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¿Bolivia se desmarca de la Pachamama?

Pasada la celebración del discurso del presidente Evo Morales en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que vapulea a Donald Trump en su cara –y en su casa-, toca reflexionar sobre el otro asunto importante suscitado durante la 73 Asamblea General de la ONU, y del que el...

DESCENSO EN BICICLETA TARIJA
DESCENSO EN BICICLETA TARIJA
Pasada la celebración del discurso del presidente Evo Morales en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que vapulea a Donald Trump en su cara –y en su casa-, toca reflexionar sobre el otro asunto importante suscitado durante la 73 Asamblea General de la ONU, y del que el gobierno de Bolivia, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de discursos, prefiere mantener perfil bajo.
Se trata del Acuerdo de Escazú, considerado como el primero de su tipo en el mundo, que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
“Este histórico tratado regional no solo garantiza una buena gobernanza y derechos democráticos básicos, sino que también facilita la protección medioambiental y el desarrollo sostenible”, señalaron 27 expertos de la ONU en una declaración conjunta, en la que llaman a todos los gobiernos a firmar y ratificar el documento.
Para entrar en vigencia requería la firma de al menos 11 países a partir del 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Hasta el momento firmaron 14 países. Sin embargo, la firma de Bolivia brilla por su ausencia.
En el texto oficial del Acuerdo de Escazú se detalla que tiene por objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Un texto que pese a encajar perfectamente con los discursos del presidente Morales referidos a la defensa de la Madre Tierra, no fue suscrito por su excelencia.
Según la Cancillería boliviana, el Acuerdo podrá ser firmado y ratificado dentro de los siguientes cuatro años. ¿Lo hará Bolivia? Los ambientalistas creen que no es de interés del gobierno hacerlo, porque lo comprometería a brindar acceso a información, abrir la participación ciudadana en las decisiones ambientales, justicia ambiental y garantizar los derechos de los/as defensoras del ambiente.
Aspectos que están reñidos con la actual tendencia oficial de pasar por alto toda salvaguarda ambiental, además de los conocidos intentos de criminalizar a los defensores de derechos humanos y ambientales.
Dicho sea de paso, Chile tampoco firmó. El senador socialista, Alfonso de Urresti, criticó así a su gobierno: “el Ejecutivo está mirando más a los empresarios que a la protección del Medio Ambiente. Esto es un nuevo papelón del Gobierno en materia de medio ambiente. El Estado de Chile se ha negado entre gallos y medianoche a un convenio que eleva los estándares de participación y vinculación de la ciudadanía en materia medioambiental”.
Palabras que bien podrían haber sido dirigidas al gobierno de Bolivia. Aún hay tiempo para firmar. Pero el tiempo para demostrar consecuencia entre palabras y acciones se acaba.

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