Ruíz y el insustancial debate del POA 2019
La autonomía departamental está intervenida por el Ministerio de Planificación en tanto en cuanto, son las altas instancias del Gobierno Central quienes deciden qué proyectos sí y qué proyectos no se pueden ejecutar. Es el resultado de una victoria lapidaria del Movimiento Al Socialismo...
La autonomía departamental está intervenida por el Ministerio de Planificación en tanto en cuanto, son las altas instancias del Gobierno Central quienes deciden qué proyectos sí y qué proyectos no se pueden ejecutar. Es el resultado de una victoria lapidaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) justo después de dar cabida a los planteamientos autonómicos en la Constitución Política y que alumbró la Ley Marco de Autonomías, donde no quedó ni un solo candado sin cerrar. Eso en lo conceptual, pues en lo procedimental, es también el resultado de una política irresponsable llevada a cabo por el exgobernador Lino Condori y su séquito, que con la venia de los supervisores, aprobó decenas de proyectos en provincias y municipios sin ningún tipo de justificación, ni planificación, ni coordinación con un plan mayor y respaldados con alegres certificaciones de disponibilidad presupuestaria que, cuando el barril de petróleo quebró en 2014, se evidenció que no eran reales.
Álvaro Ruíz, alcalde de Uriondo, expresidente de la Asociación de Municipios de Tarija, desde donde construyó su proyección departamental, y actual presidente de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia, desde donde espera asentarla con resultados concretos, despliega estos días sus artes de ilusionismo, jugando con los números del Plan Operativo Anual y la letra muerta de la Ley, para hacernos creer que el 8 por ciento de 700 millones son 114 millones.
Su argumento es sencillo, pues parte de considerar el total de las regalías departamentales, incluyendo las del Chaco, que obviamente es parte del departamento pero cuyos recursos están blindados, para calcular su 8 por ciento y, posteriormente, alegar que la Ley 206 habla del total de las regalías.
Es de sobra conocida la polémica sobre la Ley 3038 y su disposición de entregar de forma directa el 45 por ciento de la renta petrolera al Chaco; también todo el argumento en el que se basa la Autonomía Regional y que rechaza cualquier manejo económico de los recursos chaqueños desde el nivel central, etc., etc.
La Ley 206, más conocida como ley del 8%, básicamente pedía privilegios para ocho municipios, concretamente los no chaqueños. El asunto ya podría ser parte del análisis constitucional respecto a la igualdad de unos sobre otros, pero más allá de su redacción correcta o interesada, una aplicación ventajista acabará por resucitar una confrontación innecesaria.
Tal vez les interese a los alcaldes en este momento quedar retratados como los más listos o los más vivos. Pero la gente recuerda también que los alcaldes fueron parte central en el dispendio de Lino Condori, ese que está costando un ajuste de cinturón con pocos precedentes y que ha dejado tres años de crecimiento negativo en el departamento. Pretender, además, que la autonomía departamental les siga financiando sus aventuras destinando montos para nuevas licitaciones además de acabar de pagar la fiesta es desproporcionado.
En cualquier caso, el MAS tiene mayoría en la Asamblea y serán sus asambleístas quienes deban obrar con criterio, apostar por un desarrollo departamental armónico o seguir dando cabida a la descuartización del presupuesto en microproyectos de alcance casi barrial. La pelea pública tiene poco recorrido: los votantes ya no se dejan engatusar con juegos de trilero.
Álvaro Ruíz, alcalde de Uriondo, expresidente de la Asociación de Municipios de Tarija, desde donde construyó su proyección departamental, y actual presidente de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia, desde donde espera asentarla con resultados concretos, despliega estos días sus artes de ilusionismo, jugando con los números del Plan Operativo Anual y la letra muerta de la Ley, para hacernos creer que el 8 por ciento de 700 millones son 114 millones.
Su argumento es sencillo, pues parte de considerar el total de las regalías departamentales, incluyendo las del Chaco, que obviamente es parte del departamento pero cuyos recursos están blindados, para calcular su 8 por ciento y, posteriormente, alegar que la Ley 206 habla del total de las regalías.
Es de sobra conocida la polémica sobre la Ley 3038 y su disposición de entregar de forma directa el 45 por ciento de la renta petrolera al Chaco; también todo el argumento en el que se basa la Autonomía Regional y que rechaza cualquier manejo económico de los recursos chaqueños desde el nivel central, etc., etc.
La Ley 206, más conocida como ley del 8%, básicamente pedía privilegios para ocho municipios, concretamente los no chaqueños. El asunto ya podría ser parte del análisis constitucional respecto a la igualdad de unos sobre otros, pero más allá de su redacción correcta o interesada, una aplicación ventajista acabará por resucitar una confrontación innecesaria.
Tal vez les interese a los alcaldes en este momento quedar retratados como los más listos o los más vivos. Pero la gente recuerda también que los alcaldes fueron parte central en el dispendio de Lino Condori, ese que está costando un ajuste de cinturón con pocos precedentes y que ha dejado tres años de crecimiento negativo en el departamento. Pretender, además, que la autonomía departamental les siga financiando sus aventuras destinando montos para nuevas licitaciones además de acabar de pagar la fiesta es desproporcionado.
En cualquier caso, el MAS tiene mayoría en la Asamblea y serán sus asambleístas quienes deban obrar con criterio, apostar por un desarrollo departamental armónico o seguir dando cabida a la descuartización del presupuesto en microproyectos de alcance casi barrial. La pelea pública tiene poco recorrido: los votantes ya no se dejan engatusar con juegos de trilero.
