Lo conceptual y lo político de saltarse al TCP para elegir subgobernadores
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión definitiva del Estatuto Autonómico de Tarija, eliminó la elección directa de los subgobernadores al considerar que no se les podía conceder ninguna cualidad gubernativa al no encontrarse está contemplada en la Constitución Política...
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión definitiva del Estatuto Autonómico de Tarija, eliminó la elección directa de los subgobernadores al considerar que no se les podía conceder ninguna cualidad gubernativa al no encontrarse está contemplada en la Constitución Política del Estado.
La figura del Subgobernador, o ejecutivo seccional, electo se incluyó en el Estatuto tarijeño en aquellas jornadas maratónicas del Consejo Departamental. El diario de sesiones dice que el primero en hablar de esto fue el aún subgobernador de O´Connor, Walter Ferrufino. Quienes participaron cuentan también como la proposición de dotar de una mayor jerarquía política a los subgobernadores designados fue una jugada oportunista en un momento en el que a nombre de la autonomía se camuflaban desde las aspiraciones separatistas hasta las más burdas intenciones de boicot pasando por la normalización de repartos imposibles de curules en la Asamblea Departamental.
La aprobación e inclusión de la figura en el texto tenía mucho que ver con la voluntad de duplicar las estructuras en los municipios, esencialmente para restar poder a los alcaldes que seguían funcionando como poderosos caciques en el territorio. El propio reparto de competencias posterior y la práctica posterior han evidenciado que ese era la principal razón de ser. El cálculo, claro, era que a pesar del poder territorial del MAS, que ya se evidenciaba en los años 2006 – 2008, podría ser contrarrestado con un liderazgo fuerte del Gobernador de turno y su aliado administrando desde cerca. Extraña diez años después la concepción personalista y en ocasiones cuasi mesiánica con la que se impulsó el proyecto autonómico, características que años después han evidenciado sus falencias.
En la práctica, los subgobernadores, por muy electos que fueran, iban a quedar a merced de la voluntad del ejecutivo departamental de quien obtendría todos los recursos, de tal manera, no se perdía poder político y se lograba penetrar en el territorio. La guardia pretoriana del entonces Prefecto, Mario Cossío, no tenía dudas que seguiría gobernando y tendría la capacidad de someter a los once “representantes”.
Sin embargo, lo que se vino fue una gestión interina y terriblemente débil de Lino Condori, sin capacidad de gestionar unos presupuestos crecientes, que resolvió cuarteando los recursos, repartiéndolo en todos los municipios sin saber decir que no. Los once “representantes” acabaron por someter al “poder central” y a cuenta de la descentralización y la importancia de las provincias se hizo un agujero mayúsculo en las cuentas departamentales que se están resolviendo vía deuda que, a poco que nos descuidemos, acabarán pagando nuestros nietos.
Es cierto que una cuestión es la concepción teórica de la autonomía y otra muy distinta su aplicación práctica, pero lo que no se debería tolerar es que el debate en la Asamblea Legislativa se plantee en términos de saltarse o no saltarse lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y que los argumentos sean si alguien hará o no hará algo o nada por la simple afinidad al partido de Gobierno actual de los potenciales beneficiarios. Las leyes son para respetarse y la Justicia, en base a la Constitución, es quien dictamina. Hacerse trampas tendrá consecuencias.
La figura del Subgobernador, o ejecutivo seccional, electo se incluyó en el Estatuto tarijeño en aquellas jornadas maratónicas del Consejo Departamental. El diario de sesiones dice que el primero en hablar de esto fue el aún subgobernador de O´Connor, Walter Ferrufino. Quienes participaron cuentan también como la proposición de dotar de una mayor jerarquía política a los subgobernadores designados fue una jugada oportunista en un momento en el que a nombre de la autonomía se camuflaban desde las aspiraciones separatistas hasta las más burdas intenciones de boicot pasando por la normalización de repartos imposibles de curules en la Asamblea Departamental.
La aprobación e inclusión de la figura en el texto tenía mucho que ver con la voluntad de duplicar las estructuras en los municipios, esencialmente para restar poder a los alcaldes que seguían funcionando como poderosos caciques en el territorio. El propio reparto de competencias posterior y la práctica posterior han evidenciado que ese era la principal razón de ser. El cálculo, claro, era que a pesar del poder territorial del MAS, que ya se evidenciaba en los años 2006 – 2008, podría ser contrarrestado con un liderazgo fuerte del Gobernador de turno y su aliado administrando desde cerca. Extraña diez años después la concepción personalista y en ocasiones cuasi mesiánica con la que se impulsó el proyecto autonómico, características que años después han evidenciado sus falencias.
En la práctica, los subgobernadores, por muy electos que fueran, iban a quedar a merced de la voluntad del ejecutivo departamental de quien obtendría todos los recursos, de tal manera, no se perdía poder político y se lograba penetrar en el territorio. La guardia pretoriana del entonces Prefecto, Mario Cossío, no tenía dudas que seguiría gobernando y tendría la capacidad de someter a los once “representantes”.
Sin embargo, lo que se vino fue una gestión interina y terriblemente débil de Lino Condori, sin capacidad de gestionar unos presupuestos crecientes, que resolvió cuarteando los recursos, repartiéndolo en todos los municipios sin saber decir que no. Los once “representantes” acabaron por someter al “poder central” y a cuenta de la descentralización y la importancia de las provincias se hizo un agujero mayúsculo en las cuentas departamentales que se están resolviendo vía deuda que, a poco que nos descuidemos, acabarán pagando nuestros nietos.
Es cierto que una cuestión es la concepción teórica de la autonomía y otra muy distinta su aplicación práctica, pero lo que no se debería tolerar es que el debate en la Asamblea Legislativa se plantee en términos de saltarse o no saltarse lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y que los argumentos sean si alguien hará o no hará algo o nada por la simple afinidad al partido de Gobierno actual de los potenciales beneficiarios. Las leyes son para respetarse y la Justicia, en base a la Constitución, es quien dictamina. Hacerse trampas tendrá consecuencias.
