensayen fórmulas diferentes.
Una de las que podría ser está contemplada en la Ley de Alquileres, pero no en el resto. Los promotores de la Ley de Alquileres incluyeron en su preámbulo la necesidad de “repartir las cargas” para “enfrentar la crisis”, y de esa forma se justificó que los arrendadores sacrifiquen ingresos en favor de los arrendatarios a modo de solidaridad.
El argumento parece válido, pero sin embargo no se aplica en otras normativas en las que se regulan, por ejemplo, las relaciones entre los bancos y sus clientes, las AFP y los aportantes o Impuestos y las empresas. En estos casos, siempre son los ciudadanos y los emprendedores quienes deben resignar ingresos y no las instituciones.
En el caso de Impuestos todos esperan un perdonazo y en el caso de las AFP se plantea una modificación que permita reprogramar aportes en el tiempo, o incluso suspenderlos de alguna forma sin que haya impacto para el trabajador futuro pensionista. Salvar los puestos de trabajo formal, aquellos que dan las garantías para invertir en el mediano plazo, debería ser prioridad, pero hay pocas señales públicas que así lo manifiesten, y no todos los que analizan qué hacer con sus empleados en 2021 se sientan en reuniones informales de Gobierno.
El otro asunto clave es el de los créditos. Los bancos acabaron aceptando el diferimiento de mala gana y tocaron todos los resortes para “convencer” a sus clientes de que no dejaran de pagar. En enero se volverá a cobrar y varios sectores ya empiezan a pedir alguna acción al Gobierno, porque es evidente que la actividad económica no es la misma que hace dos años.
La pelota está en la cancha del Gobierno y su primera crisis social puede llegar mucho antes de lo previsto.
