La certificación de reservas, el mercado y los espejitos
El Gobierno podría decir que el instrumento de la Certificación de Reservas de Hidrocarburos es un instrumento de la oligarquía neoliberal que perpetúa el sometimiento del Estado a los intereses de la globalización, y que por tanto iba a dejar de hacerlos anualmente como exige la Ley. En...
El Gobierno podría decir que el instrumento de la Certificación de Reservas de Hidrocarburos es un instrumento de la oligarquía neoliberal que perpetúa el sometimiento del Estado a los intereses de la globalización, y que por tanto iba a dejar de hacerlos anualmente como exige la Ley.
En la práctica, la certificación de reservas a cargo de una consultora “independiente”, si es que tal concepto se puede aplicar en el negocio legal que más dinero mueve en el mundo, es un instrumento efectivamente al servicio del mercado que, básicamente, se utiliza para especular en el mercado de valores. No hace falta recordar que en los libros de texto de hace cincuenta años ya leíamos que el petróleo era un bien finito, que se iba a agotar en cualquier momento, y en base a ese axioma es que se ha organizado todo el mercado.
La certificación independiente se hace particularmente obligatoria para el Estado “soberano”, fundamentalmente porque doce años después del decreto de la nacionalización, YPFB sigue sin poder ejercer su soberanía sobre los hidrocarburos del país, lo que hace que el Ministro de Hidrocarburos se convierte en una especie de ejecutivo de ventas – vendedor de espejitos, tratando de convencer a alguna empresa a que venga a explorar los recursos de Bolivia.
Si YPFB fuera soberana e institucionalizada, se podría prescindir de esa “certificación independiente”, que al final la hace una empresa privada con las mismas necesidades de contratos y fama como cualquier otra; y encarar el futuro con los informes de nuestros propios expertos, que al final serían quienes dijeran cuanto gas hay y cuanto se puede recuperar.
Con las cifras dadas por los expertos, se podría planificar el sector de forma ordenada. Atendiendo a las prioridades, de verdad. Por ejemplo, si la prioridad es la industrialización, sería necesario determinar la reserva estratégica para que los proyectos puedan funcionar autónomamente y a la vez, calcular el gas que se puede seguir exportando y a que precios para financiar esos proyectos.
Con cifras sinceras y reales, entendiendo las decisiones de Brasil y Argentina, que quieren ser autosuficientes, el Gobierno debería haber planificado llegar al mercado del GNL a través de barcos metaneros en condiciones de soberanía; no como aquel proyecto que Sánchez de Lozada y los suyos alentaron en 2003 con el evidente desenlace ya conocido por todos.
Sin embargo, nada de esto pasa. El Ministerio se vio obligado a contratar una certificación que no quería hacer porque el Vicepresidente alardeó ante los medios que eso ya estaba en marcha; el mismo Ministerio se ve obligado a convertirse en subastador precoz, casi mendigar, que alguien venga a Bolivia a buscar algo para que los informes puedan mostrar, al menos, una intención de exploración; el contrato con Brasil se acaba sin que nadie haya negociado una alternativa, y la alternativa, que era la planta petroquímica para sustituir ingresos desde 2019 está retrasada hasta 2024, como pronto.
No parece tener mucho sentido el manejo del sector, expuesto a los vaivenes del mercado neoliberal sobre el precio del petróleo y la cotización de las empresas en función de sus proyectos futuros. YPFB y el Ministerio están en ese baile. Todo lo demás, es silencio.
En la práctica, la certificación de reservas a cargo de una consultora “independiente”, si es que tal concepto se puede aplicar en el negocio legal que más dinero mueve en el mundo, es un instrumento efectivamente al servicio del mercado que, básicamente, se utiliza para especular en el mercado de valores. No hace falta recordar que en los libros de texto de hace cincuenta años ya leíamos que el petróleo era un bien finito, que se iba a agotar en cualquier momento, y en base a ese axioma es que se ha organizado todo el mercado.
La certificación independiente se hace particularmente obligatoria para el Estado “soberano”, fundamentalmente porque doce años después del decreto de la nacionalización, YPFB sigue sin poder ejercer su soberanía sobre los hidrocarburos del país, lo que hace que el Ministro de Hidrocarburos se convierte en una especie de ejecutivo de ventas – vendedor de espejitos, tratando de convencer a alguna empresa a que venga a explorar los recursos de Bolivia.
Si YPFB fuera soberana e institucionalizada, se podría prescindir de esa “certificación independiente”, que al final la hace una empresa privada con las mismas necesidades de contratos y fama como cualquier otra; y encarar el futuro con los informes de nuestros propios expertos, que al final serían quienes dijeran cuanto gas hay y cuanto se puede recuperar.
Con las cifras dadas por los expertos, se podría planificar el sector de forma ordenada. Atendiendo a las prioridades, de verdad. Por ejemplo, si la prioridad es la industrialización, sería necesario determinar la reserva estratégica para que los proyectos puedan funcionar autónomamente y a la vez, calcular el gas que se puede seguir exportando y a que precios para financiar esos proyectos.
Con cifras sinceras y reales, entendiendo las decisiones de Brasil y Argentina, que quieren ser autosuficientes, el Gobierno debería haber planificado llegar al mercado del GNL a través de barcos metaneros en condiciones de soberanía; no como aquel proyecto que Sánchez de Lozada y los suyos alentaron en 2003 con el evidente desenlace ya conocido por todos.
Sin embargo, nada de esto pasa. El Ministerio se vio obligado a contratar una certificación que no quería hacer porque el Vicepresidente alardeó ante los medios que eso ya estaba en marcha; el mismo Ministerio se ve obligado a convertirse en subastador precoz, casi mendigar, que alguien venga a Bolivia a buscar algo para que los informes puedan mostrar, al menos, una intención de exploración; el contrato con Brasil se acaba sin que nadie haya negociado una alternativa, y la alternativa, que era la planta petroquímica para sustituir ingresos desde 2019 está retrasada hasta 2024, como pronto.
No parece tener mucho sentido el manejo del sector, expuesto a los vaivenes del mercado neoliberal sobre el precio del petróleo y la cotización de las empresas en función de sus proyectos futuros. YPFB y el Ministerio están en ese baile. Todo lo demás, es silencio.
