Dudas y presiones planean sobre el TSE
El Tribunal Supremo Electoral va a jugar un rol fundamental en la próxima elección, de hecho ya lo está jugando en estos inicios de campaña, una campaña que promete ser incluso más dura y sucia que la de 2019. En juego hay demasiado, pues cualquier duda puede acabar desbordando la violencia...
El Tribunal Supremo Electoral va a jugar un rol fundamental en la próxima elección, de hecho ya lo está jugando en estos inicios de campaña, una campaña que promete ser incluso más dura y sucia que la de 2019. En juego hay demasiado, pues cualquier duda puede acabar desbordando la violencia de nuevo en el país, o permitir la deriva hacia autoritarismos más que perjudiciales.
El comunicado del Comité Pro Santa Cruz es preocupante porque se extendió el sábado y la publicación oficial se precipitó el domingo, evidenciando una grosera fuga de información del TSE
La situación, inicialmente, no la ha provocado directamente el Tribunal Supremo Electoral, sino que es de momento una suerte de víctima de las decisiones del poder ejecutivo, que no ha dudado en cambiar sus iniciales pretensiones de ser un Gobierno de Transición limpio y transparente a ser un Gobierno Candidato, arrojando por la borda todo el tinte épico en el que se habían envuelto los primeros días de la Presidenta Jeanine Áñez.
El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, nombrado por el dedo de Jeanine Áñez, ha tenido que hacer esfuerzos para silenciar las críticas y los medios más afines se han cansado de repetir y argumentar la idoneidad técnica y ética de Romero para ejercer el cargo. Así como pasaba con Antonio Costas no hace tanto tiempo en aquel TSE que habilitó a Evo Morales contra el resultado de su propio referéndum y que hoy está preso luego de haber llevado al país al límite.
La idoneidad “demostrada” que argumentan sus radicales, se fundamenta sobre todo en que estuvo en la Corte Electoral que le dio la primera mayoría absoluta al Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2005, como si hubiera habido alguna posibilidad de negarla en aquel momento de zozobra política como el que se vivía. La etapa posterior es como la de cualquier consultor, pero evidentemente, Romero está poniendo la cara para el éxito de un proyecto que es de por sí complejo.
Últimamente el país anda poco democrático y este fin de semana han corrido numerosas amenazas y advertencias serias al TSE sobre las habilitaciones o inhabilitaciones que se avecinan. Personajes tan mediáticos como Rafael Quispe ha amenazado con enjuiciar al día siguiente al TSE si es que habilita a Evo Morales y otros tan hábiles como Mario Cossío han llegado a plantear una suerte de sacrificio conjunto a cambio de no habilitar al expresidente, ahora aspirante a Senador.
Si no fuera preocupante, también sería disparatado el comunicado del sábado del Comité Cívico de Santa Cruz llamando a la movilización en el caso de que el TSE dicte algo contrario a lo que ellos desean – inhabilitar a Morales y no a Cossío -. Es preocupante porque el comunicado se extendió el sábado y la publicación oficial se precipitó el domingo, evidenciando una grosera fuga de información del TSE que vuelve a comprometer lo más delicado de este momento: su credibilidad.
El TSE debe obrar con sus reglamentos y la Constitución en la mano, cualquier cesión o decisión discrecional será penalizada, y en este caso, las “víctimas” no serán los vocales, sino Bolivia entera, que espera de una vez salir de la crisis política e iniciar una nueva etapa de crecimiento.
El comunicado del Comité Pro Santa Cruz es preocupante porque se extendió el sábado y la publicación oficial se precipitó el domingo, evidenciando una grosera fuga de información del TSE
La situación, inicialmente, no la ha provocado directamente el Tribunal Supremo Electoral, sino que es de momento una suerte de víctima de las decisiones del poder ejecutivo, que no ha dudado en cambiar sus iniciales pretensiones de ser un Gobierno de Transición limpio y transparente a ser un Gobierno Candidato, arrojando por la borda todo el tinte épico en el que se habían envuelto los primeros días de la Presidenta Jeanine Áñez.
El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, nombrado por el dedo de Jeanine Áñez, ha tenido que hacer esfuerzos para silenciar las críticas y los medios más afines se han cansado de repetir y argumentar la idoneidad técnica y ética de Romero para ejercer el cargo. Así como pasaba con Antonio Costas no hace tanto tiempo en aquel TSE que habilitó a Evo Morales contra el resultado de su propio referéndum y que hoy está preso luego de haber llevado al país al límite.
La idoneidad “demostrada” que argumentan sus radicales, se fundamenta sobre todo en que estuvo en la Corte Electoral que le dio la primera mayoría absoluta al Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2005, como si hubiera habido alguna posibilidad de negarla en aquel momento de zozobra política como el que se vivía. La etapa posterior es como la de cualquier consultor, pero evidentemente, Romero está poniendo la cara para el éxito de un proyecto que es de por sí complejo.
Últimamente el país anda poco democrático y este fin de semana han corrido numerosas amenazas y advertencias serias al TSE sobre las habilitaciones o inhabilitaciones que se avecinan. Personajes tan mediáticos como Rafael Quispe ha amenazado con enjuiciar al día siguiente al TSE si es que habilita a Evo Morales y otros tan hábiles como Mario Cossío han llegado a plantear una suerte de sacrificio conjunto a cambio de no habilitar al expresidente, ahora aspirante a Senador.
Si no fuera preocupante, también sería disparatado el comunicado del sábado del Comité Cívico de Santa Cruz llamando a la movilización en el caso de que el TSE dicte algo contrario a lo que ellos desean – inhabilitar a Morales y no a Cossío -. Es preocupante porque el comunicado se extendió el sábado y la publicación oficial se precipitó el domingo, evidenciando una grosera fuga de información del TSE que vuelve a comprometer lo más delicado de este momento: su credibilidad.
El TSE debe obrar con sus reglamentos y la Constitución en la mano, cualquier cesión o decisión discrecional será penalizada, y en este caso, las “víctimas” no serán los vocales, sino Bolivia entera, que espera de una vez salir de la crisis política e iniciar una nueva etapa de crecimiento.
