La justicia que sigue faltando
Bolivia necesita mecanismos legítimos para procesar conflictos, resolver controversias y ofrecer certezas jurídicas en momentos de alta tensión
Bolivia atraviesa uno de esos momentos en los que las urgencias terminan ocultando los problemas estructurales. Las protestas, los bloqueos, la escasez y la creciente tensión política concentran la atención pública mientras el país discute cómo salir de una crisis que se profundiza día a día. Sin embargo, entre todas las tareas pendientes, hay una que no puede seguir postergándose: completar las elecciones judiciales inconclusas desde 2024.
La situación es particularmente delicada porque no se trata simplemente de llenar cargos vacantes. La elección parcial realizada en diciembre de aquel año dejó sin representación a varios departamentos y, sobre todo, dejó al Tribunal Constitucional en una situación de debilidad institucional que hoy se siente con especial intensidad. Justamente cuando Bolivia enfrenta conflictos de alta complejidad jurídica, demandas de distintos sectores sociales y un creciente debate sobre posibles reformas estructurales, la máxima instancia constitucional carece de la fortaleza necesaria para ejercer plenamente su papel.
Completar las elecciones judiciales no resolverá la crisis política ni acabará con los bloqueos, pero sí contribuirá a fortalecer una institucionalidad que hoy resulta indispensable
Es evidente que la justicia boliviana arrastra problemas mucho más profundos que una elección pendiente. La falta de independencia, la excesiva politización y la escasa confianza ciudadana no desaparecerán simplemente convocando a las urnas. Sin embargo, ninguna reforma seria puede construirse sobre instituciones incompletas o debilitadas. La normalización institucional es un requisito previo para cualquier transformación de fondo.
La propia crisis actual lo demuestra. Bolivia necesita mecanismos legítimos para procesar conflictos, resolver controversias y ofrecer certezas jurídicas en momentos de alta tensión. Cuando esos mecanismos son percibidos como insuficientes o directamente inexistentes, la disputa política termina trasladándose a las calles, donde suelen imponerse la presión, la fuerza o la capacidad de movilización de cada sector.
Por eso resulta positivo que desde los tribunales electorales se haya ratificado la viabilidad técnica de organizar las elecciones en un plazo relativamente corto. Tres meses no parecen un horizonte inalcanzable para un proceso que lleva más de un año pendiente. Lo que falta ahora es voluntad política para destrabar el trámite legislativo y permitir que el Órgano Electoral cumpla su trabajo.
No se trata únicamente de elegir magistrados. Se trata de reconstruir capacidades estatales en un momento en que el país las necesita con urgencia. Las discusiones sobre el modelo económico, la distribución de competencias, las autonomías, las reformas institucionales o incluso una eventual reforma constitucional requerirán inevitablemente de un sistema judicial plenamente constituido y funcional.
La Asamblea Legislativa tiene ante sí una oportunidad para demostrar que todavía es capaz de construir consensos mínimos en beneficio del país. Completar las elecciones judiciales no resolverá la crisis política ni acabará con los bloqueos. Pero sí contribuirá a fortalecer una institucionalidad que hoy resulta indispensable para encarar cualquier salida duradera.
Bolivia necesita diálogo, acuerdos y decisiones. Pero también necesita tribunales legítimos y plenamente conformados. La democracia no solo se sostiene en las urnas que eligen gobiernos; también depende de las instituciones encargadas de garantizar las reglas del juego para todos. Y esas instituciones siguen incompletas.
