Las cajas de salud y la pandemia
La pandemia ha sacado a la luz la ineficiencia de un sistema que todos los meses le cuesta a los empleados y a los empresarios una buena cantidad de recursos
El despropósito en la gestión de la crisis por parte de la seguridad social de corto plazo, es decir, las cajas de salud, ha llegado a tal punto que la Caja Nacional de Salud está firmando convenios con sectores afiliados para garantizar la atención que debe estar garantizado por el hecho de ser afiliados.
Nada parece casual. Desde el principio de la pandemia, ciertas orientaciones e instrucciones dadas desde el Ministerio de Salud parecían orientadas a proteger especialmente tanto a clínicas privadas como a cajas de salud. Poco después aparecieron los famosos “hospitales centinelas”, infradotados de todo y sin capacidad operativa, pero que pretendían absorber el flujo de pacientes Covid, como si los pacientes Covid tuvieran que saber que tienen Covid antes de que nadie les haga una prueba Covid o un mínimo diagnóstico médico.
En Tarija, por ejemplo, el Gobierno Municipal puso a disposición de las cajas un hospital público, el de San Antonio/Semillas, en un intercambio que claramente favorecía a los seguros al desdoblar su infraestructura y evitar tener que tratar a sus asegurados en su centro de referencia.
Con todo, las Cajas siguieron haciendo como que la cosa no iba con ellas. Como que el coronavirus era un asunto público, o como si sus asegurados fueran asépticos y no se fueran a contagiar. Mucho tiempo después de que acabara la emergencia sanitaria, el 31 de mayo según decreto del Gobierno, las Cajas empezaron a pensar cómo iban a hacer en el caso de que el asunto se desbordara – como era evidente – y sus afiliados empezaran a pedir la atención que se merecen.
Mientras la salud pública también era de pago, a nadie parecía importarle demasiado, pero desde que la ciudadanía ha tomado conciencia de que la salud puede ser un derecho, y no solo un servicio comercial, el asunto ha empezado a cambiar de visión
En Tarija concretamente recién se han empezado a coordinar acciones para el diagnóstico y verificación de pruebas PCR. En otros departamentos recién se están incluso consolidando los resultados en la estadística oficial, y lo que ha quedado al descubierto son las carencias de un sistema que subsiste por intereses, pero que no cumple con su misión.
El sistema de salud en Bolivia siempre ha tenido carencias. La cohabitación de lo público y lo privado, retroalimentado por un negocio ciertamente obsceno, cuenta además con la anomalía de las Cajas. Mientras la salud pública también era de pago, a nadie parecía importarle demasiado, pero desde que la ciudadanía ha tomado conciencia de que la salud puede ser un derecho, y no solo un servicio comercial, el asunto ha empezado a cambiar de visión.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), tan socialista, construyó docenas de edificios, pero no se preocupó hasta su último año de 14 en construir una Salud Universal, que no cambiaba la lógica de quien paga y que tenía, evidentemente, más de electoral que de otra cosa porque seguían faltando personal y todo lo demás.
En ese tiempo hubo algún intento de ordenar la seguridad social de corto plazo, sin éxito. Pero la pandemia ha sacado a la luz la ineficiencia de un sistema que todos los meses le cuesta a los empleados y a los empresarios una buena cantidad de recursos. El lobby es fuerte, pero tendrán que ser trabajadores y empresarios quienes impulsen una reforma necesaria y quienes exijan resultados, pues de lo contrario, más vale fortalecer lo público.
