RATIFICACIÓN NECESARIA:  ASFI niega “corralito” y El País ratifica

El lunes 29 de septiembre, las oficinas de El País recibieron una carta oficial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), fechada el 25 de septiembre con número ASFI/JCI/R-220524/2025, en respuesta a la nota publicada el 23 de septiembre titulada “ASFI informa que bancos disponen de $US 159 millones, pero persiste el ‘corralito’”.

En el documento, que puede leerse aquí, la ASFI señala “de manera clara, categórica y enfática” que su Directora General Ejecutiva, Ivette Espinoza Vásquez, nunca mencionó ni utilizó el término “corralito”, y aclara que la Autoridad no ha dispuesto medidas que restrinjan el acceso de los ciudadanos a sus ahorros en dólares estadounidenses.

Según la institución, los bancos están aplicando mecanismos de programación para devolver ahorros ante una sobredemanda coyuntural, y entre enero de 2023 y agosto de 2025 las entidades financieras han devuelto depósitos en dólares por USD 1.773 millones, lo que explicaría la disminución de tenencias de esa moneda.

La carta defiende la solidez del sistema financiero nacional con cifras que incluyen un índice de mora de 3,2%, previsión de incobrabilidad de cartera de 137% y liquidez de 66%, que según ASFI garantiza “recursos suficientes tanto para responder a los retiros de los ahorristas como para atender la demanda de créditos”.

La institución justifica además la capitalización de utilidades bancarias para el fortalecimiento patrimonial, destacando que los bancos múltiples y PYME destinan el 6% de esas utilidades —que crecieron un 99%— a cumplir la función social de los servicios financieros dirigidos a sectores vulnerables.

La Autoridad Supervisora califica el titular y contenido de la nota como inductores de “interpretaciones erróneas que no responden a la realidad, con afirmaciones carentes de fundamento”, y argumenta que es incorrecto calificar de “corralito” cualquier coyuntura temporal que no cumpla con las características que lo definen.

¿Qué es un “corralito”?

El concepto es antiguo, aunque su popularización tuvo lugar en Argentina, donde se acuñó para denominar el conjunto de medidas políticas restrictivas que buscaban evitar la salida en masa de depósitos bancarios, específicamente la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro impuesta por el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.

Un decreto estableció prohibiciones tanto para entidades financieras como para el público: las primeras no podían realizar operaciones activas denominadas en pesos, intervenir en mercados de futuros u opciones de monedas extranjeras, ni arbitrar con activos a plazo en pesos, además de estar obligadas a convertir operaciones a dólares estadounidenses según la Ley de Convertibilidad.

Para el público, la medida limitó los retiros en efectivo a 250 pesos o dólares por semana por titular en cada entidad financiera, y restringió las transferencias al exterior, excepto las correspondientes a operaciones de comercio exterior, pagos con tarjetas en el exterior, o cancelación de operaciones financieras autorizadas por el banco central. La medida, que se prolongó durante casi un año y llevó a la renuncia del presidente De la Rúa, se implementó en un contexto donde la población no contaba con los recursos digitales actuales.

El corralito boliviano

La crisis de liquidez en Bolivia comenzó a manifestarse con claridad en marzo de 2023, cuando largas filas se formaron en el Banco Central ante el anuncio de venta de dólares, y el mercado paralelo alcanzó cotizaciones de 7.50 bolivianos. Para mayo de ese año, la periodista Verónica Ormachea advertía en El Debate que Bolivia ingresaba en un corralito con las mismas señales que Argentina en 2001: colas para comprar divisas, bancos sin dólares y cajas de ahorro que devolvían los depósitos “a cuentagotas o en bolivianos”.

El presidente Luis Arce admitió en mayo de 2024 dificultades con el dólar pero negó la existencia de una crisis, atribuyendo el problema al descuido de la nacionalización de hidrocarburos, la falta de exploración y el bloqueo legislativo de 12 créditos destinados a obras y proyectos. Como señaló la periodista María Silvia Trigo en Infobae, el milagro económico boliviano comenzó a resquebrajarse desde 2023, cuando las reservas internacionales cayeron de USD 5,489 millones en 2014 a apenas USD 1,700 millones en 2024.

A finales de 2024, el término “corralito” dejó de ser una advertencia para convertirse en realidad cotidiana. En diciembre, analistas consultados por Bolivia Verifica calificaron como “casi un corralito” la práctica bancaria de devolver ahorros únicamente en bolivianos, aunque la ASFI negó haber instruido esta medida y afirmó que se devolvieron USD 1,028 millones desde 2022.

