Sereci: la obligación de publicar los datos de fallecidos

La pandemia ha ingresado en una etapa casi demencial en Bolivia. El mes en el que ir a votar iba a ser el “holocausto” se ha convertido en el primer mes de post pandemia, donde la cuarentena flexible es también historia.

Para justificarlo, el Gobierno se aferra al leve descenso de casos positivos registrado en las estadísticas oficiales y obvia, por ejemplo, el de fallecidos, que a estas alturas del colapso hospitalario es sin duda el más relevante.

En julio, a nivel nacional, se sumaron 43.570 positivos y 1.854 decesos. En agosto, se rozaron los 40.000 (39.809) y se alcanzaron las 2.050 muertes. En julio se hicieron 75.000 test y en agosto casi 80.000 y la positividad sigue por encima del 50%.

Las diferencias entre ambos meses son casi imperceptibles, pero hay más datos que ponen en duda esta supuesta mejoría. Por ejemplo, en agosto, el Ministerio de Salud autorizó finalmente el uso de pruebas rápidas en laboratorios, aunque insistió en negar que sirvieran para diagnóstico. La redacción simplemente es un eufemismo: aquellos reactivos en pruebas rápida (que cuesta 150 bolivianos, frente a los mil de media de las PCR) y con cuadros clínicos compatibles inician rápidamente tratamiento como cualquier positivo. También sus familiares inician aislamientos severos, pero sin embargo, no ingresa en la estadística oficial.

En Tarija es habitual que los datos de rastrillajes sectoriales no se consoliden; en La Paz cada fin de semana no coinciden los números, y el mayor desajuste se dio el domingo en Potosí, donde sus autoridades reportaron más de 2.000 casos positivos detectados con pruebas rápidas cruzadas con PCR y diagnóstico médico, pero el Ministerio de Salud incorporó un 0 redondo a su serie del día.

Los datos de julio y agosto en cuanto a contagios y decesos son prácticamente similares, solo que en agosto, además, se autorizaron pruebas rápidas sin engrosar las estadísticas

A pesar de todo, esta situación es similar en casi todos los países del entorno y también en los de Europa, donde los casos leves que no pasaron por el sistema de salud se atendieron por telemedicina y nunca se incorporaron a la estadística. En el caso de Bolivia se suma que la endeblez del sistema ha hecho que miles se atiendan por su cuenta y bajo sus riesgos.

Con todo, el dato irrebatible es el de los decesos, eso sí, siempre que el Servicio de Registro Cívico los haga públicos a nivel nacional, como los ha hecho en Tarija y como por cierto la gravedad de la situación amerita.

En el departamento de Tarija los datos aún cuadran, aunque en julio se registraron 472 decesos, más del doble de lo normal para un mes de julio, pero que al no haber registros en abril, por el cierre de oficinas, puede justificarse. Hay que esperar a los datos de agosto, aunque la actividad en los cementerios ya da cuenta del incremento.

A nivel nacional el asunto parece más dramático. Ayer Página Siete publicaba un amplio reportaje en el que da cuenta de la saturación de los cementerios en La Paz y El Alto, con más del doble de la actividad diaria, además de colapso en numerosos cementerios clandestinos, mientras que sus autoridades y el Ministerio sacan pecho por la tasa de letalidad más baja del país.

La realidad es elocuente: no hay pruebas PCR para todos, y además muchas familias prefieren no pasar por ese trámite que al final, trastoca la arraigada tradición de los bolivianos con sus muertos.

Que el Sereci no publique estos datos en su página web – luego de lo visto en octubre del año pasado – y que las autoridades se escuden en que no es habitual que se hagan reportes mensuales no se justifica en un momento como este, puesto que la información pública es un derecho democrático, pero también una forma de tomar mejores decisiones.