El asalto al patrimonio del Estado
El MAS, adicto al cemento y especialmente a los aeropuertos, nacionalizó Sabsa y metió más de 700 millones de dólares en la remodelación de infraestructuras; ahora se pretende ceder en “alianza público privada”
El Estado está en riesgo. La decisión de Jeanine Áñez de dejar la candidatura electoral tuvo unas consecuencias políticas muy evidentes que los partidos que combaten al Movimiento Al Socialismo (MAS) celebraron, pero también tiene unos efectos específicos sobre la gestión del Estado, en plena crisis y a menos de cuatro meses de dejar el poder.
La primera voz de alarma la dio el ex Procurador José María Cabrera, destituido a pedido del ministro de Gobierno. Arturo Murillo – reconocido por él mismo – y que advirtió de la intención de privatizar Ende devolviendo acciones a Elfec y abriendo una vía por la que se podían escurrir 2.000 millones de dólares del Estado.
Tal vez pudieran empezar por aplicar la fórmula de la alianza en el Oriel Lea Plaza, tal vez el único de los aeropuertos capitales que no recibió una mínima inversión que lo hiciera decente.
Lo primero que ha dicho su sucesor, Alberto Morales, es que no hay nada extraño en la compra de gases lacrimógenos por parte del Ministerio de Gobierno, el otro caso observado por Cabrera ante los indicios de sobreprecios, y lo que hubiera desencadenado la furia de Murillo.
En esas condiciones y con un Fiscal General acogotado por su forma de selección y una Contraloría de todo menos ágil, enfrentamos cuatro meses – que pueden ser menos – y que se presumen frenéticos y de alto riesgo.
Una denuncia de los trabajadores de SABSA ha llevado al Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a reconocer la intención de “incorporar” capital privado a la empresa nacionalizada en 2013. “Simplemente se busca inversiones y potenciar el transporte aéreo” asevera una comunicación oficial.
SABSA fue nacionalizado en 2013 no precisamente por ser una empresa rentable y que daba un buen servicio al Estado, sino todo lo contrario. Es de sobra conocida la fijación del MAS por las obras de cemento en general y de Evo Morales por los aeropuertos en particular. Se estiman unos 700 millones de dólares invertidos en las infraestructuras desde entonces, particularmente en las del eje central, con remodelaciones a fondo en Viru Viru, El Alto y Cochabamba, pero también la construcción de siete aeropuertos calificados como “inútiles” en localidades intermedias o de supuesto afán turístico, como el de Uyuni.
La “alianza público privada” es el nuevo eufemismo para justificar concesiones de servicios públicos y la administración de inversiones estratégicas entre el establishment político, independientemente de su fachada más liberal o más socialdemócrata. No se puede generalizar, pero normalmente es mejor negocio para el privado que para el público. En este caso particular, volver a repartir ganancias luego de haber asumido el 100% de las inversiones no parece ser una buena operación para el Estado. Tal vez sí para sus intermediarios. Tal vez pudieran empezar por aplicar la fórmula en el Oriel Lea Plaza, tal vez el único de los aeropuertos capitales que no recibió una mínima inversión que lo hiciera decente.
Quedan tres meses de alto riesgo para el Estado, donde las decisiones y las inversiones deben ser auditadas al más alto nivel. Ni la crisis ni la pandemia lo justifica todo, y hay que mirar el futuro.
