La “estafa” de la Ley de Incentivos no ha terminado

La Ley que devuelve una parte del Fondo de Promoción a los gobiernos subnacionales por la coyuntura de la pandemia no resuelve la orientación creada premiando a las petroleras por hacer su trabajo

Uno de los proyectos en el área de los hidrocarburos más controvertido de la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue la constitución del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), más popularmente conocido como el Fondo de Incentivos, y que desde el 2015 ha venido hurtando el 12 por ciento de los recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) que correspondía a las entidades subnacionales receptoras: municipios, gobernaciones y universidades.

El proyecto llegó en la última legislatura de Evo Morales, cuando las riendas del sector se entregaron al tarijeño Luis Alberto Sánchez, que simplemente se plegó al proyecto de reproducción de poder que ya era el único que se sostenía desde el Gobierno, con Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera como “estrategas”.

A Sánchez se le encomendó olvidarse de todo lo que tenía que ver con la industrialización y la soberanía y concentrarse en multiplicar los recursos disponibles. No fue difícil para un Licenciado educado en las tesis neoliberales abonarse al “corazón energético de Sudamérica”, insuflando unos nuevos aires exportadores de gas como motor de desarrollo de Bolivia que en realidad era ficticio, pues tanto Brasil como Argentina ya habían avanzado sus proyectos de autoabastecimiento en el Presal unos y en Vaca Muerta los otros.

Sin mercados, las petroleras dejaron de hacer el trabajo de perforación y nadie en el Gobierno se dio cuenta de que los “socios no patrones” vivían felices con lo que había y el anonimato de las cuentas de “costos recuperables” con la que el Gobierno de Morales y Sánchez iba “amortizando” quién sabe qué.

El Fondo de Incentivos sumó fracasos en Boyuy, Jaguar X6, y alimentó las ambiciones sobre territorios protegidos como Tariquía

El Gobierno, que debía impulsar la industrialización para que el gas tuviera una alternativa en la petroquímica, decidió, sin embargo, premiar a las petroleras por hacer su trabajo, siempre que lo hicieran más rápido. El objetivo, obviamente, era sostener el proyecto de poder.

Salvo algunos pozos secundarios y algunas recuperaciones con técnicas de las que nadie quiere hablar, el Fondo de Incentivos no sirvió para prácticamente nada: se precipitó la exploración en Boyuy hasta límites nunca vistos, se aceleró el proyecto en el Jaguar X6, que tampoco ha dado resultados, y pasó lo de siempre al norte de La Paz. Eso sí, alimentó otras ambiciones, como la exploración en Tariquía, que la misma ingeniería legal organizada a base de decretos por Sánchez facilitó.

El lunes, tras diez días en el escritorio, se promulgó la Ley que devuelve una pequeña parte de ese fondo de más de quinientos millones de dólares para que los municipios y Gobernaciones puedan invertir en salud para contener la pandemia. Probablemente será de mucha más utilidad, aunque esperemos que ninguno se confíe en intermediarios ni acepte entregas a 350 días.

La Ley de Incentivos continua vigente. Una Ley que marca una orientación política al respecto del sector, una Ley que hizo el MAS, una Ley que privilegia a las petroleras, castiga a las regiones y olvida la industrialización.

El problema es de fondo y de concepto, y esperemos que esos asuntos, pasada la coyuntura, se puedan discutir y refrendar en las ánforas para el bien del país.

 


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