La necesidad de una Policía mejor
El 1,4 por ciento de la población tarijeña confía en la Policía. Así lo ha revelado el estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la Gobernación de Tarija y con el que se ha calculado el índice de pobreza multidimensional en el departamento y en sus...
El 1,4 por ciento de la población tarijeña confía en la Policía. Así lo ha revelado el estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la Gobernación de Tarija y con el que se ha calculado el índice de pobreza multidimensional en el departamento y en sus diferentes municipios, poniendo al descubierto otro tipo de carencias que van más allá del propio ingreso neto.
El índice de confianza sobre la Policía revela una de las miserias más importantes que padece no solo Tarija, sino el país y muchos países del entorno en los que, como en Bolivia, el Estado es poco más que un recaudador alejado de las necesidades.
La cifra es tan ridículamente pequeña que se presta a todo tipo de burlas y bromas, sobre todo después de los hechos de octubre y noviembre de 2019, pero el asunto es mucho más serio de lo que parece y requiere de un análisis multifactorial para tratar de acabar con ello, pues un país que no confía en su Policía se convierte en un país en anarquía, lo que no es necesariamente malo, pero sí peligroso cuando no se comparten códigos éticos y de conducta.
El resultado es una acumulación, un acervo que diría aquel, una suma de cantidad de situaciones vividas, contadas o transmitidas de padres a hijos que han contribuido a consolidar esa desconfianza hacia el verde olivo.
La cifra (1,4% confía en la Policía) es tan ridículamente pequeña que se presta a todo tipo de burlas y bromas, sobre todo después de los hechos de octubre y noviembre de 2019, pero en la práctica, nos instala en la anarquía
No es verdad que todos los policías son malos ni que la corrupción esté instaurada hasta tal punto que genere un Estado paralelo basado en el mal. Una cosa es, por ejemplo, Tránsito, con toda su leyenda negra tantas veces ratificada de multas cobradas bajo poncho, certificados pagados y otros formularios y trámites burocráticos que tienen una salida “fácil”, muchas veces intermediada por compañías de Seguros, y otra cosa es que solo la plata disponible pueda acabar determinando la inocencia o culpabilidad de uno u otro en un incidente.
En ese proceso, el ciudadano tiene también gran parte de culpa, por el mismo acervo acumulado de hacer las cosas como le venga en gana y después “arreglar”. Manejar con tragos, no arreglar sus luces, dar la vuelta en U, llevar el casco de la moto en el codo, pedir más campito en el taxitrufi, saltarse el semáforo, etc.
Probablemente, es más urgente acabar con lo segundo para no dar lugar a lo primero, y para ello es necesario aumentar tanto la percepción de riesgo como el costo de la infracción, a través de un mecanismo que, claro, no pueda ser transado en un apartadito oscuro de cualquier callejuela.
Sin embargo, lo que pone los pelos de punta es pensar que ningún Policía es confiable y que cualquier otro conflicto relativo a la seguridad propia o de la familia o de la propiedad debe ser también transado. Entraríamos entonces en el pantanoso terreno del derecho a la defensa propia, paramilitarismo, uso de armas, etc., por la sencilla razón de que nadie ayudará.
Es necesario que el dato no pase desapercibido. Es necesaria una mejor Policía, mejor pagada, con mejores prácticas y con funciones claras que haga respetar la Ley por el bien de la convivencia y no del afán recaudatorio. Es necesario un cambio integral y autoridades que lo quieran enfrentar. No hay mucho tiempo que perder.
El índice de confianza sobre la Policía revela una de las miserias más importantes que padece no solo Tarija, sino el país y muchos países del entorno en los que, como en Bolivia, el Estado es poco más que un recaudador alejado de las necesidades.
La cifra es tan ridículamente pequeña que se presta a todo tipo de burlas y bromas, sobre todo después de los hechos de octubre y noviembre de 2019, pero el asunto es mucho más serio de lo que parece y requiere de un análisis multifactorial para tratar de acabar con ello, pues un país que no confía en su Policía se convierte en un país en anarquía, lo que no es necesariamente malo, pero sí peligroso cuando no se comparten códigos éticos y de conducta.
El resultado es una acumulación, un acervo que diría aquel, una suma de cantidad de situaciones vividas, contadas o transmitidas de padres a hijos que han contribuido a consolidar esa desconfianza hacia el verde olivo.
La cifra (1,4% confía en la Policía) es tan ridículamente pequeña que se presta a todo tipo de burlas y bromas, sobre todo después de los hechos de octubre y noviembre de 2019, pero en la práctica, nos instala en la anarquía
No es verdad que todos los policías son malos ni que la corrupción esté instaurada hasta tal punto que genere un Estado paralelo basado en el mal. Una cosa es, por ejemplo, Tránsito, con toda su leyenda negra tantas veces ratificada de multas cobradas bajo poncho, certificados pagados y otros formularios y trámites burocráticos que tienen una salida “fácil”, muchas veces intermediada por compañías de Seguros, y otra cosa es que solo la plata disponible pueda acabar determinando la inocencia o culpabilidad de uno u otro en un incidente.
En ese proceso, el ciudadano tiene también gran parte de culpa, por el mismo acervo acumulado de hacer las cosas como le venga en gana y después “arreglar”. Manejar con tragos, no arreglar sus luces, dar la vuelta en U, llevar el casco de la moto en el codo, pedir más campito en el taxitrufi, saltarse el semáforo, etc.
Probablemente, es más urgente acabar con lo segundo para no dar lugar a lo primero, y para ello es necesario aumentar tanto la percepción de riesgo como el costo de la infracción, a través de un mecanismo que, claro, no pueda ser transado en un apartadito oscuro de cualquier callejuela.
Sin embargo, lo que pone los pelos de punta es pensar que ningún Policía es confiable y que cualquier otro conflicto relativo a la seguridad propia o de la familia o de la propiedad debe ser también transado. Entraríamos entonces en el pantanoso terreno del derecho a la defensa propia, paramilitarismo, uso de armas, etc., por la sencilla razón de que nadie ayudará.
Es necesario que el dato no pase desapercibido. Es necesaria una mejor Policía, mejor pagada, con mejores prácticas y con funciones claras que haga respetar la Ley por el bien de la convivencia y no del afán recaudatorio. Es necesario un cambio integral y autoridades que lo quieran enfrentar. No hay mucho tiempo que perder.
