Bolivia y su medio ambiente en el contexto electoral
Tariquía está en pausa estratégica; el fracking en Miraflores sigue adelante y los decretos que motivaron los incendios en el país no solo siguen vigentes, sino que la actividad agrícola extensiva ha sido fortalecida con el levantamiento de las restricciones a la exportación y con la autorización de
Ha pasado prácticamente un año desde que se desató uno de los peores incendios que ha vivido Bolivia en los últimos años. Más de cinco millones de hectáreas en la Chiquitanía fueron pasto de las llamas en una sucesión interminable de focos de calor en diferentes municipios. Lo que sucedió en la Chiquitanía no fue exclusivo en el continente, sino que otros países y particularmente la Amazonía brasilera sufrió uno de sus peores inviernos con millones de hectáreas quemadas.
El MAS pagó las consecuencias políticas del incendio, no solo por las razones que lo propiciaron, ya que los decretos y normativas habían sido también aprobados por los diputados opositores, sino sobre todo por la soberbia con la que se abordó su extinción
El invierno no fue especialmente seco, y precisamente fueron las lluvias tempranas las que se ocuparon de apagar un incendio que tuvo unas consecuencias políticas muy determinadas, pero que los desencadenantes que propiciaron la masacre ambiental no han sido modificados.
La práctica de los chaqueos es ancestral, y aunque los investigadores insisten en que los beneficios para el suelo son muy relativos con las condiciones actuales de siembra y abono, y sobre todo, muy peligrosos, en las comunidades se sigue practicando fundamentalmente porque ahorra trabajo de labranza y desmonte.
En 2019, en Brasil, el recientemente posesionado presidente Jair Bolsonaro prácticamente convocó al día del fuego en una cadena de declaraciones en las que justificaba la necesidad de los agricultores brasileros de abrir espacios en la selva para poder producir más, tirando de su habilidad para mezclar políticas ultraliberales con mensajes ultranacionalistas, pues en la práctica, Brasil liberaba espacios para Bayern – Monsanto y sus transgénicos al mismo tiempo que argumentaba su legítimo derecho a quemar la Amazonía.
En Bolivia, con un Gobierno supuestamente en las antípodas de Bolsonaro y compañía pasó prácticamente lo mismo, salvo que aquí, en vez de declaraciones fueron decretos específicos autorizando desmontes y quemas en zonas protegidas y proyectos rimbombantes de etanol y biodiesel prometiendo pagos por encima del precio de mercado.
El MAS pagó las consecuencias políticas del incendio, no solo por las razones que lo propiciaron, ya que los decretos y normativas habían sido también aprobados por los diputados opositores ligados al agronegocio, entre ellos los hoy ministros Óscar Ortiz y Eliane Capobianco, sino sobre todo por la soberbia con la que se abordó su extinción, primero minimizando, luego confiando en un avión y finalmente rezando por la lluvia.
El Gobierno de Evo Morales hacía días que había bajado las banderas de la Madre Tierra en favor de las políticas desarrollistas clásicas, y había ejemplos concretos de ello: Tariquía, el fracking en Miraflores, macro represas, etc., pero el incendio movilizó otros sentimientos, perdiendo el enganche con los más jóvenes.
El Gobierno cayó, pero las políticas al respecto no han cambiado. Tariquía está en pausa estratégica; el fracking en Miraflores sigue adelante y los decretos que motivaron los incendios en el país no solo siguen vigentes, sino que la actividad agrícola extensiva ha sido fortalecida con el levantamiento de las restricciones a la exportación y con la autorización del uso de semillas transgénicas.
La situación empieza a ponerse complicada en el país y no conviene levantar la guardia, pues la crisis económica puede hacer todavía más estragos.
