Por una mejor Policía
El escándalo narcopolicial que tiene en vilo al país no es ni nuevo ni probablemente el último que parta de esa instancia. Es tal vez más llamativo porque ha tomado ribetes de telenovela, algo así como el caso Zapata, y el morbo se ha instalado para saber por dónde sale el sol. La base...
El escándalo narcopolicial que tiene en vilo al país no es ni nuevo ni probablemente el último que parta de esa instancia. Es tal vez más llamativo porque ha tomado ribetes de telenovela, algo así como el caso Zapata, y el morbo se ha instalado para saber por dónde sale el sol.
La base era un clásico: narco protegido por Policía. Montenegro y Medina. El asunto se fue truncando a peor conforme aparecieron los videos con las condecoraciones por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), precisamente al narco buscado. Un acto absolutamente innecesario, pero que da evidencia de una situación: la impunidad campa a sus anchas por Bolivia.
El caso Montenegro – Medina y todas sus ramificaciones evidencia de una situación: la impunidad campa a sus anchas por Bolivia.
El borrado de datos del narco, el patrimonio contrastado de unos y otros, las fotos de rigor con las autoridades, etc., salpicaron la actualidad hasta que en un giro inesperado apareció un depósito del ex capitán Medina - dado de baja por los hechos de 2003 y recuperado con grado de coronel durante el régimen de Evo Morales – a nombre de Carlos Mesa, el candidato mejor situado de la oposición.
La falta de reacción de crisis, los vacíos en las explicaciones y los detalles apurados vinieron a desnudar lo amateur de la campaña de Mesa, que a pesar de tener claro que más temprano que tarde el MAS le atacaría, no tenía un plan de contingencia para salir del paso. De momento el depósito de 30.000 dólares por un departamento en Sopocachi huele a fraude fiscal, que por muy corriente que sea en el país, no deja de ser una mancha sobre su trayectoria. Y veremos si queda en eso.
Como el caso es denso no ha quedado ahí; Medina, acostumbrado a lidiar con estas cosas del poder, amenaza con tirar de la manta y declara que incluso ha sido abogado personal de Evo Morales Ayma y de Eduardo Rodríguez Veltzé. Ambos lo niegan inmediatamente. El siguiente paso le toca a Medina, que en algo ha debido apoyar su declaración. Mientras tanto, videos y más videos de lo que pasaba en el Ministerio de Gobierno, en la FELCC de Santa Cruz, etc. Esta vez el ministro de Gobierno Carlos Romero lo tiene difícil; pero no es la primera vez que se vé en el abismo.
Casi nadie se acuerda ya de que todo surge a raíz de un intempestivo cambio de mandos que, pese a lo formal del asunto, se realiza siendo Víctor Borda presidente interino del país porque Evo Morales, Álvaro García Linera y hasta la presidenta del Senado Adriana Salvatierra decidieron viajar.
El asunto en grande ha desvelado algunas de las miserias de nuestras fuerzas de seguridad, que se extienden por otros cauces y que ya casi nadie denuncia, porque se ha convertido en costumbre buscar la salida rápida sin complicarse demasiado.
No todos los policías son malos y desde El País nos resistimos a creer que no es posible recuperar el principio de autoridad por parte del Estado y alejarse de toda forma de corrupción. Es verdad que muchas cosas deben mejorar entre los agentes del orden; desde el propio acceso a la Academia hasta su remuneración, seguridad laboral y estabilidad, pero sobre todo debe cambiar la tolerancia hacia las conductas torcidas. Los propios policías deben extirpar ese cáncer antes de que acabe destruyendo no el cuerpo, sino el propio Estado.
La base era un clásico: narco protegido por Policía. Montenegro y Medina. El asunto se fue truncando a peor conforme aparecieron los videos con las condecoraciones por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), precisamente al narco buscado. Un acto absolutamente innecesario, pero que da evidencia de una situación: la impunidad campa a sus anchas por Bolivia.
El caso Montenegro – Medina y todas sus ramificaciones evidencia de una situación: la impunidad campa a sus anchas por Bolivia.
El borrado de datos del narco, el patrimonio contrastado de unos y otros, las fotos de rigor con las autoridades, etc., salpicaron la actualidad hasta que en un giro inesperado apareció un depósito del ex capitán Medina - dado de baja por los hechos de 2003 y recuperado con grado de coronel durante el régimen de Evo Morales – a nombre de Carlos Mesa, el candidato mejor situado de la oposición.
La falta de reacción de crisis, los vacíos en las explicaciones y los detalles apurados vinieron a desnudar lo amateur de la campaña de Mesa, que a pesar de tener claro que más temprano que tarde el MAS le atacaría, no tenía un plan de contingencia para salir del paso. De momento el depósito de 30.000 dólares por un departamento en Sopocachi huele a fraude fiscal, que por muy corriente que sea en el país, no deja de ser una mancha sobre su trayectoria. Y veremos si queda en eso.
Como el caso es denso no ha quedado ahí; Medina, acostumbrado a lidiar con estas cosas del poder, amenaza con tirar de la manta y declara que incluso ha sido abogado personal de Evo Morales Ayma y de Eduardo Rodríguez Veltzé. Ambos lo niegan inmediatamente. El siguiente paso le toca a Medina, que en algo ha debido apoyar su declaración. Mientras tanto, videos y más videos de lo que pasaba en el Ministerio de Gobierno, en la FELCC de Santa Cruz, etc. Esta vez el ministro de Gobierno Carlos Romero lo tiene difícil; pero no es la primera vez que se vé en el abismo.
Casi nadie se acuerda ya de que todo surge a raíz de un intempestivo cambio de mandos que, pese a lo formal del asunto, se realiza siendo Víctor Borda presidente interino del país porque Evo Morales, Álvaro García Linera y hasta la presidenta del Senado Adriana Salvatierra decidieron viajar.
El asunto en grande ha desvelado algunas de las miserias de nuestras fuerzas de seguridad, que se extienden por otros cauces y que ya casi nadie denuncia, porque se ha convertido en costumbre buscar la salida rápida sin complicarse demasiado.
No todos los policías son malos y desde El País nos resistimos a creer que no es posible recuperar el principio de autoridad por parte del Estado y alejarse de toda forma de corrupción. Es verdad que muchas cosas deben mejorar entre los agentes del orden; desde el propio acceso a la Academia hasta su remuneración, seguridad laboral y estabilidad, pero sobre todo debe cambiar la tolerancia hacia las conductas torcidas. Los propios policías deben extirpar ese cáncer antes de que acabe destruyendo no el cuerpo, sino el propio Estado.