Para marzo de 2025, empresarios como Amelia Solorzano denunciaron públicamente un corralito de facto que les impedía acceder a sus dólares, con un mercado negro donde las divisas se cotizaban al doble del tipo de cambio oficial. El economista tarijeño Fernando Romero fue contundente al afirmar que la circular de la ASFI de marzo de 2025 era “un reconocimiento de que no hay dólares” y que existía “un corralito no declarado”.

La columnista Cecilia Chacón señaló en junio de 2025 la paradoja de un sistema que permitía pagos en dólares para Netflix, Spotify y plataformas de streaming mientras el sector importador y el transporte enfrentaban restricciones severas, preguntándose si estos servicios constituían verdaderas prioridades nacionales en medio de la escasez de medicamentos y el agotamiento de las reservas internacionales.

BCB y el encaje legal

El encaje legal, el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizado en el Banco Central como garantía de solvencia, experimentó modificaciones significativas durante el periodo de crisis. Mediante la Resolución de Directorio Nº 036/2023 del 31 de marzo de 2023, el BCB elevó el encaje legal para obligaciones en moneda extranjera de corto plazo del 28% al 35%, mientras que para obligaciones de largo plazo lo incrementó del 14% al 17,5%.

Posteriormente, con la Resolución Nº 153/2023 del 27 de octubre del mismo año, estas tasas volvieron a aumentar: el encaje para obligaciones de corto plazo en moneda extranjera pasó del 35% al 42%, y el de largo plazo del 17,5% al 21%. Estas medidas, que teóricamente buscan controlar la liquidez y estabilizar el sistema, tienen un efecto paradójico: al exigir a los bancos que inmovilicen una mayor proporción de los depósitos en dólares, reducen efectivamente la cantidad de divisas disponibles para ser devueltas a los ahorristas, agravando las restricciones de acceso al efectivo que caracterizan precisamente a un corralito.

La ASFI, mediante Circular ASFI/DSV/N-880/2025 del 12 de marzo de 2025, instruyó además que las entidades financieras cobraran comisiones por retiros en moneda extranjera realizados en el exterior con tarjetas de débito, agregando un costo adicional para quienes intentan acceder a sus propios fondos fuera del país.

El País ratifica la nota

Mientras la ASFI dice que el término “corralito” no fue usado correctamente, El País aclara que dicho concepto no fue adjudicado como declaración de la funcionaria Ivette Espinoza, sino que ha sido usado para explicar hechos que, como se expuso, impiden a los usuarios de la banca retirar y usar libremente sus ahorros en dólares estadounidenses.

En un sondeo, varios ciudadanos consultados por El País relatan cómo los bancos desarrollaron progresivas estrategias para desalentar los retiros de dólares, como las esperas de más de 20 minutos porque los cajeros debían “consultar a la central” sobre la factibilidad de la operación, la discriminación por denominación de billetes (de 20 en lugar de 100, que valen menos para los librecambistas), apertura de cuentas nuevas en dólares únicamente con depósitos “estratosféricos”, y retención obligatoria de ahorros por tres meses, entre otras.

Mientras el gobierno mantiene el cambio oficial en 6.96 bolivianos por dólar, en el mercado paralelo el dólar ha fluctuado entre 12 y 20 bolivianos, lo que analistas y ciudadanos por igual consideran que es “el termómetro real de la crisis”.

A diferencia de la experiencia argentina, en Bolivia la negativa oficial a reconocer el corralito no solo erosionó la confianza ciudadana en la banca, sino que aceleró la migración hacia alternativas digitales. El 25 de junio de 2024, el BCB lanzó la Resolución 082/2024 permitiendo transferencias en criptomonedas, revirtiendo la prohibición de 2014.

Desde entonces, en Bolivia operan “neobancos” como Meru, Koban y Yape, detrás de los cuales florecen start-ups como PESO, Mobi y PasanaQ, Presto (asociada a la banca), entre otras. De acuerdo a los analistas, el sistema financiero tradicional ha perdido a una generación completa que descubrió que “su celular es más confiable que su banco”.

Por lo tanto, El País no acepta que se hayan tergiversado las declaraciones de Ivette Espinoza. La opinión de este medio no afecta la credibilidad y estabilidad del sistema financiero, como si lo haría la rotunda negación de la realidad que sufren los usuarios de la banca boliviana.