“Flojeritis”, burocracia y el palo en la rueda
De tanto en tanto, el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, reaparece frente a los medios de comunicación para dar comentarios, predicciones, sugerencias o explicaciones que, al parecer, sus predecesores en el Ministerio, requieren. En su última aparición, esta semana, Arce Catacora...
De tanto en tanto, el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, reaparece frente a los medios de comunicación para dar comentarios, predicciones, sugerencias o explicaciones que, al parecer, sus predecesores en el Ministerio, requieren.
En su última aparición, esta semana, Arce Catacora afirmó que la “muy baja” ejecución en la inversión pública repercutió en el crecimiento económico de la gestión 2017, y que ello se debió a que en las instituciones públicas “hubo una flojeritis” para invertir.
Lo que la exautoridad no menciona, sin embargo, es un factor fundamental que viene estrangulando la inversión pública en diferentes niveles del Estado desde hace ya casi ocho años.
Nos referimos a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que pese al discurso de lucha contra la corrupción con la que se la aprobó, en los hechos su efecto ha sido el contrario, pues por un lado terminó promoviéndola, al proliferar la conformación de verdaderos consorcios de abogados, fiscales, jueces y ciudadanos dedicados la extorsión y la corrupción.
Por otro lado, como contracara, la misma ley ha causado que gran cantidad de funcionarios públicos temerosos, poco instruidos, y por miedo a caer en las redes de extorsionadores, no den curso a los trámites requeridos para una más ágil gestión pública en casi todos los ámbitos.
En las oficinas estatales, gobernaciones, municipios, los burócratas se esmeran en llenar interminables requisitos para atender solicitudes, todo con el fin de cuidar sus espaldas, pero siempre a costa del bolsillo y el tiempo de la ciudadanía.
Durante los sucesivos años de aplicación de esta ley, ha quedado en evidencia que esta práctica burocrática, que llega incluso a las máximas cabezas ejecutivas, sólo retrasa las inversiones públicas: se resuelven contratos de obra, se ejecutan garantías de empresas, los plazos de ejecución de obras se dilatan interminablemente, se destruye el aparato productivo, etc.
Consiguientemente, quedan abultados saldos de dineros públicos sin ejecutar (en caja y bancos), mientras la población requiere calles, agua, energía, gas, colegios, hospitales, medicamentos. Y, como menciona el exministro Arce Catacora, ello podría estar incluso afectando las cifras del crecimiento económico.
En los hechos, la exautoridad se queja por los efectos de una política gubernamental mal enfocada (la Ley Quiroga Santa Cruz), pero echando la culpa siempre a los gobiernos subnacionales y a los funcionarios de menor jerarquía institucional, y omitiendo el hecho de que en realidad el gobierno ha metido el palo en su propia rueda.
El círculo del autosabotaje continúa con las sucesivas leyes financiales –leyes del Presupuesto General del Estado que se promulgan cada año-, las que ininterrumpidamente autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a utilizar estos saldos no ejecutados para realizar inversiones (léase préstamos) a tasas de interés del 1% anual promedio.
Y el círculo se completa con el creciente nivel de endeudamiento público, vía préstamos bilaterales (por ejemplo con China con condiciones poco claras) y bonos soberanos (a los que pagamos más del 4,5% de interés anual), destinado supuestamente a aumentar la inversión pública, que a su vez, queda trabada por la burocracia y el temor a los efectos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Un círculo vicioso, una institucionalidad y burocracia diseñada para meterse el palo en la rueda cada año. Y todo esto sin siquiera mencionar las normas de contratación estatal que favorecen a las empresas extranjeras y restringen a las bolivianas, al sabotaje a la industria privada, entre otros curiosos devenires de las políticas estatales.
Atribuirle a la “flojeritis” la baja ejecución, del bajo crecimiento económico parece, en el mejor de los casos, un análisis extremadamente simplista para alguien al que se le ha considerado como un “superministro” por tantos años.
En su última aparición, esta semana, Arce Catacora afirmó que la “muy baja” ejecución en la inversión pública repercutió en el crecimiento económico de la gestión 2017, y que ello se debió a que en las instituciones públicas “hubo una flojeritis” para invertir.
Lo que la exautoridad no menciona, sin embargo, es un factor fundamental que viene estrangulando la inversión pública en diferentes niveles del Estado desde hace ya casi ocho años.
Nos referimos a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que pese al discurso de lucha contra la corrupción con la que se la aprobó, en los hechos su efecto ha sido el contrario, pues por un lado terminó promoviéndola, al proliferar la conformación de verdaderos consorcios de abogados, fiscales, jueces y ciudadanos dedicados la extorsión y la corrupción.
Por otro lado, como contracara, la misma ley ha causado que gran cantidad de funcionarios públicos temerosos, poco instruidos, y por miedo a caer en las redes de extorsionadores, no den curso a los trámites requeridos para una más ágil gestión pública en casi todos los ámbitos.
En las oficinas estatales, gobernaciones, municipios, los burócratas se esmeran en llenar interminables requisitos para atender solicitudes, todo con el fin de cuidar sus espaldas, pero siempre a costa del bolsillo y el tiempo de la ciudadanía.
Durante los sucesivos años de aplicación de esta ley, ha quedado en evidencia que esta práctica burocrática, que llega incluso a las máximas cabezas ejecutivas, sólo retrasa las inversiones públicas: se resuelven contratos de obra, se ejecutan garantías de empresas, los plazos de ejecución de obras se dilatan interminablemente, se destruye el aparato productivo, etc.
Consiguientemente, quedan abultados saldos de dineros públicos sin ejecutar (en caja y bancos), mientras la población requiere calles, agua, energía, gas, colegios, hospitales, medicamentos. Y, como menciona el exministro Arce Catacora, ello podría estar incluso afectando las cifras del crecimiento económico.
En los hechos, la exautoridad se queja por los efectos de una política gubernamental mal enfocada (la Ley Quiroga Santa Cruz), pero echando la culpa siempre a los gobiernos subnacionales y a los funcionarios de menor jerarquía institucional, y omitiendo el hecho de que en realidad el gobierno ha metido el palo en su propia rueda.
El círculo del autosabotaje continúa con las sucesivas leyes financiales –leyes del Presupuesto General del Estado que se promulgan cada año-, las que ininterrumpidamente autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a utilizar estos saldos no ejecutados para realizar inversiones (léase préstamos) a tasas de interés del 1% anual promedio.
Y el círculo se completa con el creciente nivel de endeudamiento público, vía préstamos bilaterales (por ejemplo con China con condiciones poco claras) y bonos soberanos (a los que pagamos más del 4,5% de interés anual), destinado supuestamente a aumentar la inversión pública, que a su vez, queda trabada por la burocracia y el temor a los efectos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Un círculo vicioso, una institucionalidad y burocracia diseñada para meterse el palo en la rueda cada año. Y todo esto sin siquiera mencionar las normas de contratación estatal que favorecen a las empresas extranjeras y restringen a las bolivianas, al sabotaje a la industria privada, entre otros curiosos devenires de las políticas estatales.
Atribuirle a la “flojeritis” la baja ejecución, del bajo crecimiento económico parece, en el mejor de los casos, un análisis extremadamente simplista para alguien al que se le ha considerado como un “superministro” por tantos años.
