Una reacción electoral a la crisis económica
Ninguna medida se está presentando pensando lo mejor para el país, ni desde el ejecutivo, ni desde el legislativo, ni desde otros partidos, sino que todas cuentan con un sesgo interesado
La crisis sanitaria del Covid-19 ha derivado en una importante crisis económica en Bolivia y en el resto del mundo, donde la actividad se ha reducido a mínimos, frenando el crecimiento, fundamentalmente porque el consumo se ha detenido y la inversión, aplazado.
Por este motivo, todos los gobiernos empezaron a tomar medidas casi en paralelo en el ámbito de la salud y también en el de la economía. Casi todos los países han tomado medidas similares, pero tampoco se puede pretender una receta universal, porque no la hay.
En Europa, y también en el paradigma liberal de Estados Unidos, las ayudas públicas fueron a proteger el empleo, o subsidiar el desempleo. Las transferencias de capital directas a los trabajadores permitieron a las empresas desligarse de ese gasto mientras se aguantaba la tormenta sin plantearse el cierre.
La ortodoxia financiera propone subsidiar servicios básicos, dar bonos y, fundamentalmente, apuntalar la banca confiando en el paradigma clásico
En África, un continente mucho más cohesionado que Sudamérica, aunque más ninguneado, se plantó en bloque para cancelar el pago de la deuda externa. En Asia, como últimamente, se ha dado la más rápida transformación industrial para adaptar sus sectores productivos a las nuevas demandas mundiales afectando lo menos posible a los ciudadanos.
En América del Sur, sin embargo, no hay un patrón tan uniforme pero sí elementos comunes, pues se trata del continente más desigual del mundo, y también uno de los más informales. El “vivir del día” es una característica demasiado común y que está teniendo también su efecto en la evolución de la pandemia, muy diferente a la de los países desarrollados.
Chile y Perú han apostado por liberar parte de los fondos de pensiones para sus ciudadanos, Brasil se conforma con no frenar la actividad, Argentina renegoció su deuda externa, Ecuador entró en espiral destructiva y Colombia optó por el subsidio.
Cada cual en función de su disponibilidad presupuestaria – y su inclinación ideológica -, casi todos han optado por las pautas marcadas por la ortodoxia financiera: subsidiar servicios básicos, dar bonos y, fundamentalmente, apuntalar la banca confiando en el paradigma clásico del reparto de oportunidades vía créditos y ahorros, una pata que por cierto no sirvió en la crisis de 2008.
Bolivia está en esta línea. El Gobierno y las Gobernaciones están subsidiando los principales servicios básicos con créditos de entidades multilaterales, y también han creado una serie de bonos, que inicialmente venían a ser un pago adicional a los ya existentes – Juan Azurduy, Juancito Pinto, Renta Dignidad y Discapacidad – y al que se sumó un bono “universal” poco equitativo y que dejó fuera a los asalariados.
Para apuntalar los bancos se apostó por la reprogramación de deudas de empresas, o reconversión vía programas, si bien fueron infradotados y escasos. La mayor parte del plan de reactivación – que era de unos dos mil millones de dólares - va a esos menesteres.
En el asunto financiero, la ley de diferimiento de pago de créditos se sale algo de la pauta, pero no deja de tener beneficios también para un sector en el que la morosidad es un estigma. En el manejo contable, las deudas siguen existiendo y más allá de la coyuntura, sin actividad, los depósitos están creciendo. Mientras tanto, los asalariados también, parece, van a quedar fuera del beneficio.
El mayor problema que tiene Bolivia a la hora de enfrentar la crisis económica son sus elecciones de octubre. Ninguna medida se está presentando pensando lo mejor para el país, ni desde el ejecutivo, ni desde el legislativo, ni desde otros partidos, sino que todas cuentan con un sesgo interesado. Es tarde para convocar un pacto de Estado por la economía, pero ojalá sea la primera tarea a abordar después del 18 de octubre.
