El verdadero problema de la vivienda
La pasada semana hemos asistido a un acto que cierra un ciclo. El presidente del Estado Evo Morales, el alcalde Rodrigo Paz Pereira, los concejales, los diputados… todos quisieron atribuirse el “logro” de haber regularizado los asentamientos en la zona de Las Barrancas, un terreno altamente...
La pasada semana hemos asistido a un acto que cierra un ciclo. El presidente del Estado Evo Morales, el alcalde Rodrigo Paz Pereira, los concejales, los diputados… todos quisieron atribuirse el “logro” de haber regularizado los asentamientos en la zona de Las Barrancas, un terreno altamente erosionado que en su momento a alguien se le ocurrió que para rehabilitarlo había que convertirlo en parque, pero que como nadie hizo nada acabó siendo loteado.
Consumado el hecho, era evidente que más tarde o más temprano, los asentados acabarían logrando sus documentos porque el Estado, incapaz de cumplir con el derecho a la vivienda que señala la Constitución, ha preferido regularizar lo ilegal que buscar una solución ordenada y común para todos.
Entiéndase bien, las personas que viven en los asentamientos han dado respuesta a una necesidad vital que el Estado era incapaz de dar en mercados cada vez más inaccesibles, como el de la tierra y el del crédito. En Las Barrancas hoy hay unos barrios casi céntricos con casi todos los servicios básicos cubiertos, aunque faltan, pero hace quince años era un territorio inhóspito donde los vecinos han tenido que sufrir para salir adelante.
Entregar la documentación a una precaria situación no viene a solucionar un problema que va a más y que a casi nadie parece preocuparle y el Estado no parece dar ninguna solución. El salario promedio – cada vez más cerca del mínimo por la distorsión del mercado que ha supuesto la política en la materia del MAS – está muy alejado de lo que los bancos consideran necesario para acceder a una financiación de lo que realmente están costando los departamentos y lotes en Tarija.
Las promociones de viviendas sociales responden a necesidades de colectivos y movimientos organizados, normalmente afines al Gobierno, y de carácter principalmente rural
Esta situación va más allá de lo económico, y va a impactar directamente en el tejido social en el corto plazo. La emancipación individual es directamente imposible – con un salario de 3.000 directamente no se puede acceder a un crédito de vivienda –, pero tampoco las parejas jóvenes lo tienen más sencillo – ingresos comunes de Bs 7.000 apenas pueden acceder a 40-50 dólares -. Quedarse en casa de los padres hasta los 40, renunciar a la posibilidad de formar una familia o vivir en la frustración son algunas de las reacciones, con el impacto que tendrá en nuestra sociedad joven pero escasa en el territorio en el corto plazo.
La respuesta en forma de vivienda social no es la solución para la clase media trabajadora, que actualmente es la que más dificultades está teniendo en el acceso a la vivienda propia. El modelo público no es nuevo, todos los Gobiernos han optado por un modelo similar en el que se mezclan necesidades y lealtades, emergencias y prebendas. Las promociones de viviendas sociales responden a necesidades de colectivos y movimientos organizados, normalmente afines al Gobierno, y de carácter principalmente rural. Aun así, las viviendas sociales promocionadas, como las de la Villa Olímpica de Cochabamba, requieren salarios altos para poder cumplir con los requisitos exigidos por el banco, por mucho crédito de vivienda social que se trate.
En este contexto y teniendo en cuenta que cada vez hay más jóvenes en las ciudades y menos familias en el entorno rural, sería necesario que el Gobierno, o los aspirantes, empiecen a concebir planes que atiendan al nuevo sujeto productivo en Bolivia, para que sus pequeños salarios no se vayan en alquileres y acaben haciendo de la frustración un estilo de vida.
Consumado el hecho, era evidente que más tarde o más temprano, los asentados acabarían logrando sus documentos porque el Estado, incapaz de cumplir con el derecho a la vivienda que señala la Constitución, ha preferido regularizar lo ilegal que buscar una solución ordenada y común para todos.
Entiéndase bien, las personas que viven en los asentamientos han dado respuesta a una necesidad vital que el Estado era incapaz de dar en mercados cada vez más inaccesibles, como el de la tierra y el del crédito. En Las Barrancas hoy hay unos barrios casi céntricos con casi todos los servicios básicos cubiertos, aunque faltan, pero hace quince años era un territorio inhóspito donde los vecinos han tenido que sufrir para salir adelante.
Entregar la documentación a una precaria situación no viene a solucionar un problema que va a más y que a casi nadie parece preocuparle y el Estado no parece dar ninguna solución. El salario promedio – cada vez más cerca del mínimo por la distorsión del mercado que ha supuesto la política en la materia del MAS – está muy alejado de lo que los bancos consideran necesario para acceder a una financiación de lo que realmente están costando los departamentos y lotes en Tarija.
Las promociones de viviendas sociales responden a necesidades de colectivos y movimientos organizados, normalmente afines al Gobierno, y de carácter principalmente rural
Esta situación va más allá de lo económico, y va a impactar directamente en el tejido social en el corto plazo. La emancipación individual es directamente imposible – con un salario de 3.000 directamente no se puede acceder a un crédito de vivienda –, pero tampoco las parejas jóvenes lo tienen más sencillo – ingresos comunes de Bs 7.000 apenas pueden acceder a 40-50 dólares -. Quedarse en casa de los padres hasta los 40, renunciar a la posibilidad de formar una familia o vivir en la frustración son algunas de las reacciones, con el impacto que tendrá en nuestra sociedad joven pero escasa en el territorio en el corto plazo.
La respuesta en forma de vivienda social no es la solución para la clase media trabajadora, que actualmente es la que más dificultades está teniendo en el acceso a la vivienda propia. El modelo público no es nuevo, todos los Gobiernos han optado por un modelo similar en el que se mezclan necesidades y lealtades, emergencias y prebendas. Las promociones de viviendas sociales responden a necesidades de colectivos y movimientos organizados, normalmente afines al Gobierno, y de carácter principalmente rural. Aun así, las viviendas sociales promocionadas, como las de la Villa Olímpica de Cochabamba, requieren salarios altos para poder cumplir con los requisitos exigidos por el banco, por mucho crédito de vivienda social que se trate.
En este contexto y teniendo en cuenta que cada vez hay más jóvenes en las ciudades y menos familias en el entorno rural, sería necesario que el Gobierno, o los aspirantes, empiecen a concebir planes que atiendan al nuevo sujeto productivo en Bolivia, para que sus pequeños salarios no se vayan en alquileres y acaben haciendo de la frustración un estilo de vida.
