Las prioridades en la crisis económica boliviana
Gobierno y Legisladores coinciden en el fondo y discrepan solo en la forma de los bonos y plantean destinar millones de dólares, mientras que el sistema productivo formal tiene que solicitar migajas para sobrevivir
Tarija fue uno de los departamentos menos agraciados con los planes Empleo y Salario que de forma más simbólica que real impulsó el Gobierno Nacional al inicio de la emergencia sanitaria con el objetivo de garantizar el pago de salarios a empresas con dificultades por la pandemia, así como financiar el gasto operativo a costos algo más bajos que los del mercado.
La cantidad destinada a Tarija por esos dos programas es secreto de Estado, que tal vez en algún momento, cuando alguien rinda cuentas, salga a la luz. En la práctica, la Federación de Empresarios advirtió que apenas el 4% de las empresas tarijeñas podían acceder a esos créditos por las condiciones oficiales y superpuestas por las entidades bancarias que ejercieron de intermediarias.
El programa heredero de la segunda generación es el de los créditos 1,2,3; un programa sacado de la misma agenda ortodoxa del manejo de la crisis económica sustentados en la intermediación financiera, y dispuesto con todos los tintes populistas que manda el momento electoral, ya saben, lo de esperar a las autoridades para proceder a las entregas y lo de imprimir talonarios gigantes para que aparezcan en las fotos.
Apuntalar el sistema productivo y de servicios, especialmente el formal, es una necesidad vital para poder enfrentar la crisis que se avecina, y que todavía es incipiente.
El programa se presentó, esencialmente, como “sencillo”. El objetivo era asegurar que cualquier ciudadano podría acceder al crédito sin mayores problemas ni requisitos extraordinarios, aunque la realidad casi siempre acaba superando la imaginación.
En sí, el crédito tiene dos modalidades. Una contemplada para personas naturales y otra para que accedan empresas de diverso tamaño. En la letra chica se advierte que no pueden acceder las personas o empresas que ya estén pagando otro crédito en el sistema formal.
Las cantidades varían: las personas naturales pueden optar hasta por 64.000 bolivianos y las empresas por hasta 350.000. Al final, el fondo está dotado – inicialmente – con 120 millones de bolivianos del encaje legal depositados por los bancos en el Banco Central, que constituye el mecanismo financiero. Las matemáticas dicen que con esa cantidad se podría llegar a ayudar a unas 350 empresas en dificultades en todo el país, o a unas 2.000 personas naturales…
No existe un criterio definido para la distribución de fondos entre los diferentes departamentos, pero si fuera poblacional y no por número de empresas radicadas, a Tarija le corresponderían unos seis millones de bolivianos. Tal vez no demasiado para el tamaño de las urgencias.
Apuntalar el sistema productivo y el de servicios, especialmente el formal, es una necesidad vital para poder enfrentar la crisis que se avecina, y que todavía es incipiente. El camino pasa por sostener el empleo para que la inversión y el consumo no se detengan por completo. Se supone que con el banco del Estado como intermediario, la intervención debería ser más ágil, pero aún con todo, el problema esencial sigue estando en los montos, y en la campaña.
Gobierno y Legisladores coinciden en el fondo y discrepan solo en la forma de los bonos que se pretenden entregar a todos los bolivianos. 500 o 1.000 bolivianos que quién sabe si acabarán en el contrabando. Decenas de millones de dólares que se pretenden inyectar al mercado para que sus reglas lo distribuyan. Mientras tanto, para el empleo formal, las cantidades siguen siendo minúsculas.
